Uno de cada 10 asalariados trabaja en el sector público
La Generalitat emplea a la mitad - El salto entre el sueldo menor y el mayor sube el 14% desde 2003
Más de la mitad de los jóvenes catalanes quieren ser funcionarios. Y una idéntica proporción de parados plantea presentarse a oposiciones para trabajar en la Administración. Así lo señalan varias encuestas. Los alicientes son un puesto de trabajo fijo y un horario. Y ese es el argumento de quienes están a favor de la bajada salarial del 5% anunciada por el Ejecutivo central: si los trabajadores de las empresas privadas asumen el coste de la crisis con el despido, los funcionarios deben aceptar una rebaja de su sueldo.
En Cataluña 299.779 personas trabajan en la función pública, el 10% de todos los asalariados. De estas, la Generalitat emplea al 54,1%; el Gobierno central, al 10,4%, y las administraciones locales, al tercio restante, según un estudio de la patronal Pimec.El adelgazamiento de la Administración y las rebajas salariales de los empleados públicos han sido uno de los caballos de batalla de las patronales. Los empresarios razonan que si la crisis ha afectado a todos los ciudadanos, los empleados públicos deben asumir ese coste. Los sindicatos plantean lo contrario y argumentan que la estabilidad laboral es la única vía para dar servicios de calidad a los ciudadanos y que, además, era el único colectivo con un consumo estable.
Cataluña tiene menos funcionarios por los servicios concertados
Los expertos sugieren introducir el trabajo por objetivos
En las dos legislaturas del tripartito, entre 2004 y 2009, la plantilla de la Generalitat creció el 23,8%. Fue la Administración que contrató a más empleados, por delante de las instituciones locales, con el 20,1% más de trabajadores, según Pimec. En cambio, el Gobierno central redujo sus funcionarios en Cataluña el 4,5%. El salto de la Administración autonómica, no obstante, se justifica por la contratación de profesores y por el despliegue de los Mossos d'Esquadra, que supuso incorporar a más policías.
El incremento también se explica por el aumento de empresas públicas integradas en la Generalitat. Según datos del Ejecutivo catalán, en 2003 tenía 92 sociedades, mientras que ahora tiene 203 empresas que dan trabajo a 35.156 personas. Y es ahí donde, según las patronales, hay recorrido. Estas calculan que el 5% del trabajo de la Administración está externalizado, lo cual consideran insuficiente. Los sindicatos también rechazan esta petición.
El profesor del Centro Sector Público-Sector Privado del IESE Joaquim Triadú indica que el "margen de maniobra de la Administración para no crecer" es "bajo". Cataluña seguirá necesitando más profesores, médicos y policías. Y aun así, Triadú pone en perspectiva el volumen de funcionarios: Cataluña es la comunidad con una menor proporción de trabajadores públicos.
La Comunidad de Madrid es la autonomía con más funcionarios en números absolutos y la segunda con relación a sus habitantes. Cuenta con 422.848 funcionarios, 65,7 empleados por habitante. Ello se debe a que la capital española concentra los órganos del Gobierno central, lo cual, según los expertos, también ha permitido que el paro se mantenga en tasas más bajas que en el resto de las comunidades.
Con relación a la población, la autonomía con más funcionarios es Extremadura, seguida de Madrid, Aragón, Castilla y León, y Castilla-La Mancha, por encima de 60 empleados públicos por habitante. Cataluña es la que menos tiene, tanto por habitante (38,1) como por población ocupada, puesto que cerca del 10% de los catalanes con un puesto de trabajo son funcionarios. Una de las razones es el peso de la escuela y la sanidad concertadas.
El director del Servicio de Estudios Económicos y Sociales de Fomento, Salvador Guillermo, explica que el mayor lastre lo tiene el Gobierno central. "Sigue aumentando su plantilla pese a que ha ido traspasando competencias a las comunidades", asegura. En los últimos siete años, la plantilla del Estado ha crecido en 34.010 funcionarios tras un lustro en el que fueron bajando.
Según los cálculos de este diario, el Gobierno catalán podrá ahorrarse este año 215 millones de euros en sueldos. Sin embargo, los sindicatos recuerdan que el capítulo 1, el que hace referencia a las retribuciones, es muy amplio para ir recortando. Es decir, incluye desde el sueldo del presidente del Gobierno, de 169.446 euros, hasta el más bajo de la plantilla, de 16.491 euros. La tabla salarial de los funcionarios, asimismo, es muy dispar. Hay 69 categorías que van desde esos casi 16.500 euros hasta los 70.296 del nivel más alto.
La brecha salarial no hace más que abrirse, según un estudio de la sección sindical de CC OO del Departamento de Innovación, Universidades y Empresa. La diferencia entre el que más cobra de esa escala salarial y el que menos percibe se ha incrementado el 14,07% entre 2003 y 2009, de forma que la distancia pasó del 311,2% al 325,7%.
Para Francisco Longo, sin embargo, esa brecha está justificada e incluso es insuficiente. Según el director del Instituto de Dirección y Gestión Pública de ESADE, los sueldos de los funcionarios de base son demasiado altos, en comparación con lo que se paga en la empresa privada, mientras que la retribución de los puestos superiores está "por debajo de mercado". Esta situación hace complicado "atraer talento, ya que los mejor preparados para puestos cualificados se van a la empresa privada", razona.
No opinan lo mismo los trabajadores, cuyo objetivo es que el salario más bajo de ningún convenio esté por debajo de los 1.000 euros. Algo que comparte la Generalitat, siempre que se aumente la productividad. Y es que ese es uno de los retos de la función pública, según los expertos consultados. "Sería interesante introducir aspectos del sector privado, como el trabajo por objetivos", asegura Triadú.
La segunda asignatura pendiente es, según este profesor, introducir elementos de flexibilidad, desde optimizar los horarios hasta romper la rigidez para moverse entre departamentos y administraciones. Algo que trata de favorecer el Gobierno catalán, que quiere reservar el 15% de las plazas a la movilidad laboral a través de la Ley de la Función Pública, en trámite parlamentario.
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