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Balance del semestre español

La presidencia más tormentosa

Zapatero pidió el pasado día 17 a los mandatarios de la UE que dejaran de hacer "declaraciones confusas" que alimentaban los ataques contra las finanzas españolas

"Hacer declaraciones confusas no ayuda, [sino que] alimenta los rumores infundados que contribuyen a la especulación". José Luis Rodríguez Zapatero se dirigió con estas palabras a los restantes mandatarios de la UE, reunidos el pasado día 17 en Bruselas, en la última cumbre del semestre de presidencia española. "Las declaraciones sobre la situación de cada país corresponden a sus respectivos gobiernos y a las instituciones comunitarias", insistió Zapatero en el almuerzo.

Sólo tres días antes, la canciller alemana, Angela Merkel, había dicho que España podría acogerse al fondo de estabilización de 750.000 millones creado para defender a la moneda única, dando pábulo así a las noticias que, desde medios germanos, insistían en anunciar un inminente plan de rescate para las maltrechas finanzas españolas.

Zapatero no tuvo que pedir a Merkel que rectificase. Ese mismo día, en Bruselas, la canciller intentó compensar sus equívocas declaraciones del lunes con alabanzas a las medidas de ajuste adoptadas por Madrid. Pero el foco de los medios de comunicación ya había cambiado de objetivo y se dirigía entonces a la propuesta española de hacer públicos los resultados de las pruebas de resistencia (stress test) de los bancos europeos para poner coto a los rumores interesados. Una iniciativa que Merkel solo aceptó a regañadientes.

El strip-tease de la banca europea no figuraba en el programa de la presidencia española de la UE, como tampoco el rescate de Grecia o el fondo de estabilización del euro, pero la crisis de la deuda soberana, que estalló en Atenas en enero y se extendió luego a España o Portugal, cambió dramáticamente el guión. "Es el plan de ajuste más duro impuesto nunca a un país en tiempo de paz", comentó el nuevo presidente permanente del Consejo Europeo, el belga Herman Van Rompuy, cuando se aprobó el paquete de ayuda a Atenas. "Grecia ya es pasado, ahora se trata de salvar al euro", proclamó el presidente francés, Nicolas Sarkozy, en la dramática cumbre del 7 de mayo.

La imposición de "incentivos y sanciones", que Zapatero propuso al inicio de su presidencia con considerable revuelo, se acabó aprobando, aunque no para los incumplidores de la Estrategia de Crecimiento 2020, como él proponía, sino para quienes se aparten de la ortodoxia presupuestaria; entre los que, a día de hoy, está España, junto a otros.

En los demás asuntos de su programa, esto es lo que ha dado de sí la cuarta presidencia española, que concluye el miércoles 30:

- Nueva Estrategia 2020. Era la joya de la presidencia española de la UE. La aprobó el último Consejo Europeo y sustituye a la fallida Estrategia de Lisboa de 1990. Fija cinco objetivos europeos para 2020 en materia de empleo (75% de ocupación para hombres y mujeres de 20 a 64 años), innovación (3% del PIB en investigación y desarrollo), cambio climático (20% de reducción de gases de efecto invernadero, 20% de energías renovables y 20% de ahorro energético) educación (menos del 10% de abandono escolar y al menos el 40% de personas de entre 30 y 34 años que finalice estudios superiores) y lucha contra la pobreza (20 millones de personas menos con riesgo de exclusión). Los países deberán presentar en otoño sus respectivos planes nacionales.

- Paquete de supervisión financiera. El Ecofin (Consejo de Ministros de Economía de la UE) aprobó en mayo, con la oposición británica, la directiva sobre fondos especulativos (hedge funds), que crea un registro de gestores de los fondos alternativos de inversión y regula sus actividades. Desde diciembre se negocia con el Parlamento Europeo el paquete de supervisión financiera, que incluye también la creación del Consejo Europeo de Riesgo Sistémico; las Autoridades Europeas de Supervisión, que controlarán a la banca, compañías de seguros y mercados de valores; y la Autoridad Europea de Valores, que vigilará a las agencias de calificación (rating). Todas deben entrar en funcionamiento en enero de 2011.

