Cobo: "El informe prueba que agentes a las órdenes de Granados me espiaron"

Cinco subordinados del consejero de Interior de Madrid, Francisco Granados, comparecen hoy como imputados ante la juez que investiga el espionaje en 2008 al vicealcalde Manuel Cobo y al ex vicepresidente segundo Alfredo Prada -ambos desafectos a Esperanza Aguirre-, presuntamente ejecutado por agentes a sueldo del Gobierno madrileño. Los citados son los asesores de Granados y ex guardias civiles José Luis Caro, José Oreja y Antonio Coronado; el ex director general de Seguridad Sergio Gamón, y el empleado público José Manuel Pinto, al que una doble prueba pericial de este diario identificó como el autor de las notas manuscritas de los partes.

Para Cobo, "ha quedado absolutamente comprobado y certificado" el espionaje sufrido por él y por Prada con el informe policial que analiza los posicionamientos telefónicos de los agentes de Granados investigados, tres de los cuales resultan cazados en los lugares y horas que describían los espías en los partes de seguimiento que publicó EL PAÍS. "No hay ninguna duda, es imposible la coincidencia de los posicionamientos telefónicos recogidos en el informe policial con aquellos partes que se decía que alguien se había inventado. Pues quien lo hizo tenía que tener la capacidad de saber que cuando decía que a determinada hora estaban siguiéndome, había varias personas que trabajan a las órdenes de Granados que estaban en ese punto donde decían los partes, tanto en mi caso como en el del señor Prada", proclama Cobo. "Es imposible esa coincidencia", remacha el vicealcalde, "si no fuera porque alguien efectivamente estaba espiando".

El Gobierno de Aguirre da por hecho que el caso será archivado

El vicealcalde: "Alguien, efectivamente, estaba espiando"

Granados tiene una visión de la comparecencia radicalmente distinta de la que ofrecen sus compañeros de partido que sufrieron el espionaje. El consejero de Interior anticipó cuál iba a ser hoy la defensa de sus asesores ante la juez: que Prada fue objeto de escoltas y contravigilancias -ambas vetadas legalmente a sus agentes- "como cualquiera de los miembros de su Gobierno". Granados insinuó que el caso iba a archivarse y explicó: "La juez encargada del asunto [Carmen Valcarce] les llama para que ratifiquen su anterior declaración, y sólo quedará la duda sobre la escritura en los partes que se apuntaba a una persona concreta [Pinto], que ha pedido que le hagan un peritaje caligráfico en sede judicial. Ese es el fleco pendiente para limpiar el buen nombre del funcionario". El vicepresidente Ignacio González, también auguró el inminente archivo de la causa: "Se ha acreditado que no existe una trama ni está organizada ni la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha todo este presunto aparato de espionaje, y que no ha habido ese presunto seguimiento ni en el caso de Prada ni en el de Cobo".