El drama es doble: el paro y su factura

Si la democracia española tiene algunas asignaturas pendientes, caben pocas dudas de que el paro ocupa un lugar destacado entre ellas. Ver tasas superiores al 10% se ha convertido en una mala costumbre. Tres veces se ha situado por encima del 20%. Con tozudez, las encuestas oficiales lo sitúan como la primera preocupación de los españoles. Y no es para menos. Basta un vistazo rápido al parte laboral de la crisis: más de dos millones de puestos de trabajo destruidos, 4,6 millones de parados, 3,2 millones de personas recibiendo ayudas al desempleo, una tasa de paro juvenil por encima del 40%...

Los datos son apabullantes. Y la comparación con los vecinos y socios, odiosa. La tasa de paro española destaca con mucho entre los países desarrollados. Tras este tétrico escenario se esconde el pinchazo inmobiliario y el gran peso de los contratos temporales. Conforme se ha ido dibujando este escenario, la necesidad de reformar el mercado laboral ha ganado peso. El propio Gobierno señala el principal objetivo: rebajar la temporalidad, la rendija que ha acabado por convertirse en boquete y ha permitido el rapidísimo aumento del paro y su factura, que en apenas dos años ha pasado de casi 15.000 millones a 34.000 en 2009. Un agujero que, además, contagia a la productividad, como explica Francisco Pérez, del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas.

Los expertos discrepan sobre si los subsidios estimulan el paro

El plan de recorte de Zapatero ha respetado a los desempleados

Los contratos temporales fueron eficaces; hoy son devastadores

El empleo eventual se ha convertido en la sala de espera de uno indefinido

"A largo plazo no es aceptable el gran peso que tiene la contratación temporal. Además, esto ha puesto de manifiesto una gran injusticia que ha castigado, sobre todo, a los jóvenes", señala Josep Oliver, catedrático de Análisis Económico de la Universidad Autónoma de Barcelona. El calificativo de injusto lo usan la mayoría de expertos consultados.

"Ha puesto de relieve la facilidad del despido ", continúa Oliver. Y esa facilidad se ha convertido en un duro golpe para las arcas públicas. Si el gasto en desempleo suponía un 1,4% del producto interior bruto en 2007, el año pasado suponía el 3,2%, y ya hay quien calcula que este año puede llegar al 3,9%. Las cotizaciones al desempleo dejaron de ser suficientes en 2008 para financiar este gasto, y los impuestos tienen que aportar el resto. Esto llevó al gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, a mirar hacia esta factura cuando el Gobierno deshojaba la margarita de los recortes tijera en mano.

A continuación surge una pregunta: ¿se puede mantener esta factura cuando todos los vaticinios apuntan a un paro alto durante años? "Claro que se puede mantener", zanja contundente Paloma López, responsable de Empleo de CC OO. "No se puede hacer un análisis econométrico. Claro que es sostenible si hay voluntad política", responde tajante Jesús Caldera, ex ministro de Trabajo la pasada legislatura. Y voluntad política hay. Cuando ha tenido que elegir, Zapatero ha dirigido la tijera a obras públicas, funcionarios o pensionistas, no a parados. Es una de sus señas. El verano pasado creó un nuevo subsidio para los desempleados, al contrario que los Ejecutivos de 1993 y 2002. "Ahora mismo no tendría sentido tocarlas", añade un antiguo ministro de Trabajo con José María Aznar, Manuel Pimentel.

Pero si entre los políticos se rechaza esta opción, entre los analistas cabe al menos el matiz. "Es una carga muy gravosa desde el punto de vista financiero", explica Ángel Laborda, director del Panel de Coyuntura de la Fundación de las Cajas de Ahorros. "Hay una regla económica que dice que si se mantienen prestaciones altas por desempleo, se mantiene alto el paro estructural", sigue. En su opinión, algo hay que hacer en este punto, pero añade que ahora no es el momento. "Debería reformarse cuando el paro fuera más bajo", admite.

Para el catedrático de Hacienda Pública, Ignacio Zubiri, la factura no sólo es sostenible, sino que es necesaria. Cuando analiza la aportación de las cuentas del paro al déficit les quita hierro. "Cuando teníamos superávit, el gasto era del 1,4% del PIB; el año pasado fue un poco más del 3%. La diferencia es de un punto y medio, y el déficit total subió al 11,2%, por lo que su aportación a los números rojos apenas supone un 10% del total", detalla.

Al teléfono desde la Universidad del País Vasco, Zubiri desprecia las teorías de que los subsidios estimulan el paro. También Oliver lo hace. "La historia del mercado laboral español no avala esa tesis. Además, las ayudas más bajas no van más allá de 420 euros al mes, que son propias de situaciones de miseria", explica.

Quien sí reformaría este aspecto del mercado laboral español es Valeriano Gómez, ex secretario general de Empleo. Pero su opción no pasa por tocar los gastos, sino los ingresos. Defiende que se aumenten las cotizaciones empresariales al desempleo que se pagan por los contratos temporales y se reduzcan las de los indefinidos. Por los primeros se paga un 6,5% de la masa salarial, por los segundos la cuota puede llegar al 8,3%. Sustenta su teoría en vastas tablas de cálculo que demuestran que el gasto en prestaciones para trabajadores que perdieron su empleo temporal en 2009 (unos 22.000 millones) duplicó el de quienes se quedaron sin un puesto de trabajo permanente. La propuesta busca también combatir el primer problema del mercado laboral: la temporalidad.

