Cataluña sube el IRPF a rentas de más de 120.000 euros
Montilla elimina 63 entidades públicas para ayudar a combatir el déficit
El Gobierno catalán aprobó ayer un paquete global de medidas para combatir el déficit público, con el objetivo en el horizonte de ahorrar 1.670 millones de euros en lo que queda del presente ejercicio y lograr que se sitúe en un 2,4%, en lugar del 3,25% previsto inicialmente. El presidente José Montilla ha querido equilibrar la balanza y que la crisis no solo la paguen los funcionarios y los hospitales y colegios concertados, por la presión de los ecosocialistas de ICV. El recorte se intentará compensar con ingresos a través de nuevos tributos, pese a su impacto contractivo sobre el consumo.
El tripartito alcanzó un laborioso acuerdo que pasa por modificar el IRPF en el tramo autonómico: se crea un nuevo tramo para las rentas superiores a 120.000 euros, que verán aumentado el tipo del 21,5% a1 23,5% y otro para las mayores de 175.000 euros, que se gravará con cuatro puntos, hasta 25,5%. El cambio impositivo afectará a una franja de población de casi 20.000 personas, el 0,5% de contribuyentes. En total, la recaudación ascenderá a 75 millones de euros. Pero la medida no entra en vigor hasta 2011, para la campaña de la renta de 2012. El año próximo, la Generalitat avisó de que será necesario hacer "nuevos esfuerzos adicionales" para recortar 3.000 millones de euros más. El objetivo es llegar a 2013 con un déficit del 1,1%.
El alza del IRPF permitirá ingresar 75 millones y afecta a 20.000 personas
El tripartito espera recortar este año 1.670 millones para reducir su deuda
Con la luz verde al nuevo criterio fiscal, Cataluña se convierte en la primera comunidad autónoma que sube los impuestos a las rentas más altas. La medida no ha sido un camino de rosas. Los dos socios minoritarios del tripartito, Iniciativa per Catalunya (ICV-EUiA) y en un segundo plano Esquerra Republicana (ERC), han arrastrado a los socialistas, que eran reacios a subir el IRPF hasta el punto que quisieron elevar el listón a 200.000 euros. Los ecosocialistas defendían que la modificación afectara a partir de los 100.000 euros. El punto de encuentro sobre qué es ser rico se ha encontrado en los 120.000 euros. Antoni Castells, consejero de Economía, expresó su convicción de que Cataluña no sea una excepción e insinuó que otros Gobiernos -no aclaró si el central u otros- seguirán la misma senda de subir el IRPF.
"En cualquier caso, este tributo no afecta a las clases populares. Eso debió decirlo Artur Mas
en el ardor del debate", rebatió Castells respecto a la acusación del líder nacionalista sobre la falta de oportunidad de subir los impuestos. La Generalitat también aumentará otras tasas que han desatado el enojo de convergentes y populares: el de transmisiones patrimoniales (del 7% al 8%); el de actos jurídicos documentados (del 1% al 1,2%) y el impuesto de matriculación de vehículos más contaminantes (un 16%).
El plan de austeridad del Gobierno catalán tiene varias patas. El tripartito calcula que ahorrará 364 millones de euros con la rebaja de los sueldos de los funcionarios (en un 5%) y de los secretarios generales hacia arriba (desde un 8% a un 15%). Pero ayer trascendieron otras noticias que obligará a la función pública a estrecharse el cinturón: solo se cubrirá una de cada dos plazas vacantes por jubilación en el área de educación, sanidad, emergencia y del Servicio de Ocupación de Cataluña (SOC). En el resto de departamentos, la proporción será mucho peor: solo se cubrirá una de cada 10 jubilaciones. La protesta ya ha llegado a la calle. Mientras el Gobierno decidía, cientos de funcionarios se concentraban en la plaza de Sant Jaume.
Pese a que la mayoría de comunidades autónomas han dado el paso, Cataluña no suprimirá ninguno de sus 14 departamentos, entre otras cosas por que está en el ocaso del actual mandato y Castells alegó que realizar esa nueva arquitectura institucional sería casi un "brindis al sol". De momento, solo ha trascendido que suprimirán un 5% de altos cargos. En números absolutos, son 10 personas. En cambio, está en marcha un fulgurante proceso para adelgazar la Administración: de 247 entidades públicas, se eliminarán 63, relacionadas con áreas tan dispares como la sanidad o la educación. Algunas de esas empresas son integradas por otras y cinco se disuelven. El interrogante es enorme porque Castells no aclaró cuánta gente está afectada y si habrá despidos. Hay otro dato seguro: las obras de la Linea 9 del Metro se ralentizarán. El ahorro en inversiones será de 531 millones.
