Montilla pone a 260 empresas públicas en el punto de mira de los recortes

De TV-3 a la Agencia Catalana del Agua, pasando por los albergues juveniles y el Teatre Nacional. El Gobierno catalán no limitará los recortes presupuestarios -y de salarios- a los departamentos de la Generalitat. Hasta 260 empresas, consorcios y agencias participadas por el Gobierno catalán están en el punto de mira de la comisión que está estudiando, por encargo del presidente José Montilla, cómo adelgazar la Administración. Es otro intento, el enésimo, de hacerla más sostenible y adaptada a los nuevos tiempos de austeridad. Los expertos que asesoran al Gobierno se han dado un máximo de tres semanas para entregar las conclusiones del estudio que, avanzan, deberá tener impacto en la estructura y el coste de muchas de estas empresas.

Las primeras conclusiones de los expertos, todavía no oficiales, apuntan a que debe reducirse el número de entidades mediante fusiones o absorciones, y que la Generalitat debe extremar el control sobre ellas. Una de las propuestas que se barajan es centralizar en un único organismo el control de todas estas empresas y consorcios que ahora se encuentran desperdigados entre la burocracia de 15 departamentos. Algunos de los expertos avalan que se intente establecer un método de control similar al puesto en marcha por el Gobierno francés, que ha creado una agencia centralizada para mirar con lupa las compañías en que el Estado tiene intereses.

Uno de los expertos consultados niega que haya un descontrol generalizado, pero sí observa puntos susceptibles de mejora. "Hay empresas con mucho personal cuyo gasto es perfectamente justificable, pero otras, más pequeñas, parecen negociados creados expresamente para colocar a gente", certifica.

Los expertos que asesoran a la Generalitat son los catedráticos Rafael Jiménez y Joan Subirats, y los profesores Joan Mauri y Francisco Longo. Presidencia señala que el informe que entregarán se traducirá en resultados en breve, por más que la legislatura se encuentre en la recta final. "Habrá dos tipos de medidas: unas que se aplicarán a corto plazo y otras que se afrontarán en la legislatura que viene".

De ahí la dificultad de avanzar la traslación en dinero del plan de austeridad. Como primera aproximación, dos de las medidas avanzadas en Madrid y en Cataluña ayudarán a encoger el gasto de la Generalitat en unos 265 millones de euros sólo en el medio año que queda. Según los presupuestos de 2010, la remuneración del personal del conjunto del sector público catalán, incluida la retahíla de entidades, sociedades y consorcios lo conforman, asciende a 10.144 millones, a los que deben restarse 1.525 millones correspondientes a la Seguridad Social.Una rebaja media del salario del 5% sobre esos 8.619 millones restantes arroja un ahorro de 430,95 millones para el Gobierno catalán a resultas del recorte anunciado por José Luis Rodríguez Zapatero. Como la medida se aplica medio año -aunque en 2011 también se hará-, la cifra se queda en 215,4 millones. Ahora bien, está por ver cómo se decide pasar la tijera: si al salario base o a los complementos de que se compone también la nómina de los funcionarios (el de destino y el de específico, y es este último en el que la Generalitat tiene mayor margen de actuación). El sueldo medio de un funcionario de la Generalitat asciende a 32.218,7 euros, según la media que resulta de la tabla salarial, que incluye 69 categorías.

Por otra parte, el consejero de Economía y Finanzas, Antoni Castells, ya ha avanzado que se aumentará un punto el tipo general que se aplica al impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP), que grava sobre todo la compraventa de viviendas de segunda mano. Pasará del 7% al 8%. Aún no está claro que aumente la segunda parte del tributo, la que grava las hipotecas, a través de actos jurídicos documentados (AJD), pero todo indica que sí.

El ITP supone un 47,65% del impuesto, que según las previsiones de recaudación de 2010 se traduce en 697,81 millones de un total de 1.466 millones. Una subida de un punto equivale a 100 millones, pero para medio año se queda en 50 millones. "Hay que hacer este esfuerzo y hay que hacerlo de forma justa y equitativa", clamó ayer Castells en el Parlament, donde reconoció que su Gobierno ha encargado demasiados informes de dudosa utilidad.

Fuentes de la Generalitat consideraron asumible el esfuerzo que debe realizarse, aunque los gastos de los departamentos están en muchos casos al límite y las resistencias son previsibles.También en los municipios. El alcalde de Reus, Lluís Miquel Pérez (PSC), advirtió ayer de que no bajará el 5% del sueldo a los funcionarios municipales si no es obligado por ley. Los municipios han convocado una reunión de urgencia para finales de mes.

"No se podía esperar más, no podíamos seguir sin dar un mensaje a los mercados sobre la reducción del déficit", señaló sobre el recorte avanzado por Zapatero el presidente del Círculo de Economía, Salvador Alemany. Pero las medidas anunciadas "no se pueden quedar aquí", puntualizó. "Son medidas parciales, esto no acaba aquí", insistió el vicepresidente de la institución, Artur Carulla, en la presentación de las próximas jornadas de economía de Sitges. Carulla lamentó que ni Zapatero ni su ministra de Economía, Elena Salgado, acudan a explicarse ante los empresarios catalanes. Mariano Rajoy sí lo hará.