Prueba y error

Si la convocatoria de huelga de funcionarios de ayer fue planteada por los sindicatos como una forma de tantear el ambiente social con vistas a una posible huelga general, el resultado invitaría a buscar otra forma de expresión de la protesta. Fue un éxito en cuanto a la tranquilidad de la jornada, pero no se percibió ambiente favorable a una movilización general, pese a que la función pública (que incluye enseñanza y sanidad) es un sector fuertemente sindicalizado.

Prueba de la seriedad de fondo de la situación, pero también de la inadecuación de la respuesta, fue que, según recogían ayer los medios en caliente, bastantes empleados públicos decían abiertamente que no se habían sumado a la huelga para evitar que se les descontara de su salario la jornada de ayer. Esto no había ocurrido en similares convocatorias de paro anteriores. Seguramente también influyó la evidencia de la falta de entusiasmo de los convocantes: los líderes de las principales centrales llevan semanas diciendo que no desean llegar a una huelga general, pero que su convocatoria es cada día más inevitable. Un juicio tan contradictorio resulta poco motivador.

La huelga de ayer se convocó en protesta por los recortes del gasto público anunciados por el Gobierno en respuesta a las exigencias de la UE de una reducción eficaz del fuerte déficit público que permita recuperar la confianza de los mercados de deuda. Es sencillamente impensable que, como consecuencia de la de ayer o de la eventual futura huelga general, el Gobierno renunciara a ese ajuste, a riesgo de acentuar la desconfianza de las instituciones y mercados internacionales. Se trata por tanto de movilizaciones puramente expresivas de descontento, no ligadas a un objetivo posible.

Esto conecta con un problema del sindicalismo moderno: las huelgas se plantean contra el Gobierno, del que depende en buena medida su financiación, y en términos que con frecuencia agravan aquello que invocan como causa. Es el caso de la situación actual: solo de manera colateral puede considerarse al Gobierno responsable de la crisis actual, y en todo caso lo sería por resistirse en su momento a recortar el gasto social, no por lo contrario. Al respecto resulta un como mínimo hipócrita, si no irresponsable, la actitud de algunos portavoces del PP, como González Pons, que tras meses exigiendo al Gobierno acabar con el exceso de gasto público, declaró ayer que, si fuera funcionario, estaría participando en la huelga.

Si el Gobierno retirase las medidas de austeridad empeoraría la situación del déficit, obligando a medidas aún más drásticas, como las de Grecia, en pocas semanas o meses. Y en ese país ya hay datos de una fuerte caída del turismo a causa de las repetidas huelgas. En estas condiciones, el ensayo de ayer no podía ser un éxito. El método de prueba y error para orientar movimientos futuros aconsejaría a los sindicatos no correr el riesgo de un fracaso mayor y con peores consecuencias.