Evo Morales pierde el halo de mito intocable

Un soldado boliviano salta una barda de la empresa de generación eléctrica Guaracachi en la que participa la británica Ruelec, junto a él corren otros de sus compañeros como si estuvieran tomando una posición enemiga. Al fondo se ven generadores, torres y un gran cartel multicolor con la palabra "Nacionalizada". Fecha del operativo: 1° de mayo de 2010.

A diferencia de la acción de mayo de 2006 dirigida a la "nacionalización" de las petroleras, por alguna razón inexplicable los militares prefirieron saltar alambrados en vez de entrar por la puerta principal como hizo el presidente Evo Morales para anunciar la compra de las acciones de las empresas eléctricas. De igual modo, a diferencia del 2006, los bolivianos recibieron la noticia del control estatal de cuatro empresas eléctricas con la más absoluta indiferencia, salvo los trabajadores de ELFEC (eléctrica de Cochabamba, también "nacionalizada"), pues en este caso los afectados fueron ellos, propietarios de casi el 80 % de las acciones de la compañía.

El proceso nacionalizador puede costarle al país algo así como el 6% del PIB

Morales tocó techo y está obligado a hacer gestión y mostrar resultados a la gente

La respuesta de las transnacionales tocadas no se hizo esperar. Gran Bretaña expresó su "decepción" por la medida que afectó a Ruelec y comenzó a estudiar un arbitraje. Francia, tras subrayar su respeto a la decisión de Morales, ha anunciado también la posibilidad de ir a un arbitraje si la compensación que se ofrezca a la empresa francesa GDF Suez no es justa.

El modelo nacionalizador de Morales es peculiar, se trata de la compra del paquete de acciones de las afectadas a precios establecidos unilateralmente, aunque supuestamente previa negociación con las empresas. Pero, como en 2006, la medida que ya se preveía, se ejecutó o antes de lo previsto, o sin cumplir las condiciones que el gobierno había adelantado en negociaciones preliminares a las interesadas.

En el caso de las petroleras, estas no dejaron el país y siguen operando aunque en versión ralentizada, como hacen Petrobras, Repsol, Total, British Gas y British Petroleum. A cuatro años de la medida, Bolivia produce un 20% menos de gas para la exportación, importa gasolina y diésel, subvenciona el gas doméstico, y a pesar de ello afronta un serio desabastecimiento de gas licuado para el consumo familiar, sin contar con el hecho de que un presidente de YPFB (la estatal del petróleo) está preso desde febrero de 2009 tras un escándalo de corrupción que estuvo sazonado con una muerte y un maletín con 400.000 dólares que se entregó en una casa del mencionado funcionario, quien era entonces el número dos del partido de Morales.

El presidente constató esta vez que el país no reaccionó alborozado ni lo llevó a la cumbre de la popularidad como entonces. La repetición del libreto mediático esta vez no funcionó. Sin rédito político tangible, lo que Morales debe evaluar son los costos. De modo preliminar se menciona que esta última operación puede significarle mucho más de 100 millones de dólares de erogación, que probablemente se cubran con un préstamo del Banco Central y salgan de las reservas internacionales del país, lo que ha producido ya una polémica, pues de hacerse sería una operación ilegal, dadas las restricciones para el uso de reservas en la normativa boliviana. El vicepresidente García Linera ha estimado que el proceso nacionalizador en su conjunto puede costarle al país alrededor de 1.000 millones de dólares, algo así como el 6 % del PIB.

