Querella contra una fundación afín a Unió por un fraude de cinco millones

La Fiscalía de Barcelona se querelló ayer por un presunto fraude de cinco millones de euros orquestado entre 2004 y 2009 a través de la Fundació Catalunya i Territori (FCT), de la que se dice que "estaba estrechamente vinculada a Unió Democràtica". En la querella se acusa a 15 personas de apropiación indebida, administración desleal y falsificación en documentos mercantiles, y se afirma que el partido de Duran Lleida debe responder como partícipe a título lucrativo.

Entre los querellados figura Josep Boqué, director general de Consumo de 1990 a 1996 en los gobiernos de Jordi Pujol, así como José María Núñez, gerente del partido democristiano cuando se produjeron los hechos y ex alcalde de Vilassar de Mar. Otro querellado es Josep Cornadó, apoderado de la constructora Copisa.

Hay 15 acusados; entre ellos, el ex gerente de UDC y un ex alto cargo

La fiscalía expone que entre 2004 y 2006, cuando Boqué, actuando como presidente de la fundación, y los que se considera "principales responsables de la trama", Joan Albert López y Miguel Ángel Cortés, desviaron 1.786.651 euros desde esa entidad, que se nutría con donaciones, al grupo empresarial IMS utilizando facturas falsas y préstamos no documentados.

En la querella se admite que no se ha podido probar el destino del dinero y que una vez que se ingresaban esas cantidades en las empresas del grupo IMS, se convertía en dinero en efectivo. Pese a ello, la fiscalía señala que "además de los vínculos ideológicos, la fundación mantenía relaciones negociales" con Unió, de manera que cinco locales propiedad de la FCT estaban alquilados al partido.

También se describe que tres sociedades vinculadas a IMS sirvieron para pagar a un proveedor de Unió, encargado de organizar congresos, un total de cinco facturas por importe de entre 21.750 y 23.926 euros. El responsable de esta empresa aseguró que actuó así siguiendo la recomendación del diputado de Unió en el Congreso Josep Sánchez Llibre.Los cinco locales de la fundación que sirvieron de sede a Unió estaban situados en el número 20 de la calle de Agoders de Tàrrega, en el 1 de la calle de Blondel de Lleida y en el 6 de la plaza de Jacint Verdaguer de Tarragona. La sede del partido está ahora justamente en el piso superior. Los locales fueron ocupados en 2002 y desde 2005 la fundación no solo no cobró ningún alquiler a Unió, sino que hizo frente a la hipoteca. Los locales se vendieron a Unió en 2009 a un precio muy barato, 478.000 euros, cuando el valor catastral suma 446.512 euros.

En la querella se explica también que a principios de 2008 Boqué y los responsables de IMS supieron que les estaba investigando la Agencia Tributaria por el desvío de los 1,78 millones. Por ello, redactaron un reconocimiento de deuda, de manera que Copisa abonó 1.183.472 euros. Esa constructora ha aparecido vinculada en numerosas ocasiones al desvío de dinero para financiar a CiU con la obra pública de los Gobiernos de Pujol. En este caso, el fiscal relata que "tan generosa suma" se entregó "sin que, en apariencia, la constructora recibiera contraprestación alguna".

Otra parte del fraude, continúa el fiscal, se cometió a partir del crédito de un millón de euros concedido a IMS en octubre de 2002 por el Instituto Catalán de Finanzas. El dinero nunca se destinó a la finalidad prevista y presentaron "una variedad de facturas falsas". De aquella cantida quedan por devolver 727.249 euros que, al final, se han includio en la relación de acreedores, porque finalmente lIMS presentó concurso en mayo de 2008.

Antes, las empresas del grupo emplearon diversas líneas de crédito con facturas falsas, "fingiendo una solvencia de la que se hallaban absolutamente desprovistos". Un total de 25 bancos acabaron perjudicados por la operación.

Unió emitió ayer un comunicado para explicar que la fundación no tiene ninguna vinculación orgánica con el partido y que "no ha habido ninguna financiación irregular".