Industria intenta cortar el gasto en renovables para frenar tarifas

El 1 de julio toca revisar las tarifas eléctricas. Un asunto delicado. El Ministerio de Industria lo sabe bien. Por ello, estudia cómo aliviar la presión sobre el recibo de la luz que pagan 22 millones de usuarios y que en enero subió el 2,6%. Una opción, en medio de una tormenta económica que no escampa, es examinar el coste de la que es todavía una apuesta estratégica del Ejecutivo: el desarrollo de las energías renovables. En eso está el ministerio.

La idea circula hace semanas. A principios de abril, en Tarragona, en una cena, y ante decenas de empresarios, un conocido político nacionalista adelantó, según uno de los asistentes, dos de las ideas que incendian ahora el sector de las energías renovables: que el Gobierno y las grandes eléctricas podrían haber acordado no tocar las tarifas y que podría estar en marcha un fuerte recorte de primas para proyectos solares.

A tenor de cómo han discurrido los acontecimientos, el político catalán manejaba buena información. En apenas dos semanas, la posibilidad de que el Gobierno decida un recorte de las primas ha provocado la unión de todas las patronales de renovables, caídas bursátiles de las empresas más destacadas y leves intentos del ministerio por echar balones fuera.

Las presiones son múltiples. Las patronales de renovables, unidas por primera vez, advierten de que un recorte mal pensado -que afectara incluso a instalaciones que ya están funcionando- puede poner en peligro un sector puntero que ha puesto a España como ejemplo de buen hacer.

Desde las grandes compañías energéticas, agrupadas en la patronal Unesa, hay llamadas a racionalizar los incentivos. Pero no son unánimes. Gas Natural Fenosa, por ejemplo, ha cuestionado duramente la evolución de las renovables y su presidente, Salvador Gabarró, ha defendido incluso la conveniencia de que las tarifas suban hasta un 20% para tener un mix energético "sostenible también económicamente". El discurso de Iberdrola tiene otros matices: su gran buque Iberdrola Renovables forma parte de la Asociación Empresarial Eólica, y distingue entre tecnologías rentables y otras que lo son menos. Por supuesto, la eólica es rentable. Así lo dicen los números, sostienen.

Los datos -de la CNE, para evitar suspicacias- muestran que las primas a la energía solar en 2009 ascendieron a 2.688 millones para una producción que cubrió el 2% de la demanda. La cifra supone el 57% de los 4.719 millones dedicados el año pasado a solar, eólica, hidráulica y biomasa. Mientras, la eólica -destacan fuentes de Iberdrola- recibió 1.608 millones y cubrió el 13% de la demanda (18% hasta abril).

Marco legal agitado

Aparentemente, los números dejan en mal lugar a los más afectados, los empresarios fotovoltaicos, a algunos de los cuales se les acusa de producir incluso de noche. Pero sí hay argumentos. Porque no hay duda de que el conjunto de las renovables contribuye a moderar los precios de la energía, evita emisiones de gases y ahorra importaciones de carburantes.

Y si eso no basta como defensa, queda el derecho. El marco, agitado, en el que se mueve el sector discurre entre dos decretos, el 661/04 y el 1578/08. El primero, sobre el que se apoyó el despegue de las renovables, afecta a todas las tecnologías. El segundo, que establece cupos y registros, sólo afecta a la solar fotovoltaica, en un intento de racionalizar su auge. Uno de los presidentes de patronales de renovables recalcó en la reunión que mantuvieron esta semana que el desarrollo del sector se basa en el imperativo legal de alcanzar el 12% de la energía primaria con renovables en 2012 y el 20% en 2020. Un paraguas que no cubre a otras empresas que, en un mercado liberalizado, apostaron por inversiones -en ciclos de gas-, ahora en la picota.

Con la batalla en auge, conviene no perder perspectiva. El famoso decreto 661/04, ahora cuestionado, fue elaborado en Industria, pero supervisado en la Oficina Económica del Presidente del Gobierno. La Oficina modificó el borrador inicial para apostar por los proyectos eólicos sin prever la explosión de proyectos fotovoltaicos. Ahora, se da la circunstancia de que quien supervisó la norma -el entonces director de la Oficina Económica, Miguel Sebastián- es también quien, como ministro, estudia modificarla.