No es una reflexión menor constatar algunos elementos que sazonan el momento en que se tomó la decisión de hacerse con las eléctricas. Las empresas generadoras se han estatizado cuando la curva entre oferta y demanda está a punto de cruzarse, lo que exige fuertes e inmediatas inversiones en el sector si Bolivia no quiere vivir la experiencia venezolana de cortes de energía en el mediano plazo. Parece claro, además, que esta nueva acción ratifica que no hay argumentos para que empresas internacionales inviertan en Bolivia. Por segundo año consecutivo las inversiones privadas han disminuido y siguen siendo las más bajas de América del Sur tanto en términos absolutos como relativos. La Constitución no ayuda, por el contrario, se reafirma en los principios de la autonomía económica del país para encarar los grandes desafíos que tiene en áreas como la energía, las telecomunicaciones, la infraestructura vial y la transferencia tecnológica, pues en su artículo 320, II, establece: "Toda inversión extranjera estará sometida a la jurisdicción, a las leyes y a las autoridades bolivianas, y nadie podrá invocar situación de excepción". En el caso de la explotación de recursos naturales la Carta Magna dice en su artículo 351, II: "El Estado podrá suscribir contratos de asociación con personas jurídicas bolivianas o extranjeras, para el aprovechamiento de los recursos naturales. Debiendo asegurarse la reinversión de las utilidades económicas en el país". No parece que un inversor extranjero le entusiasme demasiado la idea de que la totalidad de sus ganancias deban reinvertirse en Bolivia, más aún cuando ninguna nación democrática de América Latina plantea tal restricción, muchas son muy favorables a la inversión externa y algunas poseen recursos tan o más variados que los que tiene Bolivia. La limitación en cuanto a la reinversión de utilidades es tan amplia que por inferencia se podría concluir que la obligación de reinvertir, vale tanto para la explotación de recursos naturales como materia prima, así como en su fase de valor agregado e industrialización.

El cuadro se completa con problemas en otros sectores. La italiana Telecom estatizada en 2007 mantiene un juicio internacional con el gobierno sobre el monto de compensación de su paquete de acciones. La inversión minera más grande del país, San Cristóbal, a cargo de la japonesa Sumitomo, afronta una demanda de las comunidades indígenas del departamento de Potosí que exigen un pago por el uso de aguas fósiles, lo que provocó un bloqueo de vías férreas y el sitio a la sede de la empresa por varios días. La empresa hindú Jindall no ha comenzado a desarrollar el complejo de hierro del Mutún, que le concedió el gobierno de Morales hace tres años y medio, y el contrato está al borde de la rescisión.

¿Por qué, en este contexto, la lógica de Morales no cambia? Primero, porque tanto él como su vicepresidente, creen que la estatización de la economía y el control de los recursos naturales será una panacea para Bolivia. Es una convicción intuitiva en un caso y fuertemente ideológica en el otro. Segundo, porque las condiciones de la economía boliviana siguen siendo buenas ante un sostenido nivel de precios internacionales en los tres rubros más importantes de exportación; gas, minerales y soja. No son las cifras fantásticas de 2008, pero son lo suficientemente buenas como para que los indicadores macroeconómicos (escrupulosamente liberales en su manejo), permitan prever para el 2010 un crecimiento del PIB por encima del 4 % y un déficit muy próximo a cero.

El problema es que la ventana de oportunidad no será indefinida. En estos años la matriz productiva sigue anclada en las materias primas y la apertura de mercados e incentivos a la inversión no existe. En algún momento Bolivia tendrá que pagar la factura. Hay dos elementos más. El tamaño de la economía boliviana no permite encarar desafíos multimillonarios como los que requiere el país para romper ese circuito perverso. La capacidad de ahorro es muy baja y, por tanto, el excedente no alcanza para dos tareas: la primera, imprescindible, una inversión social sostenida, y la segunda, muy importante, una adecuada orientación de la productividad.

Contra todo pronóstico, a cuatro meses de iniciado su segundo mandato, Morales comienza a perder su halo de mito intocable. Su afirmación sobre los pollos alimentados con transgénicos, su acusación contra el PP español de golpista, su negativa rotunda a un acuerdo con la UE "porque Bolivia jamás va a negociar el saqueo de nuestros recursos naturales" y su particular explicación a los gays españoles lo ha desgastado en el ámbito internacional. El comienzo de un descontento de los sectores tradicionalmente masistas, que no ven cambios reales en su bienestar y en sus ingresos, lo está desportillando también en Bolivia. Todo parece indicar que Morales tocó techo y que a partir de ahora está obligado a hacer gestión y mostrar resultados a la gente.

Los soldados que tomaron las plantas eléctricas ya están en sus cuarteles. Tanto ellos como la mayoría de los bolivianos, comienzan a tener en la boca el sabor del desencanto.

Carlos Mesa Gisbert fue presidente de Bolivia.