- Servicio Europeo de Acción Exterior. El 22 de junio se alcanzó en Madrid un acuerdo para poner en marcha el cuerpo diplomático de la UE, que dependerá de la Alta Representante, Catherine Ashton. Tendrá unos 6.000 miembros; un tercio procederá de los Estados y al menos el 60% de la Comisión Europea y del Consejo. Entrará en funcionamiento el 1 de diciembre.

- Estados Unidos. La suspensión de la cumbre UE-EE UU, que el presidente Obama canceló unilateralmente, fue el gran chasco de la presidencia. Como consecuencia, no se revisó la Agenda Transatlántica. Sí se ha firmado un acuerdo sobre cielos abiertos y una declaración sobre lucha contra el terrorismo y se ha renegociado el acuerdo Swift, para entregar a Washington datos sobre transacciones financieras, que el Parlamento Europeo rechazó en febrero.

- Cuba. Los ministros de Asuntos Exteriores de la UE, que a principios de este mes debían optar entre mantener o abolir la Posición Común de 1996, que condiciona las relaciones con Cuba a las reformas democráticas y el respeto a los derechos humanos, decidieron no decidir. El ministro español Miguel Ángel Moratinos les pidió una prórroga hasta septiembre, para dar tiempo al diálogo entre la Iglesia católica y el castrismo.

- América Latina. En mayo se celebró en Madrid la cumbre UE-América Latina y Caribe. Se firmaron acuerdos de asociación y libre comercio con Centroamérica, Colombia y Perú. Se desbloquearon las negociaciones con Mercosur.

- Unión por el Mediterráneo (UPM). Se suspendió la cumbre convocada en Barcelona el 7 de junio y, como consecuencia, también con Egipto. Se celebró en Granada el 7 de marzo la primera cumbre UE-Marruecos.

- Ampliación. Se han abierto las negociaciones de adhesión de Islandia y se ha desbloqueado el ingreso de Croacia, tras superarse el litigio con Eslovenia. España no ha logrado, hasta ahora, abrir un capítulo de la negociación con Turquía, como pretendía. Estonia será el socio número 17 del euro el 1 de enero.

Ciudadanos y ciudadanas

La orden europea de protección para las víctimas de la violencia de género -que extendería a los demás las medidas de alejamiento dictadas en cualquier país de la UE- ha sido uno de los mayores empeños de la presidencia española. Para ello, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, no dudó en enfrentarse a la comisaria de Justicia, Viviane Reding, que calificó la iniciativa de "chapuza" jurídica. Con el apoyo de una mayoría de Estados miembros y el aval de sendos informes jurídicos del Parlamento y el Consejo Europeo, el Gobierno consiguió llevar su propuesta a la Eurocámara, donde espera que sea aprobada en otoño. Por su parte, el Observatorio Europeo sobre la Violencia contra las Mujeres deberá basarse en organismos ya existentes de la UE.

Por el contrario, la presidencia española contó con la complicidad de la Comisión Europea para sacar adelante la iniciativa legislativa popular, una de las novedades del Tratado de Lisboa. La propuesta enviada a la Eurocámara prevé que un millón de ciudadanos de la UE, procedentes de al menos nueve estados y que representen como mínimo al 0,2% de la población de cada uno de ellos (unas 90.000 personas en España) puedan proponer reformas legales. Se dará un plazo de un año para recoger las firmas, aunque las 100.000 primeras bastarán para que la Comisión se pronuncie sobre la admisibilidad de la propuesta, es decir, si esta encaja en las competencias que atribuyen los tratados a las instituciones de la UE.

Bajo presidencia española, se ha aprobado también un plan de donación y transplante de órganos, inspirado en el modelo español, y una directiva sobre derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 27 de junio de 2010

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