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Análisis:

Oportunidad para España

Las zonas de sulfuros que fija el nuevo reglamento aprobado por la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (AIFM) se concentra en los océanos Índico y Atlántico. Esto último tiene una especial importancia para España, ya que se trata de aguas situadas en la extensión natural de nuestras aguas jurisdiccionales, sobre todo frente a la bahía de Cádiz.

España firmó la convención de Derecho del Mar en enero de 1997, pasando a formar parte de la AIFM ese mismo año. Desde una inicial modestia, nuestra participación ha ido adquiriendo paulatinamente un mayor protagonismo. Los españoles somos cada vez más conscientes de que un país con una tradición marítima como el nuestro no debe ni puede permanecer ajeno al juego de intereses estratégicos que cada vez se plantea de forma más evidente y en el que países como China, India o Brasil asumen un liderazgo cada vez mayor. A pesar de la crisis presupuestaria actual y de los menguantes recursos públicos para la investigación científica, España debe dar en los próximos años los primeros pasos para conseguir una primera licencia de exploración de sulfuros en el océano Atlántico. Para ello bastaría con coordinar de forma más eficaz los recursos ya disponibles. Algunas instituciones desarrollan ya programas científicos en aguas internacionales, por ejemplo el Instituto Geológico y Minero de España, el Instituto Español de Oceanografía, el CSIC o el buque Hespérides. Incorporar el estudio de los fondos marinos a sus campañas anuales podría otorgar derechos preferenciales a nuestro país a la hora de reclamar zonas con gran concentración de sulfuros ricos en minerales.

También se está planteando la posibilidad de abordar la obtención de licencias en colaboración con otros países europeos o latinoamericanos, susceptibles de recibir financiación de los ingentes fondos existentes en el seno de la Unión Europea.

Los plazos cada vez son más cortos: en 2011 la AIFM abordará el último de los reglamentos pendientes para completar el futuro código minero, el de las cortezas. A partir de entonces la comunidad internacional tendrá completado un marco regulatorio que dé seguridad jurídica a posibles inversores privados que se decidan a abordar proyectos en un ámbito con retornos potenciales tan sugerentes. España no debe ni puede llegar tarde a esta nueva frontera del desarrollo económico futuro.

Jesús Silva es embajador de España en Jamaica y representante ante la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (AIMF).

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 7 de junio de 2010