Los agujeros de la crisis en las cuentas públicas / y 3

Zapatero y los constructores cancelan una reunión por el revuelo informativo

Los empresarios pensaban plantear al Gobierno los perjuicios de recortar la inversión en obra pública y medidas para aliviar la morosidad municipal

Ya estaba todo preparado. Mañana a las 11.30 visitarían el palacio de la Moncloa los empresarios que dirigen las grandes constructoras del país. Se trataba de una reunión convocada hace semanas por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a través del ministro de Fomento, José Blanco. El sector trasladaría allí su malestar por el recorte en obra pública.

Pero a media mañana de ayer, apenas 48 horas antes del encuentro, se desconvocó. La suspensión sine die cogió con el paso cambiado a alguna empresa, inmersa en los preparativos de un documento con las peticiones que presentaría. "A estas alturas, nadie nos ha avisado oficialmente de que el miércoles no tenemos que ir a Moncloa", aseguran en este grupo.

El sector no quería dar la imagen de ir a La Moncloa como "pedigüeños"
El presidente dijo hace días que iba a dar buenas noticias a los constructores

Fuentes gubernamentales explican que la iniciativa de suspenderlo partió de las propias constructoras, incómodas ante la expectación generada. Al menos dos empresarios trasladaron a La Moncloa la conveniencia de celebrar la reunión en otro momento, pues el debate suscitado en los últimos días acerca de las infraestructuras y la posibilidad de dar marcha atrás en algunos de los recortes anunciados añadía presión a los asistentes, que temían aparecer "como pedigüeños".

El encuentro, concebido de forma discreta, adquirió notoriedad al divulgarse ayer. Notoriedad que disgustó a algunos de los empresarios convocados, aseguran las mismas fuentes. "Lo que tiene que saber el presidente de las constructoras ya lo sabe. Dada la expectación generada por un encuentro informal que no supone nada especial, se ha pensado que lo mejor sería dejarlo para otra ocasión", añaden fuentes del sector.

Lejos de tomarlo como un desplante a una reunión convocada por el propio Zapatero, el Ejecutivo pareció aliviado de retirar los focos de un encuentro que con toda seguridad iba a centrarse en el indulto a los recortes de la inversión anunciados hace unos días por Zapatero y la asfixia económica que viven las constructoras por las cantidades que les deben los Ayuntamientos.

A la cita estaban convocados los presidentes de ACS (Florentino Pérez), Acciona (José Manuel Entrecanales), Ferrovial (Rafael del Pino), FCC (Baldomero Falcones), Sacyr Vallehermoso (Luis del Rivero) y OHL (Juan Miguel Villar Mir). Este último es el único del que no estaba clara su asistencia.

Los ejecutivos iban dispuestos a hablar no solo del clima económico general, sino de su creciente malestar a raíz del anuncio de reducir en 6.400 millones el gasto en obra pública para este año y el próximo. En las últimas semanas, los empresarios y las asociaciones que los representan han emprendido una campaña en la que destacan el importante efecto que el tijeretazo tendrá en el empleo. Calculan que cada millón de euros que se deja de invertir en infraestructuras supone la destrucción de 18 puestos de trabajo. Además, se esfuerzan por difundir que la alta tasa de retorno de las obras hace que el ahorro que consiguen las Administraciones Públicas al suspenderlas resulte mínimo. Para evitar una oleada de quiebras, piden un plan de reestructuración que incluya ayudas fiscales y del ICO. En la cita con el presidente pensaban plantear fórmulas financieras que flexibilizaran la suspensión de inversiones, y que Fomento analizara individualmente cada proyecto que fuera a paralizar para estudiar el impacto que provocaría la decisión.

La presión ejercida en las últimas semanas ha logrado que Zapatero se interese personalmente por sus peticiones. Esa atención le llevó a anunciar la semana pasada, tras visitar al Rey en Palma de Mallorca, que el Gobierno daría "en 10 o 15 días un cierto alivio a las comunidades autónomas y un empujón importante a las grandes constructoras". Días más tarde, Blanco especificó que las obras indultadas tendrían un importe aproximado de 500 millones de euros. Además, el ministro admitió que el recorte de 6.400 millones es "excesivo" y afecta a obras "singulares e importantes".

Pero los gigantes de la construcción no pensaban hablar solo del recorte de Fomento. También querían plantear un asunto que les preocupa cada vez más: la situación ruinosa de los Ayuntamientos. Las contratas de limpieza, recogida de basura y otros servicios medioambientales reclaman a los municipios una deuda de 3.425 millones. Por eso están tan interesadas en sondear al Gobierno sobre posibles fórmulas con las que los alcaldes -con unos números rojos de casi 30.000 millones- puedan endeudarse más y pagarles. Los municipios piden que el Gobierno elimine la prohibición de incurrir en nuevo endeudamiento a lo largo de 2011 y que cumpla la obligación legal de poner en marcha una línea del ICO destinada a los Ayuntamientos.

La escenografía recuerda a la reunión que el 6 de agosto tuvo uno de los protagonistas de ayer, el propio Zapatero, con el líder del socialismo madrileño, Tomás Gómez. Entonces, las escasas posibilidades de ponerse de acuerdo sobre la candidatura a la presidencia de Madrid hizo que Zapatero anulara la cita pocas horas antes de que se produjera. Finalmente, el encuentro se celebró un día más tarde.

Las peticiones de los constructores

- El sector propone que el Gobierno aumente la inversión en obra pública en los Presupuestos de 2011 a costa de reducir el gasto no productivo.

- Establecimiento de tasas o peajes vinculados con la prestación de servicios.

- Prioridad para el Plan Extraordinario de Infraestructuras (PEI) anunciado en abril, con un gasto de 17.000 millones.

- Aumento de los ingresos públicos por vías como la fiscalidad sobre los carburantes, tabaco, euroviñeta de tráfico, copago sanitario...

- Privatización de organismos que prestan servicios públicos, como AENA u otros, incluso en el marco autonómico (televisiones, empresas públicas...).

- Las constructoras también proponen vías que permitan endeudarse más a los ayuntamientos, para así poder saldar la deuda de casi 3.500 millones que los municipios tienen con las empresas que les suministran servicios medioambientales.

* Este artículo apareció en la edición impresa del 0017, 17 de agosto de 2010.

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