La prensa italiana no sale a la calle contra la 'ley mordaza'

Italia ha amanecido hoy sin noticias en la televisión y los quioscos apenas ofrecen periódicos a los lectores. Salvo algunos diarios afines al primer ministro, Silvio Berlusconi, como Il Giornale, Libero o Il Foglio, la huelga convocada por la FNSI (el sindicato de prensa) en protesta contra la ley mordaza está siendo secundada de forma masiva y afecta a más del 90% de los medios de información. Diarios, agencias, radios, televisiones y sitios webs no informarán durante toda la jornada de hoy para sensibilizar a los ciudadanos sobre las consecuencias de la ley que restringirá las escuchas judiciales y castigará su difusión en prensa.

Según la Federación Nacional de la Prensa Italiana, la nueva norma legal, que Berlusconi quiere aprobar antes de la pausa veraniega del Parlamento, limitará la libertad de información y golpeará la defensa de la legalidad y la lucha contra el crimen. El comunicado sindical afirma que "el proyecto de ley Alfano limita gravemente la libertad de prensa y prevé duras sanciones contra los editores y periodistas que den cuenta de los hechos de crónica judicial e investigaciones".

Los periodistas de los diarios pararon durante la jornada de ayer, mientras los trabajadores de las webs, radios, agencias y televisiones lo hacen hoy. En las televisiones el apagón informativo ha sido absoluto. El canal de información por satélite Sky Tg24, propiedad de Rupert Murdoch, ofrece sólo programas grabados y anuncia a sus telespectadores la huelga con rótulos. Los periodistas de la televisión pública nacional RAI también han decidido ir en su gran mayoría a la huelga, e incluso Canale 5, del grupo Mediaset de Berlusconi, no ha emitido su habitual informativo de las 08.00 de la mañana.El Corriere della Sera, la Repubblica, La Stampa, l'Unitá, il Fatto Quotidiano, Il Messaggero, pero también el diario católico Avvenire han colocado en sus páginas webs comunicados explicando su decisión de ir a la huelga a los lectores.

El paro "puede parecer una contradicción ante una ley que limita la libertad de información, firmada por un primer ministro que invita a los lectores a hacer huelga contra los periódicos", afirma en su manifiesto la Repubblica. "Pero no se trata de una huelga corporativa sino de una protesta para defender a los ciudadanos, a los que la ley niega el derecho a ser libremente informados".

"Esta huelga es además la única forma", añade, "en este desafortunado país de impropio monopolio televisivo, de dar a conocer al público de las televisiones lo que está ocurriendo en el circuito que forman el poder, la justicia, la información y la opinión pública: el intento de obstruir por medio de una ley ese circuito para que los magistrados que investigan vean limitado su trabajo de obtención de pruebas, los periodistas que informan deban callar, y los ciudadanos que pueden juzgar permanezcan en la ignorancia". "De esto", concluye la nota, "los telediarios de cámara no hablan: por un día el apagón informativo hablará por ellos y los telespectadores sabrán finalmente que hay un problema, y que les afecta".

Los trabajadores de il Corriere della Sera, por su parte, piden disculpas a sus lectores y explican: "Los periodistas del Corriere van a la huelga y pierden parte de su salario no por un conflicto económico y tampoco para defender privilegios corporativos, sino por una batalla civil que nos sitúa, en contra de nuestra voluntad, en primera línea".

Vittori Feltri, director de Il Giornale, propiedad de la familia Berlusconi, ha colgado un vídeo en la web del diario donde explica que está en contra de la ley mordaza, aunque ha deicidido no secundar la huelga, dice, "porque para protestar contra una iniciativa que no nos gusta es un error ponernos nosotros mismos la mordaza". "No estamos satisfechos con la ley", añade Feltri, "pero salimos a la calle para demostrar al público que se pueden explicar las razones trabajando".

La llamada ley mordaza prevé, entre otras, condenas de hasta 30 días de cárcel o sanciones de hasta 10.000 euros para los periodistas que publiquen escuchas durante las investigaciones judiciales o las actas bajo secreto, y fija multas de entre 300.000 y 450.000 euros para los editores de los medios que lo hagan.