Cataluña desafía al Constitucional

No todo está perdido. La sentencia es solo el comienzo de una nueva etapa de tira y afloja permanente entre el Gobierno y la Generalitat de Cataluña para repescar por la vía de la negociación política lo que el Tribunal Constitucional ha podado del Estatuto catalán. Este es el escenario que ayer se esforzó en dibujar el presidente de la Generalitat, José Montilla, después de que el alto tribunal anulara 14 artículos del Estatuto y reinterpretara otros 27 preceptos referentes a la lengua catalana, la justicia y la financiación de Cataluña. Montilla se mostró dispuesto a liderar el desafío catalán contra la sentencia del Estatuto. Anunció que piensa reunirse con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para "rehacer el pacto estatuario y reforzar el pacto constitucional", llamó a los ciudadanos a salir a la calle en defensa del Estatuto el 10 de julio y encauzó su tanda de reuniones con los líderes políticos catalanes para intentar una respuesta coordinada.

ERC propone la "transición hacia la independencia", e ICV, otra consulta

"La sentencia no ayuda a reforzar los lazos con España", dice Montilla

"El verdadero culpable de la situación es el PP", asegura Montilla

Los ex presidentes Pujol y Maragall se suman a la protesta del 10 de julio

Pero Montilla, y sobre todo el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), intentaron evitar ayer las proclamas de trazo grueso que alimenten su desencuentro con el Gobierno central y el PSOE. De hecho, en el PSC gana terreno la sensación de que el recorte del Constitucional podría haber sido peor y que la sentencia, si bien es inaceptable, no obligará a quemar las naves. Sin embargo, al hablar en nombre de un Ejecutivo que tiene a Esquerra Republicana como socio, Montilla no pudo evitar ciertas soflamas muy calculadas.

Así, y pese a reconocer que el fallo del Tribunal Constitucional no lamina ningún punto fundamental del Estatuto, el presidente de la Generalitat aseguró que la sentencia "no ayuda a reforzar los lazos de afecto y amistad entre Cataluña y España".

La obsesión ahora de Montilla es lograr un compromiso del Gobierno central para que determinados aspectos recortados por el alto tribunal, como la descentralización de la justicia, puedan llevarse a cabo en el futuro mediante una reforma de la Ley del Poder Judicial. De ahí la reunión que Montilla ha pedido a Zapatero, un encuentro que con toda probabilidad no se celebrará hasta pasado el 10 de julio. Para esta fecha está prevista la manifestación en defensa del Estatuto a la que Montilla asistirá, y que posiblemente se convertirá en una marcha independentista. Esto hace poco recomendable para los intereses socialistas un encuentro por aquellas fechas entre ambos presidentes.

Pero la negociación política tiene sus límites. Mientras que la descentralización del poder judicial es encauzable si existe voluntad política entre ambas partes, hay aspectos insalvables. El ejemplo más claro es la tachadura de inconstitucionalidad sobre el artículo 111 del Estatuto, que pretendía levantar una suerte de muro de contención para que el Gobierno central no pudiese legislar fácilmente sobre competencias compartidas de la Generalitat. Con ello, los redactores del Estatuto buscaban blindar el autogobierno.

Con todo, Montilla se ha comprometido a intentar una negociación punto a punto con el Gobierno central, siempre teniendo en cuenta que a la legislatura catalana le quedan los días contados. Los socios de Montilla en la Generalitat, Esquerra Republicana (ERC) e Iniciativa (ICV), mostraron su apoyo al presidente, aunque sus mensajes fueron más subidos de tono. ERC llamó a hacer una "transición hacia la independencia de Cataluña", mientras que los ecosocialistas pidieron repetir el referéndum del Estatuto para ver si los catalanes aceptan el recorte.

Montilla restó trascendencia a una y otra propuesta recordando que todos los partidos se encuentran ya en campaña electoral. La unidad de las fuerzas catalanas contra el Tribunal Constitucional comenzará a vislumbrarse mañana en una suerte de cumbre de líderes de los partidos que dieron su apoyo al Estatut. La misma fotografía, ampliada, se verá en la manifestación que convocarán el tripartito, CiU, sindicatos y entidades culturales el 10 de julio en el paseo de Gracia de Barcelona, escenario de las grandes marchas de condena del asesinato de Ernest Lluch a manos de ETA en 2000, o contra la guerra de Irak en 2003. La marcha, por ahora, está liderada por la entidad catalanista Omnium Cultural, pero a última hora de ayer ya se habían adherido las dos entidades municipalistas catalanas, el Parlamento autónomo y los ex presidentes Jordi Pujol y Pasqual Maragall.

El choque de trenes con el Gobierno central parece inevitable, pero José Montilla intentó ayer rebajar la tensión con Zapatero. Restó importancia al hecho de que, en opinión del Gobierno, la sentencia del Estatuto sea un simple acto de normalidad democrática. "La reacción del Gobierno de España responde a una lógica y la de la Generalitat y de su presidente a otra", dijo Montilla. Es "normal" por tanto que haya diferentes sensibilidades entre los Gobiernos, añadió, y aseguró que el verdadero culpable de toda la situación es el Partido Popular.

La agenda política prevista hacía semanas quiso que Montilla coincidiera en la tarde de ayer con el ministro de Fomento, José Blanco, en la inauguración de un tramo del Cuarto Cinturón de Barcelona. El vicesecretario general del PSOE reafirmó el compromiso del Ejecutivo con el Estatuto y el autogobierno de Cataluña y aseguró que seguirá cumpliendo con la disposición tercera del texto, que obliga a invertir en esta comunidad el equivalente a su aportación al producto interior bruto de España, esto es, el 18,8%. Nada dijo Blanco de desarrollar mediante pactos políticos lo que recortó el Constitucional del Estatuto.