El voto unitario catalán

No sé si estamos asistiendo a la cosecha tardía de la segunda transición proclamada en su día por Aznar, pero es indudable que asistimos a un intento de contrarreforma del proceso democrático español, con la aquiescencia del PP y la asombrosa pasividad del presidente Zapatero.

El proceso a Garzón abierto por el Tribunal Supremo marca una peligrosa relectura de la transición. Lo que se pactó entonces fue la amnistía, no la amnesia. Se ponía el reloj judicial a cero, para poder negociar la construcción de la democracia sobre el principio de reconciliación nacional. Pero en ningún lugar estaba escrito que ello equivaliera al blanqueo general del régimen anterior. Al contrario: la capacidad de elaborar el duelo sobre el pasado sería la prueba de que la democracia española está ya madura. Si esto todavía no es posible, si España sigue siendo incapaz de afrontar la cuestión del franquismo como constata con estupor la prensa extranjera, es o bien porque la democracia todavía no ha alcanzado su velocidad de crucero o bien porque hay un proceso de contrarreforma puesto en marcha. Si el proceso a Garzón suscita tanta controversia es precisamente porque se extiende la sensación de que la democracia española va con el freno puesto.

El Constitucional ha aceptado el envite de confrontar su legitimidad con la de la soberanía popular catalana

Igualmente, la desdichada historia del Estatuto catalán y el Tribunal Constitucional revela un bloqueo del proceso autonómico. Y sorprende el pasotismo de Zapatero. El Estatuto que está en cuestión es del presidente más que de nadie. El Estatuto de los parlamentarios catalanes era el que salió del Parlament. Y fue Zapatero el que le pasó el cepillo, asociado con la innegable vocación pactista de los catalanes. Sería lógico esperar que él fuera su principal defensor. Sin embargo, ahora está desaparecido. El hecho es que, con el concurso inestimable del PP como cooperador necesario, el Tribunal Constitucional ha aceptado el envite de confrontar su legitimidad con la de la soberanía popular catalana. Rechazado un proyecto de sentencia malo, ya sólo puede haber una sentencia peor. Estamos así ante un proceso revisionista que se realiza con la impunidad que da una creencia, desgraciadamente fundada: que no pasará nada, que los catalanes cuando se sienten agredidos tienen una reacción inicial fuerte, pero que escampa muy deprisa.

Ante esta realidad, creo que más que nunca es necesario hacer una advertencia clara a quienes gobiernan hoy en Madrid y a quienes pueden gobernar en el futuro. Y esto sólo puede conseguirse con algo que realmente pueda hacer daño a las aspiraciones de poder de cada cual. ¿Cómo? Pues sencillamente con un pacto de solidaridad de los partidos catalanes (el PP catalán se excluye él mismo al apoyar el recurso de anticonstitucionalidad) para votar conjuntamente en el Parlamento español en aquellos temas que conciernen a las cuestiones básicas de Cataluña y de sus instituciones. Puesto que son disputas por el reparto de poder, hay que acudir a ellas con toda la fuerza de la que se dispone en cada núcleo de poder. Y en el Parlamento español, la fuerza es la suma de escaños que vienen de Cataluña. Que el PSOE sepa que el apoyo del PSC y de CiU no es gratis, y que el PP sepa que el de CiU tampoco. El PSOE nunca ha creído que el PSC pueda votar en contra de él. La única forma de que se lo crea es que el PSC ejerza su arma.

Siempre he sido partidario de que los sistemas políticos se estructuren conforme a la normal confrontación entre derechas e izquierdas, con gobiernos y oposiciones fuertes. Y creo que Esquerra hizo una aportación positiva al validar esta opción con su apuesta por el tripartito. Otra cosa es que después la izquierda lo haya hecho mejor o peor. Sólo excepcionalmente me parece justificable una gran coalición entre los dos principales partidos. Es una opción que gusta mucho al poder económico, probablemente porque piensa que en este marco podría influir más que nunca. Pero no creo que se dé la situación excepcional que lo justificaría. Sí creo, sin embargo, que es ineludible, más allá de la normal confrontación democrática interna, establecer una base unitaria en las instituciones españolas. Y eso empieza por una coordinación parlamentaria en Madrid que asegure el voto conjunto de los diputados catalanes en las cuestiones básicas para Cataluña. Los que piensan que "cuanto peor, mejor" dirán que es un ejercicio de pragmatismo que no hará más que retardar la confrontación principal. Pero la querencia de los catalanes ha sido siempre avanzar con estropicios limitados y este, por pequeño que parezca, sería un gran paso: los dos grandes partidos españoles se lo pensarían dos veces antes de repetir humillaciones como la del Estatuto.