Sería un error

Una de las consecuencias del profundo ajuste del gasto público que anunció el miércoles Rodríguez Zapatero es la quiebra de las excelentes relaciones entre el Gobierno y los sindicatos. Después de una reunión con el presidente en La Moncloa, Cándido Méndez (UGT) e Ignacio Fernández Toxo (CC OO) advirtieron de que las comisiones ejecutivas de ambos sindicatos decidirán hoy si se convoca una huelga general en respuesta a lo que ambas organizaciones entienden como recorte sin precedentes de los derechos sociales; y confirmaron que apoyarán las movilizaciones (como la huelga de funcionarios el 2 de junio) en contra de las medidas que aprobará el Gobierno la semana próxima.

Los sindicatos cometerán un grave error si ceden a la tentación de una respuesta exasperada. El recorte de los salarios públicos, la congelación de las pensiones y la restricción de la inversión pública son los ajustes más rápidos que puede aplicar el Gobierno para convencer a la UE y a los inversores de que su plan de reducir el déficit público (ocho puntos de PIB en cuatro años) es creíble. El escudo de protección articulado el pasado fin de semana por los ministros de Economía de la UE para proteger el euro (nada menos que 750.000 millones) carecería de sentido si no se impone una rigurosa austeridad en los países de la moneda única. CC OO y UGT saben que esas decisiones son inevitables, porque la realidad acaba por imponerse a la insistente fantasía del Gobierno de que nunca tocaría los gastos sociales.

No son estas las únicas razones para llamar a los sindicatos a la prudencia. Después del ajuste del gasto, inevitable factura de la crisis, la economía española necesita de una reforma bien orientada del mercado de trabajo; esa reforma no llegará a buen puerto en un clima de alboroto y mal entendimiento con el Gobierno. Además, la recuperación de la economía y la creación de empleo se convertirán en tareas imposibles si al recorte de la inversión pública se añade un clima de malestar social. Hay, en fin, una razón de carácter muy práctico: una huelga general cuenta con una probabilidad elevada de fracasar.

Tampoco aciertan los sindicatos en explotar el estribillo de que el coste de la crisis recae ahora sobre las rentas más bajas por la presión de los mercados ("pirómanos que ahora quieren hacer de bomberos"). Si lo que quieren decir es que los mercados piden con demasiada histeria una regulación a fondo, prometida y no cumplida, tienen razón. Pero el coste de la recesión lo han pagado más que nadie los más de dos millones de personas que han perdido su empleo desde 2008, en su mayoría contratados temporales sin protección sindical. Ese es un camino claro para UGT y CC OO (aunque difícil): pacten una reforma laboral que acabe con la dualidad del empleo. Pero en un clima de entendimiento y no de algarada callejera.