La solución posible

El Ecofin concedió un visto bueno provisional al drástico recorte del gasto público español (pensiones, inversión pública y sueldo de los funcionarios), a la espera de un dictamen definitivo sobre los planes de ajuste de España y Portugal a primeros de junio; y acordó proponer controles armonizados en el área euro para regular los fondos de inversión libre (hedge funds) y de capital riesgo, acusados de desestabilizar los mercados financieros.

Los dolorosos ajustes de España y Portugal son la contribución de ambos países a la estabilidad del euro y el peaje obligado para acceder, si fuera necesario, al mecanismo de rescate de los países en dificultades (por ejemplo, la compra de deuda nacional). A la vez, la regulación de los fondos de riesgo es necesaria si se quiere evitar la volatilidad de los mercados. El euro debe depreciarse para favorecer la recuperación europea, pero no son admisibles desplomes bruscos de su cotización causados por el pánico de los grandes fondos.

Ante el aluvión de lamentaciones (sobre todo de los sindicatos) o de propuestas irrisorias de ahorro público (procedentes sobre todo del PP), hay que insistir en que el plan de ajuste del Gobierno es una condición mínima para eliminar riesgos de insolvencia (o default) y recuperar la confianza en los activos españoles. La evaluación preliminar del Ecofin no ha hecho sino confirmar la evidencia. La obligación política del presidente del Gobierno es defender su plan. Cualquier retroceso o concesión significativa volverá a convocar el fantasma de la indecisión y la sombra de que este Gobierno no es capaz de gestionar una situación tan delicada. La desagradable verdad es que en esta crisis financiera (vivita y coleando, como demuestra la prórroga de las medidas de excepcionalidad financiera, tales como la emisión de bonos bancarios con el aval del Estado) la economía española ha perdido al menos entre un 10% y un 12% de su riqueza y que, por tanto, las rentas deben ajustarse en esa proporción.

En una situación próxima a la emergencia los partidos políticos y los Gobiernos autonómicos deberían apoyar la austeridad obligada (so pena de insolvencia) que propone el Gobierno. Pero de momento no parecen capaces de hacerlo, bien porque no entienden la situación real de la economía, bien porque esperan obtener réditos de las dificultades del Gobierno. Sirva para describir esta incapacidad la ridícula acusación de que "los especuladores han impuesto su ajuste a Zapatero", como si no fuesen las dificultades no resueltas de la economía española las que la convierten en objeto de especulación.

La incapacidad de la oposición para entender la naturaleza y el alcance de esta crisis constituye un grave obstáculo para recuperar la solvencia de las finanzas públicas e iniciar la recuperación. Si no apoya el recorte del gasto del Gobierno, incurre en culpa por su fracaso. No vale desmarcarse con salidas de pata de banco del tipo "este es el déficit de Zapatero". La sociedad española no va a aceptar esta dejación culpable de responsabilidades.