La lista de espera de dependientes amenaza con colapsar el sistema

La lista de espera de la dependencia se incrementa año tras año. El número de personas con derecho a una ayuda que no acaba de llegar era de 216.000 en el verano de 2008 y ahora son 252.000 los que esperan en lo que se ha dado en llamar el limbo de la dependencia. Este año, 2010, era clave para desatascar ese tapón porque no entra en el sistema ningún grupo nuevo de dependientes. Pero en enero de 2011, decenas de miles de personas calificadas con dependencia moderada se incorporarán con pleno derecho; ya hay más de 100.000 valorados con ese grado de discapacidad. Eso supondrá un incremento de la lista de espera si las administraciones no reaccionan. Y algunas lo van a tener difícil; demasiados deberes atrasados.

La tardanza para resolver los expedientes genera más y más deuda

En Canarias, un 60% de los usuarios con derecho no recibe su prestación

Un nuevo estudio de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales pone cifras a esta suerte de colapso en que parece haber entrado la gestión de la ley. En 2008, cada mes se firmaban 28.847 ayudas (PIA) como media, que pasaban de inmediato a percibirse. En lo que va de 2010, esa media ha caído a 18.000. "Esto deja ver con claridad que el sistema en algunas comunidades no tiene capacidad de entrega de los servicios y prestaciones a los que las personas tienen derecho; o quizá es una cuestión de voluntad, al menos en algunas comunidades", concluye el informe. "Pero si esto sigue así el sistema podría entrar en colapso", advierte José Manuel Ramírez, presidente de la asociación.

Efectivamente, a todas estas medias, tanto la de las listas de espera como los plazos para atender a los ciudadanos, contribuyen en mayor medida algunas autonomías, que están, desde el inicio de la ley, superando siempre la línea roja. Canarias, Comunidad Valenciana, Baleares, Galicia, Madrid, Murcia y Cataluña, por ese orden, son las que acumulan hoy más lista de espera. Todas están por encima de la media nacional, que se sitúa en un 31,3% de personas desatendidas. En Canarias, un 60% de los beneficiarios aún no recibe la prestación, y un 51% en Valencia. Y en la tasa de atendidos respecto a la población, prácticamente las mismas comunidades están a la cola. De nuevo, Canarias, Madrid, Valencia y Baleares son las que muestran peores datos.

En el Ministerio de Sanidad y Política Social suelen decir que no es una cuestión de voluntad o prioridad política, sino que justifican estas enormes diferencias entre comunidades, entre otras cosas, por la situación de partida de cada territorio antes de implantar este sistema, es decir, la cobertura de servicios sociales de que disponían con anterioridad.

"El problema es que esta tardanza en resolver los expedientes no hace más que generar deuda en unos casos, cuando se trata de prestaciones económicas, y en otros, dada la precaria salud de muchos ancianos, condenarlos a no recibir nunca el servicio al que tienen derecho", dice Ramírez.

No es fácil determinar de qué manera se va a ahorrar con las medidas tomadas recientemente por el Gobierno para contener el déficit en lo que a dependencia se refiere. Lo que sí es cierto es que las comunidades que tienen más deuda acumulada recibirán un alivio para pagar en plazos durante cinco años. Y a todas se les exime de abonar atrasos por las prestaciones económicas concedidas durante los seis primeros meses de los trámites.

El Gobierno pretende con ello desincentivar la preferencia de los ciudadanos por la prestación económica, para que, en su lugar, soliciten un servicio. Pero, si bien es cierto que muchas personas optan por la paga para el cuidador familiar porque llegaba con un regalo en forma de pagos atrasados, también lo es que la escasez de servicios hacía inviable cualquier otra opción. Y que, tal y como se financia ahora esta ley -las comunidades reciben lo mismo por un gran dependiente tanto si es atendido en casa como en un geriátrico-, sale mucho más caro de lo que posiblemente puedan afrontar los Gobiernos autónomos si se concedieran tantos servicios como los ciudadanos solicitan. Son muchos los que, queriendo una plaza en un geriátrico, desisten ante la espera que tendrán que afrontar. Pero no hay datos oficiales sobre esto.

En todo caso, ¿están las comunidades preparadas para resolver los expedientes en seis meses y dejar de generar más y más deuda? Tampoco parece que esto vaya a ser pan comido. Los plazos de espera desde la solicitud hasta que la ayuda se hace efectiva se alargan entre 10 y 17 meses de media, según el informe de la asociación de gerentes, muy lejos de los seis meses que ha fijado el Gobierno y que habrán de cumplir las comunidades. Como siempre, no todas van tan atrasadas.

Porque las solicitudes no dejan de entrar. En los primeros meses de 2010, sin que se haya incorporado al sistema ningún grado más de dependencia, han crecido hasta un promedio de 40.000 al mes. "Esto puede deberse a un espejismo informático: algunas comunidades podrían estar dosificando los datos. La ausencia de un registro único de solicitudes impide comprobar nada", lamenta Luis Barriga, coautor del estudio presentado por la asociación.