El sistema de plazos mantiene desequilibrios entre comunidades

Silvia L. G. tuvo que recorrer más de 80 kilómetros para abortar. En su comunidad, Navarra, no se practican interrupciones voluntarias del embarazo. Ninguna clínica lo hace. Ni pública ni privada. Esta mujer de 24 años explica por teléfono que la decisión no fue fácil. "Y menos cuando todo son problemas, cuando, además, te tienes que ir a otra ciudad y moverte para saber qué debes hacer", dice. Pero Silvia cuenta que lo tenía muy difícil para tener el bebé que esperaba. "Estaba estudiando todavía, y con una beca... Además acababa de empezar con mi novio. Lo pensé durante unas semanas, pero no estaba preparada para ser madre", relata, abrumada.

Navarra financia los abortos a las mujeres de su comunidad. Pero, como en el caso de Silvia, los deriva a otras regiones. Una desigualdad con la que pretendía acabar la nueva ley del aborto, pero que, por ahora, se mantendrá. Y no es la única. Los desequilibrios a la hora de acceder a esta prestación en las diferentes comunidades, a falta de un periodo de ajuste, parece que persisten. Otro ejemplo: en Cataluña es la mujer quien debe adelantar de su bolsillo los más de 300 euros que cuesta la intervención (si escoge hacerlo de forma quirúrgica en lugar de farmacológica), frente al caso de Asturias, donde para someterse a la intervención de manera gratuita bastará con presentar la tarjeta sanitaria.

"La nueva ley no garantiza una igualdad en las comunidades autónomas, y nos tememos, además, que algunas, en el uso de sus competencias, hagan lo que quieran", opina Isabel Serrano, presidenta de la Federación de Planificación Familiar Estatal.

Y lo cierto es que, aunque Sanidad sostiene que la nueva ley contribuirá a que la prestación se desarrolle con mayor equidad, faltan algunos flecos. Cómo funcionará la aplicación de la ley en cada región es aún una incógnita. Las autonomías han trabajado a contrarreloj para tener preparados los materiales informativos que deben recibir las mujeres que pidan información del aborto. La mayoría de las comunidades ha apurado el plazo para crear el comité que analizará el caso de malformaciones.

La secretaria general de Políticas de Igualdad cree, sin embargo, que todo irá bien. "Confío en la responsabilidad de las comunidades, pero vamos a estar vigilantes para que cumplan con su responsabiliad, y no dejen desprotegida a ninguna mujer", dice.