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Di Pietro y 14 parlamentarios se encierran en el Senado italiano contra la 'ley mordaza'

Silvio Berlusconi lanzó ayer una nueva andanada contra la Constitución italiana, que según afirmó "convierte la tarea de gobierno en un infierno", y a continuación impuso el voto de confianza para la llamada ley mordaza, que, entre otras cosas, impide la difusión de grabaciones por orden judicial en procesos de investigación.

La ley será aprobada hoy en el Senado por la vía rápida: se reduce al mínimo el debate y se rechazan los cientos de enmiendas presentadas por la oposición. Además, la mayoría formada por el Pueblo de la Libertad y la Liga Norte ha advertido que el texto está blindado, es decir, que no admitirá retoques en la Cámara.

Para llamar la atención "contra el enésimo acto dictatorial de Berlusconi", el líder de Italia de los Valores, Antonio di Pietro, y 14 senadores del partido ocuparon anoche el hemiciclo del Senado y depositaron varias banderas italianas sobre los escaños.

El rodillo de la mayoría llega tras semanas de protestas de jueces, fuerzas del orden y periodistas. Las negociaciones en el seno de la mayoría acabaron cuando la corriente de Gianfranco Fini aprobó algunas mejoras. "No hemos podido hacer más", ha dicho Fini.

La norma, pensada por Niccoló Ghedini, penalista y diputado de Berlusconi, para defender la privacidad de los ciudadanos, afectará de forma muy profunda al sistema de justicia, la lucha antimafia y la libertad de prensa. El senador del Partido Democrático Alberto Maritati afirmó ayer: "Esta ley corona el programa subversivo de la logia masónica P-2 de Licio Gelli".

El proyecto limita el uso de las interceptaciones telefónicas, que desde ahora solo se podrán realizar cuando el fiscal detecte "graves indicios de delito", y durante un máximo de 75 días, prorrogables de tres en tres. También restringe a 72 horas el uso de micrófonos ambientales, que no se podrá hacer en lugares privados, y prohíbe publicar las escuchas en la prensa durante la investigación preliminar (que en Italia suele durar años), bajo penas de hasta 450.000 euros para los editores y de hasta 30 días de cárcel para los periodistas.

La oposición votará en bloque contra la iniciativa. Las asociaciones de periodistas, policías y jueces prometen huelgas, movilizaciones e incluso "desobediencia civil". La Conferencia Episcopal afirmó que blindar el texto para que no sufra modificaciones es "antidemocrático". En Internet, diversos movimientos estudiantiles y ciudadanos llaman a la revuelta mostrando fotos de personas amordazadas.

Berlusconi, sin embargo, afirmó ayer que a la ley "solo se oponen pequeños grupos de presión de togas y periodistas", y que "la inmensa mayoría de los italianos quiere esta ley, porque tienen miedo de levantar el teléfono y encontrárselo intervenido".

La pelota estará pronto en el tejado del Quirinal. Tras la aprobación en la Cámara, que debería ser rápida, el presidente de la República, Giorgio Napolitano, que ya ha filtrado su descontento, podría poner objeciones a la ley y devolverla al Parlamento para que sea retocada. Pero, dado que Berlusconi considera la redacción final incluso blanda, esa hipótesis abriría un choque institucional de consecuencias imprevisibles.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 10 de junio de 2010