El Constitucional aprueba un recorte moderado que permite aplicar el Estatuto
El alto tribunal alcanza el fallo con una votación por bloques en la que los jueces conservadores logran que el término "nación" no tenga eficacia jurídica
El Tribunal Constitucional alumbró al fin, a media tarde de ayer, su sentencia sobre el Estatuto de Cataluña. Un fallo seguramente histórico, por su simbología política, y también el más polémico y complicado en la vida del alto tribunal. El Constitucional logró el acuerdo justo a un mes de cumplirse los cuatro años desde que el 31 de julio de 2006 el Partido Popular impugnase 114 artículos del Estatuto de Cataluña.
La sentencia, "muy defendible" y que deja "incólume" el Estatuto, según valoró uno de los magistrados del sector progresista, fue conseguida por la presidenta, María Emilia Casas, que actuó además como ponente en este séptimo intento de fallo, tras los fracasos de sus antecesores. Para llegar a ese pacto, Casas mantuvo arduas negociaciones con los magistrados Manuel Aragón (progresista) y con el vicepresidente Guillermo Jiménez (conservador).
Cataluña como nación
El fallo es prácticamente el mismo que el anticipado por este periódico en abril, relativo a la ponencia de Elisa Pérez Vera. No obstante, el sector progresista ha tenido que ceder ahora ante el magistrado Manuel Aragón para que se incorporase al fallo, como primer pronunciamiento, que "carecen de eficacia jurídica interpretativa las referencias del Preámbulo del Estatuto a Cataluña como nación y a la realidad nacional de Cataluña". Y se deja fuera del fallo la referencia explícita a la "indisoluble unidad de la Nación española" del artículo 2 de la Constitución.
La ponencia de María Emilia Casas contenía 14 tachas de inconstitucionalidad en artículos y otros 27 preceptos que deberían ser reinterpretables.
Pero lo que estaba claro ayer en el Tribunal es que había ambiente de sentencia, tras conocerse que se podría llegar a un acuerdo si no se torcían las cosas. El pleno se inició a las 11 de la mañana, y a las 11,20 los magistrados salieron y se dirigieron a sus despachos. La ponencia de la presidenta seguía "viva", aunque no se había votado, pero Casas tenía que introducir algunos cambios. La presidenta introdujo esos cambios, que mayoritariamente suavizaban los artículos reinterpretados, y redistribuyó la ponencia antes de comer. A los magistrados les llevaron la comida al tribunal y repasaron los cambios hasta las cinco de la tarde. A esa hora volvieron a reunirse y comenzaron las votaciones.
La sentencia se votó por bloques. El primero y más delicado fue el referido al Preámbulo del Estatuto, que perdió el bloque progresista. Los conservadores, con el apoyo del progresista Aragón (siempre renuente a la validez del Preámbulo), se alzaron con la mayoría en esta votación sobre uno de los aspectos más polémicos del Estatuto y cuyo cuestionamiento ha creado mayor resquemor en los partidos catalanes y que fue bandera del recurso del PP.
En el segundo bloque, en el que se decidían los preceptos inconstitucionales, -y en el que se prevía una votación por unanimidad- ocho magistrados frente a dos -Javier Delgado y Jorge Rodríguez Zapata- votaron por la inconstitucionalidad de 14 artículos. De los artículos declarados no ajustados a la ley fundamental, ninguno lo es en su totalidad, salvo el 97, que establece la creación de un órgano de gobierno de los jueces en Cataluña similar al Consejo del Poder Judicial.
El tercer bloque fue el de las interpretaciones de artículos de conformidad, aprobado por seis votos a cuatro después de que se introdujesen matices que suavizaban la redacción en sintonía con las tesis de los magistrados progresistas. Finalmente, se sometieron a votación los preceptos considerados ajustados a la Constitución, que fueron rubricados como tales por seis votos a cuatro.
Fuentes del tribunal explicaron que cuatro magistrados del bloque conservador han anunciado su voto particular disidente a la sentencia: Vicente Conde, Javier Delgado, Ramón Rodríguez Arribas y Jorge Rodríguez Zapata. El texto íntegro de la sentencia y los votos particulares se conocerán la próxima semana.
Las cifras
- El PP recurrió 114 artículos que afectaban a 129 preceptos.
- El Constitucional ha declarado inconstitucionales 14 artículos que afectan a 28 preceptos.
- Otros 23 artículos que afectan a 28 preceptos y cuatro disposiciones adicionales son constitucionales siempre que se interpreten conforme a lo establecido en la sentencia.
