La juez argentina rechaza la querella contra el franquismo

Los abogados que presentaron ante los tribunales argentinos la primera querella contra crímenes del franquismo anunciaron ayer que recurrirán la decisión de la juez de primera instancia que ordenó archivar la causa. "La próxima semana acudiremos a la Cámara Federal de lo Criminal para solicitar que se revoque esa decisión, se acepte la demanda y se dé luz verde a los procedimientos", informó a EL PAÍS el letrado Beinusz Smukler.

Según Smukler, no se conocen todavía los argumentos y fundamentos de derecho a los que alude la juez en su fallo para desestimar la demanda. "Suponemos que serán los mismos que alegó el fiscal, partidario también de rechazar la querella. Según el escrito del fiscal, se trataba de aplicar el principio de subsidiaridad, es decir, de no investigar en Argentina algo que ya está sometido a investigación en los tribunales de otro país", explicó el abogado de Darío Rivas, el español, hijo de un alcalde gallego asesinado por falangistas durante la Guerra Civil. "Si fuera así, nosotros solicitaremos que el fiscal acredite esas investigaciones judiciales supuestamente abiertas en España, porque no tenemos constancia de ninguna", aseguró.

Ninguna relación

El abogado, muy conocido por su vinculación a casos de desaparecidos y asesinados durante la dictadura militar argentina, mantiene que las investigaciones para la apertura de fosas comunes, iniciadas en algunos lugares de España y que menciona el fiscal argentino, no tienen nada que ver con el objetivo de averiguar qué pasó con el paradero de 113.000 españoles que fueron asesinados durante o al término de la Guerra Civil, según diferentes investigaciones académicas. "Sobre eso es sobre lo que quiso investigar el juez Baltasar Garzón, con el resultado conocido".

Desde que Garzón repartió la causa en los juzgados territoriales prácticamente ninguno ha investigado u ordenado la apertura de fosas. Y la titular del juzgado de Granada que recibió la parte referida a la fosa de Federico García Lorca y el juzgado de El Escorial, en Madrid, el del Valle de los Caídos, devolvieron la causa a la Audiencia Nacional por entender que se trataba de crímenes contra la humanidad.