Suecia pone fin a 30 años de moratoria nuclear para impulsar nuevos reactores

El Parlamento sueco dio ayer por concluida por un estrecho margen (174 a 172) la moratoria nuclear vigente en el país desde el referéndum de 1980. Suecia seguirá teniendo un máximo de 10 reactores, pero la reforma, impulsada por el Gobierno de centro-derecha del primer ministro Fredik Reinfeldt, contempla el reemplazo de los ya existentes por otros nuevos, que se construirán sin apoyo del erario público.La decisión es de calado, pues este país ha estado en la primera fila de la lucha antinuclear.

El referéndum de 1980 establecía que el país nórdico debería abandonar progresivamente la energía nuclear, desmantelando las centrales atómicas a medida que cumplieran su vida útil. De ahí que las autoridades, preocupadas por la seguridad, después del accidente de Chernóbil, procedieran a cerrar la central Barsebäk en el sur del país. El primer reactor dejó de funcionar en 1998 y el segundo en 2001. En la actualidad, los reactores suecos producen el 42% de la electricidad del país.

Salgado descarta más impuestos a las centrales como ha hecho Merkel

La opinión pública ha ido cambiando en este tiempo, y los partidarios de la energía nuclear han ido ganando posiciones. Las últimas encuestan dan empate entre los campos. El Gobierno insiste en que la nuclear es una alternativa en la lucha por el cambio climático por su baja emisión de CO2. Según Jesper Liveröd, de Greenpeace, "la nuclear no es una energía verde, pues la actividad minera en torno al uranio es muy dañina y los residuos nucleares representan una amenaza durante 100.000 años".

Conforme envejece el parque nuclear mundial -construido principalmente en los setenta y ochenta- muchos países retoman sus programas nucleares. EE UU, Italia o Finlandia tienen planes para construir centrales, aunque los retrasos y los sobrecostes lastran el sector. La opción más extendida es alargar la vida de las centrales hasta los 60 años, como ha anunciado la alemana Angela Merkel que, a cambio, impondrá un nuevo impuesto a estas centrales.

La vicepresidenta Elena Salgado descartó ayer en Telecinco una medida así: "No estamos en ese momento". El Gobierno cerrará Garoña en 2013 (con 42 años) pero no debe decidir sobre ninguna más antes de 10 años.