Cuatro años de batalla
El Parlamento catalán aprobó el nuevo Estatuto en septiembre de 2005, con el voto en contra del PP. En noviembre llegó al Congreso: salió algo remozado y con la oposición de populares y ERC. Fue aprobado por el 74% de los catalanes el 18 de junio de 2006; la participación fue del 49%. El 31 de julio, el PP recurre ante el Tribunal Constitucional 114 de los 223 artículos. Luego lo hicieron el Defensor del Pueblo y Aragón, Baleares, Valencia, Murcia y La Rioja.
- Otoño de 2006. La tramitación del recurso del PP se congela por una ola de recusaciones cruzadas. El tribunal lo forman 12 jueces: seis conservadores y seis progresistas, entre ellos María Emilia Casas, con voto de calidad.
- La Generalitat intenta, sin éxito, apartar de las deliberaciones al conservador Roberto García-Calvo. El PP carga contra el progresista Pablo Pérez Tremps y contra la presidenta Casas. Se acepta la recusación del catalán, lo que deja la sentencia en manos de una mayoría conservadora. Es la primera maniobra de este calibre en las tres décadas de historia del tribunal. El 1 de noviembre se celebran elecciones autonómicas. CiU obtiene el 31% de los votos, pero los socialistas conservan la presidencia con el respaldo de ERC e ICV.
- Marzo de 2007. Cataluña pide y se le acepta que no se acumulen los seis recursos, de forma que Pérez Tremps pueda votar en todos menos en el presentado por el PP. El sector conservador confía en tener lista la sentencia para el mes de mayo.
- Mayo de 2007. El Gobierno reforma la Ley del Tribunal Constitucional para prorrogar el mandato de su presidenta (que concluía en junio) y mantener así el as en la manga que supone su voto de calidad en caso de empate. El PP recurre el cambio legislativo, que afecta también a la renovación de los otros tres magistrados propuestos por el Senado, cuyo mandato acaba en diciembre: el vicepresidente, Guillermo Jiménez; Vicente Conde y Jorge Rodríguez-Zapata. Los tres son conservadores. Esta maniobra congela los cambios de forma indefinida.
- Verano de 2007. La Generalitat denuncia ante el Constitucional la "incoherencia" del PP, que dio su visto bueno al Estatuto andaluz pese a contener 28 artículos idénticos a los que impugnó en la norma catalana.
- 10 de septiembre de 2007. El PP bloquea en el Senado la renovación pendiente de los cuatro magistrados para mantener así el dominio conservador.
- 29 de septiembre de 2007. El PP busca una mayoría de control apartando a Casas mediante un ataque judicial al cambio legislativo del Gobierno. Eso le permitiría sacar adelante sus recursos contra las leyes más importantes de la legislatura socialista. El Gobierno se plantea recusar a García-Calvo y al conservador Rodríguez-Zapata.
- 9 de marzo de 2008. El resultado de las elecciones generales refrenda al PSOE al frente del Gobierno. Del nuevo Senado vuelve a depender la renovación de los cuatro magistrados cuyo mandato finalizaba en diciembre. Los socialistas quieren designar a dos y dejar los otros dos nombres al PP. Los populares proponen a José Hernando y Enrique López, inaceptables para el PSOE política y, en el caso del segundo, jurídicamente. Continúa el bloqueo.
- 18 de mayo de 2008. Fallece García-Calvo. Su puesto (tenía mandato hasta 2010) tampoco es cubierto por falta de consenso político. El sector progresista recupera su ventaja.
- Agosto de 2009. La ponente Elisa Pérez Vera presenta el tercer proyecto de redacción de la sentencia, que tampoco prospera debido a la tajante división entre magistrados progresistas y conservadores. La Generalitat acelera la aprobación de las leyes que penden del Estatuto ante un posible fallo adverso. María Emilia Casas sugiere que podría haber fallo en octubre.
- Noviembre de 2008. Fracasa el cuarto borrador, según algunas fuentes por seis (los conservadores y Manuel Aragón Reyes) a cuatro, aunque otras niegan que se produjera una votación formal (la primera en tres años). El PP intenta dulcificar su imagen en Cataluña tras una aplastante derrota electoral (perdió allí 17 de los 25 escaños que le separaron del PSOE en las generales), y evita cualquier referencia al Estatuto.
- El tribunal sigue encallado, y dos tercios de sus magistrados ha finalizado su mandato; su renovación, bloqueada.
- Marzo de 2010. Los cinco magistrados progresistas llegan a un principio de acuerdo sobre la quinta ponencia de Pérez Vera, pero Aragón supedita su apoyo a que se sume al pacto algún magistrado conservador.
- 16 de abril. Tras tres días de deliberaciones, el Pleno vota rechazar la quinta ponencia. Aragón vota con el bloque conservador. Se encarga la redacción de un nuevo texto al vicepresidente, Guillermo Jiménez.
- 19 de mayo. Jiménez retira su borrador, el sexto, sin ni siquiera votarlo. Casas asume la ponencia, que fundamenta en la de Pérez Vara.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
