Bruselas exige un nuevo ajuste de 8.000 millones a España para 2011

Bruselas exigió ayer mayor concreción en el esperado examen al drástico plan de recorte del gasto presentado hace un mes por el presidente Zapatero. Para 2011 hace falta precisar medidas de consolidación equivalentes al 1,75% del PIB, unos 19.000 millones. De esos, el Estado debe concretar los 11.000 implícitos en el menor techo de gasto, pero además Bruselas pide "nuevas medidas" por otros 8.000 millones (el 0,75% del PIB). La vicepresidenta Elena Salgado explicó que ese ajuste está en línea con el previsto con el Gobierno y que sólo son "nuevas medidas" en el sentido de que están por concretar, pero que no implican un ajuste adicional al previsto.

De hecho, de esos 8.000 millones, las comunidades autónomas se comprometieron ayer a recortar 5.000. El resto, unos 3.000 millones, quedará para los ajustes que hagan las corporaciones locales, para la subida de impuestos a las rentas altas y, según explicó ayer Salgado, el Estado reducirá "alguna décima" (cada décima son más de 1.000 millones) adicional de gasto, que no concretó.

"Cualquier medida adicional será por el lado de los gastos", aclara Salgado

Europa urge a España a abordar sin demora la reforma de las pensiones

Rehn: España hará todo lo necesario para reforzar la confianza

Bruselas espera que las nuevas medidas se incluyan en los Presupuestos de 2011

El objetivo de esas medidas es reducir el déficit hasta el 6% en 2011, según explicó ayer el comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Olli Rehn. El comisario señaló que para 2010 no se necesitarán medidas adicionales de ajuste, pero precisó que para el próximo año deben especificarse las medidas concretas, equivalentes al 1,75% del PIB, que se suman al ajuste del 1,5% del PIB por la congelación de las pensiones, la rebaja del sueldo a los funcionarios y el resto de medidas de choque. Rehn consideró que el techo de gasto para los Presupuestos de 2011 (122.000 millones), aprobado por el Gobierno el pasado 28 de mayo, "ayudará en este proceso porque supone una reducción del 1% del PIB, pero falta sustanciar otras medidas equivalentes al 0,75% de PIB".

Las cifras son un sudoku endiablado. Salgado dio algunas pistas para saber de dónde salen esos 8.000 millones, que según su interpretación no suponen "medidas adicionales", sino concretar los planes que tiene en mente el Gobierno desde que el presidente Zapatero presentó el drástico plan de ajuste en el Congreso: por un lado, recortes en comunidades y ayuntamientos; por otro, un presupuesto para 2011 de lo más austero, y probablemente la subida de los impuestos a las rentas altas prometida por Zapatero. Salgado enfatizó que cualquier medida adicional "será antes por el lado del gasto que por el de ingresos".

Para empezar, el Consejo de Política Fiscal y Financiera -un órgano en el que están presentes el Gobierno y los consejeros de Economía autonómicos- aprobó ayer por unanimidad un ajuste severo para las comunidades. El déficit de las autonomías será del 2,4% del PIB este año, frente al 2,5% inicialmente previsto. Pero las autonomías tendrán que apretarse el cinturón en 2011: el déficit máximo será del 1,3% del PIB, frente al 2,4%: 11.000 millones menos (una cifra que coincide exactamente con los recursos adicionales que las comunidades obtuvieron con la nueva financiación autonómica).

De esos 11.000 millones, 6.000 millones corresponden al decreto ya aprobado por el Gobierno: los cambios en dependencia, la rebaja de salarios de funcionarios que afectan a las comunidades y el recorte de la inversión. Eso deja a las comunidades con la obligación de dar un tijeretazo adicional de 5.000 millones de euros, para lo que algunas ya han empezado a subir impuestos. A lo largo del próximo mes, presentarán con detalle sus planes en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera.

