EE UU da vía libre a una denuncia por abusos contra el Vaticano

Una de las peores pesadillas del Vaticano se puede hacer realidad. La decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de no aceptar a trámite el recurso de un abogado de la Santa Sede que solicitaba inmunidad diplomática para la jerarquía católica, acusada de encubrir a un cura pederasta en los años sesenta, permitirá que las causas civiles puedan continuar e incluso, eventualmente, llegar a convocar como testigo o acusado al Papa. Porque la no consideración del recurso sobre el caso en Oregón del ya fallecido cura Andrew Ronan abre la puerta a la consideración de la institución católica como responsable subsidiaria de las agresiones sexuales de sus miembros. El tribunal rechazó decidir sobre la petición sin comentario alguno, sin confirmar o rechazar expresamente que Roma disfrute de inmunidad diplomática.

Un canonista critica que un Estado con pena de muerte juzgue a otro

Con su decisión, el Supremo permite que siga su curso el juicio en Oregón, que la curia esperaba detener, con el apoyo de la Casa Blanca. De ese modo, y con ese mismo argumento, puede seguir otro juicio similar en el Estado de Kentucky, en el que el Vaticano también reclama inmunidad diplomática.

El juicio de Oregón lo inició en 2002 un hombre, bajo nombre falso, en contra de Ronan, quien supuestamente abusó de niños en Irlanda en los años cincuenta, fue trasladado a Chicago y, de allí, a Portland, en Oregón, donde acabó abusando del denunciante cuando este tenía 15 años. El cura falleció en 1992, pero los fiscales aseguran que el Vaticano sabía de los abusos y, aun así, le protegió.

El Vaticano, que comenzó a tener relaciones diplomáticas con EE UU en 1984, solicitó amparo en una ley de 1976 que da inmunidad a los Estados extranjeros.

En el caso de Kentucky, el abogado William McMurry defiende a tres ciudadanos que aseguran haber sufrido abusos y en el que se acusa a Benedicto XVI de haberlos conocido y ocultado cuando era prefecto para la Congregación de la Doctrina y de la Fe.

En este caso no se acusa a la curia o al papado, sino a Ratzinger directamente, por lo que el abogado defensor no considera que sea válido, tampoco, el argumento de la inmunidad diplomática. El Vaticano ha defendido, en aquel caso, que los integrantes de la Conferencia Episcopal norteamericana no son asalariados del Vaticano y que, por lo tanto, no se puede considerar a este responsable último de sus decisiones.

En el caso de Oregón, diversos juzgados federales han estimado que el Vaticano puede ser una excepción a las leyes de inmunidad diplomática. Un juez, en concreto, estimó que Ronan podía considerarse un asalariado del Vaticano y, por tanto, la curia podría ser responsable de sus acciones.

La primera reacción -no oficial- en el Vaticano es de estupor e indignación por lo que se considera un "golpe bajo al derecho internacional". El especialista en Derecho Canónico Filippo di Giacomo cree que la decisión del Supremo es, en primer lugar, contraria al Tratado de Viena. "Las relaciones bilaterales y diplomáticas entre EE UU y la Santa Sede existen, ambos países intercambian embajadas y nunciaturas. ¿Acaso rige el principio de que si el jefe de Estado extranjero viste sotana tiene menos derechos?".

"Si la responsabilidad moral de un Estado puede ser valorada por un tribunal en EE UU, revisemos entonces las cartas de Henry Kissinger a Augusto Pinochet alentando el golpe de Estado, o indaguemos la participación en el asesinato del jesuita Oscar Romero", añade Di Giacomo.

"¿Cuál es el principio jurídico de la decisión?", se pregunta. "No se dice; el único principio es que un país que tiene todavía vigente la pena de muerte y no respeta muchos derechos considerados fundamentales en Europa se permite dar lecciones de moralidad a otro Estado. En el fondo es como aplicar la doctrina del programa de rendiciones extraordinarias de la CIA. El Imperio contra la cultura europea de los derechos humanos".

El círculo de la curia se siente, en fin, "tratado como una multinacional del tabaco". "Los hebreos y los protestantes no tienen Papa, sería curioso saber a quién podrían acusar en ese caso", reflexiona Di Giacomo, para quien el proceso de Oregón conculca además el principio legal mors omnia solvit (la muerte deshace todo).

En su visita a EE UU en 2008 el Papa se reunió por vez primera con víctimas de la pederastia. Era la primera vez que el Vaticano pedía perdón, cara a cara, a los muchos católicos, niños y adolescentes que habían sufrido violaciones a manos de sacerdotes en Norteamérica. "Siento una profunda vergüenza", dijo entonces Benedicto XVI. Cuatro meses después de aquella visita, la archidiócesis de Chicago respondió con una oferta de indemnización: 12 millones de dólares (9,7 millones de euros) a 16 víctimas.

Los pagos de ese tipo no son una novedad. Han sido, más bien, una estrategia común para evitar ver a curas y obispos sentados en el banquillo. Los abogados que representan a las víctimas de abusos calculan que, en las últimas tres décadas, la Conferencia Episcopal norteamericana ha pagado más de 2.000 millones de dólares (1.600 millones de euros) para compensar por los abusos de unos 4.000 sacerdotes católicos. Aquellas diócesis -media docena- que no han disfrutado de los recursos necesarios se han declarado en bancarrota.