Si hay una fecha clave para el mercado laboral español es 1984. Ese año, el primer Gobierno de Felipe González abrió la mano a la temporalidad. Fue un arma eficaz a corto plazo. A largo, devastadora. La combinación de los contratos temporales y el pinchazo inmobiliario han sido un cóctel demoledor. De los más de dos millones de puestos de trabajo destruidos, 1,6 millones eran eventuales.

La alta tasa de temporalidad sirve para explicar más de uno de los males que aquejan al mercado laboral. La reforma laboral de 2006 fijó en ella su punto de mira. La rebajó algo, pero ha sido la crisis la que más ha contribuido a ello. Ha caído al 25%, pero sigue siendo muy alta. A ella hay que mirar a la hora de explicar por qué en España no han tenido impacto mecanismos de contención del paro como la reducción de jornada, como en Alemania. Basta un vistazo rápido a las estadísticas para ver cómo a lo largo de la historia los ajustes de jornada han perdido peso a medida que lo ganaba la temporalidad.

Así que ahora el Gobierno la ha señalado como el enemigo a batir. "La dualidad entre trabajadores fijos y temporales constituye el problema estructural más grave de nuestro mercado de trabajo", reza uno de los textos que hay en las mesas del diálogo social. Y ahí coinciden expertos, organismos internacionales, políticos y sindicatos. A partir de ahí, discrepancias. Ni la explicación ni las soluciones confluyen.

"El coste del despido es un tema tabú", apunta Ángel Laborda, "en las pequeñas y medianas empresas es un tema importante. Retrae a la hora de contratar". Es su disparo contra los contratos temporales. Esta tesis la comparten los servicios de estudios, organismos internacionales (FMI y OCDE) y Banco de España.

Para Miguel Ángel Malo, de la Universidad de Salamanca, el problema no el coste del despido. Reconoce que es alto respecto a otros países europeos. Pero defiende que este coste laboral no tiene gran incidencia a medio plazo sobre la creación de empleo, sino en su dinámica. Si el gasto en la rescisión es bajo, el paro no da grandes bandazos; si es alto, se crean puestos de trabajo y se destruyen rápido.

"No queremos tocar los derechos adquiridos, pero todo lo que sea acercar los derechos de los temporales a los indefinidos es bueno", explica José Ignacio Echániz, del Partido Popular. Para él, la temporalidad es consecuencia de la excesiva rigidez que hay en mercado laboral cuando se habla de contratos indefinidos. Más explícito es Florentino Felgueroso, de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada. Él se remite a un contrato único con indemnización creciente conforme aumenta la antigüedad en la empresa como primera solución.

Tampoco Jesús Caldera, presidente de la Fundación Ideas, se cierra a esta idea. "Se puede aliviar los costes del despido", afirma quien no obstante advierte que su propuesta es crear un fondo con cotizaciones que se destinaría a la formación del trabajador que pierde su empleo, una variación del modelo austriaco. "Los cambios tienen que caminar en una dirección: revalorizar el valor social del empleo y considerarlo así incluso en momentos de crisis. Hay un campo de trabajo para el cambio cultural, hay predisposición a que cuando las cosas van mal se te envíe a casa", añade, mirando así hacia los contratos temporales.

La opción sindical no camina por estas vías. Admiten la posibilidad de un modelo austriaco que alivie los costes empresariales del despido sin que los trabajadores pierdan indemnización, pero no creen que esa sea el arma principal. Su opción: "Volver a las causas", resume Paloma López, de CC OO. La legislación laboral española exige que los contratos temporales estén justificados. Es decir, que tengan una causa y no sean el mecanismo de entrada al trabajo y la sala de espera del empleo indefinido. Pero la realidad choca con ley. "El sistema español es bastante exigente, pero no se cumple", resume contundente Caldera. El ex ministro reclama más control.

Del tronco principal nacen ramas. La temporalidad lleva a otro gran problema del empleo en España: su baja productividad. Entre 1995 y 2008, esta variable clave para impulsar la competitividad economía apenas creció un 0,51% frente a tasas del 1,88% en Estados Unidos y el 1,5% en Alemania. Para Florentino Felgueroso, también los contratos temporales juegan un papel clave, pues cree que los empresarios no invierten en la formación de estos trabajadores, ni ellos la demandan. "Lo que hay que hacer es formar a los trabajadores", apunta Zubiri, que además añade soluciones para quienes ya no tienen trabajo, donde se centra ahora el verdadero problema: "Hay que mejorar la intermediación y las políticas activas de empleo".

En este punto, la secretaria general de Empleo, Maravillas Rojo, señala que España tiene un reto. "Hay que vincular las políticas activas a las prestaciones", admite. "El proceso de activación y reinserción en el mercado laboral no es tan eficiente como en otros países", describe con mayor crudeza, Torres, de la OIT. Actuar en este campo es una de las recomendaciones que lleva haciendo la OCDE en sus informes sobre empleo en los últimos años.

Para llegar a esto no hace falta un gran cambio legal, basta con profundizar más en la relación entre comunidades autónomas y Ministerio de Trabajo. Y es que si la crisis ha puesto algo de relieve, además de la necesidad de reformar el mercado laboral, es que hay que utilizar con propiedad los mecanismos que ya existen. El cambio número 53 de la norma laboral en España en democracia es necesario, más que nunca. Aunque sin perder la perspectiva de que la reforma puede arreglar problemas pero no crear empleo. Como recuerda Cándido Méndez, líder de UGT: "Si fuera por reformas, en España el empleo nos saldría por las orejas".