El tijeretazo es enorme. A consecuencia de la crisis económica y financiera, España se ve forzada por Bruselas a efectuar un ajuste fiscal sin precedentes de 5,2 puntos -más de 50.000 millones de euros- en dos años, lo que obliga a reducir el déficit público a marchas forzadas desde el 11,2% en 2009 al 9,3% en 2010 y al 6% en 2011. Después, deberá continuar el esfuerzo hasta el 3% en 2013. Parte del recorte afectará a la inversión pública, lo cual ha sido considerado como un error por destacados economistas como el Nobel Paul Krugman y el ex secretario de Estado Alfredo Pastor.

El objetivo es "ganarse la confianza de los mercados", en palabras de Salgado. Pero nada es gratis: la duda más grande de todo este esfuerzo radica en el impacto negativo que puede tener en el crecimiento económico. El Gobierno ya se ha visto obligado a rebajar la proyección para el próximo año desde 1,8% previsto el pasado febrero al 1,3% en mayo.

"Nuestro compromiso es reducir el déficit", declaró la vicepresidenta, en línea con los planes de austeridad que se han extendido por toda Europa, incluidas Alemania y Francia. Una vez recortado el déficit, el Gobierno quiere "recuperar cuanto antes la senda de crecimiento e incrementar el crecimiento potencial de la economía española con reformas estructurales". En otras palabras: más recortes. El primer paso será la reforma laboral, que se presenta tan pronto como hoy. La de las pensiones llegará previsiblemente este mismo año. Y Salgado citó también la reestructuración de las cajas de ahorros, que estará lista "a muy corto plazo".

Pese a tanto recorte para restañar la credibilidad de la gestión económica, España tiene ante sí "un buen futuro", zanjó la titular de Economía y Hacienda. El comisario Rehn se mostró asimismo "seguro" de que España hará todo lo que sea necesario para reforzar "la confianza en la economía española". En ese sentido señaló que "España está comprometida con un programa muy convincente y ambicioso de consolidación fiscal y reformas estructurales".

Por su parte el secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, mostró ayer su satisfacción "por el claro apoyo" al plan español por parte de la Comisión Europea.

El nuevo ajuste exigido por Bruselas se añade al ya requerido a mediados de mayo, que establecía una reducción adicional del gasto público de unos 15.000 millones, equivalentes al 1,5% del PIB, distribuidos entre el 0,5% en 2010 y un 1% para 2011, al previsto en el Plan de Estabilidad Presentado por España en febrero. Bruselas insiste de todas formas en que España debe "especificar" el conjunto de medidas adicionales previstas para el próximo año, "lo antes posible".

Bruselas espera que las nuevas medidas se incluyan en los presupuestos del próximo año y sugiere que la presente "evaluación debe considerarse como una orientación previa".

Con relación a las reformas estructurales previstas, la Comisión Europea insiste en que España debe avanzar en la reforma del mercado laboral "porque su rápida aplicación puede conducir a un mayor crecimiento del empleo y acelerar el consumo privado". Sobre la reforma de las pensiones, Bruselas "recomienda anunciar los detalles sin demora", porque estima que "puede contribuir de forma decisiva a la consolidación fiscal sin costes para el crecimiento".

Además de España y Portugal, país al que también ayer se pidió concreción sobre las medidas previstas para 2010 y 2011, la Comisión evaluó ayer las medidas tomadas por otros diez Estados. Se trata de Bélgica, Chequia, Alemania, Irlanda, Francia, Italia, Países Bajos, Austria, Eslovenia y Eslovaquia. Según Rehn, "la coyuntura económica actual exige una estrategia fiscal coordinada de salida de la crisis para hacer frente tanto a la necesidad de un saneamiento presupuestario decisivo como a la sostener a la incipiente recuperación económica".

Por otra parte, la Comisión decidió abrir tres nuevos procedimientos por déficit excesivo, que afectan a Chipre, Dinamarca y Finlandia. Solo tres países europeos no están sometidos a expediente: Estonia, Luxemburgo y Suecia.