Hacia el contrato único

El primer plazo para concluir la reforma laboral acabó ayer sin acuerdo entre el Gobierno y los agentes sociales. Hay razones para entender que la oportunidad de un pacto entre sindicatos y patronal se ha agotado y que el Ejecutivo tendrá que aprobar la reforma por decreto. A pesar de ello, la vicepresidenta Salgado precisó que el Gobierno lo hará antes de que termine junio; así, confirmaba que los negociadores tienen unos días de prórroga para apurar la posibilidad de un pacto y, de paso, intentaba cargarse de razón ante la reacción de los sindicatos, que siguen amenazando con una huelga general.

El presidente del Gobierno tiene la obligación de aprobar con premura una reforma del mercado de trabajo; se trata de impulsar la creación de empleo en la estela del más pequeño indicio de recuperación. No es recomendable fundamentar el crecimiento en contratos basura, de baja cualificación, con coste cero de despido. Con este tipo de contratos, útiles en otra coyuntura, cristalizó la dualidad del mercado, en el que coexisten trabajadores con contratos fijos y derechos plenos y trabajadores contratados a tiempo parcial, a veces por días, y que cobran cantidades irrisorias. En este modelo enterraron sus esfuerzos muchos jóvenes, expulsados en cuanto se confirmó la recesión.

Una reforma laboral congruente con un crecimiento menos dependiente del ladrillo tendría que acabar, en primer lugar, con la dualidad del mercado imponiendo un contrato fijo único para las nuevas incorporaciones al empleo. Hay materia de controversia en la cuantía del despido; el Gobierno se inclina por abaratar la indemnización (la sugerencia conocida es que sea de 33 días), que no parece un despropósito; tampoco lo sería que la indemnización se graduase en relación con el tiempo trabajado.

La reforma de la negociación colectiva es el otro pilar de la reforma laboral. La negociación de los salarios debe abandonar la estratosfera del convenio sectorial y aproximarse al ámbito de la negociación directa de las empresas con sus empleados. La economía española ha perdido competitividad respecto al área euro (unos 15 puntos en 10 años) en parte porque los crecimientos salariales están indexados con relación a la inflación y no a la productividad o a los resultados. Una negociación más realista corregiría la pérdida de competitividad que obstaculiza la recuperación económica.