El Estatuto ya tiene sentencia

El fallo del Estatuto cuestiona al menos una decena de leyes catalanas

Un grupo de juristas asesorará a la Generalitat para minimizar los cambios

Una decena de las 48 leyes aprobadas hasta ahora en Cataluña con el Estatuto como referencia pueden sufrir modificaciones debido al fallo del Tribunal Constitucional. A la espera de conocer la sentencia y la argumentación completa de los magistrados, la Generalitat ha encargado a un grupo de juristas que examine qué salidas puede tomar a partir de ahora. En el Gobierno catalán también existen dudas sobre si el fallo del Estatuto podría afectar a otros como los de la Comunidad Valenciana o Andalucía, con artículos calcados a los de la carta autonómica catalana. Algunas de las leyes que se deberán modificar son las siguientes.

- Ley de la Síndic de Greuges. El artículo 78.1 establece que el Síndic de Greuges -el defensor del pueblo en Cataluña- tiene competencias exclusivas para controlar la actividad de la Generalitat. El Tribunal Constitucional considera que el Defensor del Pueblo también puede analizar la Administración catalana.

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- Ley del Consejo de Garantías Estatutarias. El artículo 76.4 da al Consejo de Garantías Estatutarias una capacidad similar a la del Tribunal Constitucional: la de pronunciarse con carácter vinculante sobre las leyes del Parlamento autónomo que afecten al Estatuto. El Alto Tribunal le quita esa función, y el Consejo solo podrá emitir opiniones no vinculantes.

- Ley de la Corporación Catalana de Medios de Comunicación. La ley que regula TV3 especifica que la "lengua institucional para prestar el servicio público de comunicación audiovisual de la Corporación Catalana de los Medios Audiovisuales es el catalán". El reglamento marco establece el catalán como lengua de uso preferente, algo que el Alto Tribunal ha vetado en el Estatuto.

- Código del consumidor. El artículo 34 del Estatuto indica que todas las personas tienen derecho a ser atendidas oralmente y por escrito en la lengua oficial que elijan. El Tribunal Constitucional dice que no se permite la imposición de obligaciones individuales de uso de cualquiera de las lenguas oficiales. El código de consumo, que se prevé que hoy se apruebe en el Parlamento catalán, contempla además que las empresas que no tengan su publicidad, cartelería y documentación en catalán pueden ser multadas con hasta 10.000 euros, algo que ya contempla la Ley sobre política Lingüística de enero de 1998, que continúa vigente.

- Poder judicial. Seis de los 14 artículos del Estatuto que han sido declarados inconstitucionales se refieren a la organización de la justicia y en todos ellos se alude al Consejo de la Justicia de Cataluña, un organismo que no se ha constituido formalmente. Entre otras cosas, porque el Gobierno no ha mostrado interés en los últimos años en reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para que el Estado de las autonomías llegase a la justicia. En la práctica, por tanto, la sentencia tiene un efecto muy limitado en este capítulo y nada impide que en el futuro, si existe voluntad política, se pueda hacer introducir por la puerta trasera de esa ley orgánica lo que se ha vetado a través de la entrada principal del Estatuto.

* Este artículo apareció en la edición impresa del miércoles, 30 de junio de 2010.

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