Alarma autonómica

Las comunidades autónomas y algunos Ayuntamientos se están implicando paulatinamente en el gran ajuste del gasto que exige la delicada situación de las finanzas públicas. Ayer, el consejero de Economía y Finanzas de la Generalitat catalana, Antoni Castells, anunció una nueva vuelta de tuerca al recorte en el gasto del Gobierno catalán. Implica suprimir 63 entidades dependientes de la Generalitat, retrasar las inversiones de obra pública, recortar el personal en algunos servicios (sanidad, educación) y, lo que es más significativo, poner en marcha dos nuevos tramos del impuesto sobre la renta de las personas físicas para las rentas más altas que gravarán a unos 20.000 contribuyentes con renta anual superior a los 120.000 euros; en la misma línea, el presidente balear, Francesc Antich, ha propuesto una subida de un punto en el tramo autonómico del IRPF para rentas superiores a 100.000 euros. En una situación tan grave para la solvencia del Estado, no está mal que los Gobiernos autónomos decidan arrostrar el riesgo de pérdida de votos y busquen recursos fiscales en el uso legítimo de su corresponsabilidad.

Los casos de Cataluña y Baleares no son únicos. Los parlamentarios nacionales se han bajado el sueldo, igual que muchos diputados autonómicos; en Euskadi se han reducido un 2% los sueldos públicos y está en marcha un plan de ahorro de 30 millones de euros en gasto corriente; en Castilla-La Mancha se han reducido las consejerías y se bajarán los salarios públicos, igual que en Andalucía; en Valencia también se reducirá el número de sociedades públicas; y el Ayuntamiento de Madrid ha contraído su plan de inversiones un 20%. La obligada disminución de los ingresos procedentes de las arcas estatales obliga a las autonomías y ayuntamientos a trasladar los recortes a ciertas áreas de producción y servicios; pasarán años antes de que la austeridad forzada de hoy se convierta en gastos e inversiones más racionales, más rentables y más efectivos. El esfuerzo de racionalización está más que justificado. A 31 de diciembre aparecían censados casi 2.200 entes dependientes de las autonomías, mientras que el Estado tenía registrados 473. Muchos de los autonómicos son sociedades utilizadas para encubrir gasto y deuda no contabilizados. Gran parte de esa red tiene que desaparecer o reconvertirse.

La buena noticia es que se está extendiendo la percepción de un ajuste generalizado del gasto vinculado a una declaración de alarma económica. Los dos millones de parados, los pensionistas a los que se congelarán sus percepciones y los funcionarios a los que se les rebajarán los sueldos no pueden ser los únicos en pagar la factura de la recesión. La mala noticia es que, con toda seguridad, será necesario recurrir a nuevos ajustes del gasto, que en algunos casos afectarán a las autonomías, como puede ser la adecuación de las tarifas del AVE a su coste real. Importa sobre todo que la austeridad autonómica no sea pasajera, sino que marque el camino para una bajada permanente del gasto.