Los municipios aspiran a los ingresos de las comunidades

El Gobierno y las comunidades autónomas atraen todos los focos, pero son los ayuntamientos los que sufren el rigor del desplome de los ingresos públicos en primera línea. Como el resto, en los buenos tiempos pisaron el acelerador del gasto y ahora, con las arcas demediadas, se enfrentan a la disyuntiva de recortar plantillas o de dejar de prestar servicios. Pero lo que hace que esa elección sea más apremiante es que, a diferencia de otros niveles de la Administración, apenas tienen margen para aumentar la recaudación con subidas de impuestos (el alza en las tasas tiene un efecto en los ingresos limitado). Y el recurso al endeudamiento está muy acotado por la ley. Resultado: es la Administración con menor nivel de déficit (0,5% del PIB) y deuda pública (3,3% del PIB), pero la que tiene más dificultades.

Apenas tienen margen para aumentar recursos con más impuestos

Expertos y políticos locales coinciden en señalar que en 2011 la situación será peliaguda: el sistema de financiación va con dos años de retraso, y las entidades locales deben devolver entonces, con las arcas ya tiritando, el dinero que el Ejecutivo central les transfirió de más en 2009, basándose en unas previsiones que la Gran Recesión destrozó. También coinciden en que la solución pasa por que se culmine la reforma de la financiación local, patata caliente de los últimos Gobiernos, y se cierre, de forma definitiva, el reparto de competencias. Pero, como señala Alfonso Utrilla, profesor de Economía de la Universidad Complutense, "con el sistema tributario funcionando tan mal por la crisis, es el peor momento posible".

"Si las entidades locales sólo prestaran el mínimo de servicios que les exige la ley, tendrían muchos menos problemas", puntualiza Núria Bosch, catedrática de Hacienda Pública de la Universidad de Barcelona. Aprovechando el maná de los ingresos públicos derivados del boom inmobiliario, los ayuntamientos se lanzaron a atender "las necesidades de los ciudadanos", argumento infinito que justifica cualquier decisión. "Si el pueblo de al lado hacía un campo de fútbol de hierba o un polideportivo, tú hacías otro igual", ejemplifica Bosch. Son inversiones que luego hipotecan gasto corriente.

Pero el desembolso no se hinchó sólo para lograr votos. En muchos casos, las leyes de las comunidades obligan a los ayuntamientos a completar proyectos autonómicos. En otros casos, es el dinero municipal lo que permite que los equipamientos sociales sigan en marcha. Y aquí es donde entra en juego la falta de definición en el reparto de competencias.

"Tras el pacto de la financiación autonómica, ahora toca descentralizar desde las comunidades a los municipios, que tengan una mayor participación en sus ingresos", afirma la catedrática de la Universidad de Barcelona, en alusión a uno de los puntos clave de la reforma de la financiación local, que el Gobierno ha prometido afrontar en 2011.

La situación es tan precaria que ha llevado al Ejecutivo a concentrar en los municipios sus fondos extraordinarios de inversión (13.000 millones del Plan E entre 2009 y 2010) y a facilitarles financiación para que puedan pagar a los proveedores. Y, aun así, algunos ayuntamientos (Jerez de la Frontera es la localidad de mayor tamaño afectada) han tenido que recurrir a expedientes de regulación de empleo. "Aunque su utilidad a medio plazo sea dudosa, los fondos del Plan E han cumplido con el cometido de completar el gasto de capital de los municipios, pero siguen teniendo muchos problemas con el gasto corriente", señala Utrilla, quien cree que, como ocurriera con las comunidades, el Gobierno tendrá que aplazar las devoluciones de 2011 "si no quiere que la situación sea insostenible".

"La descentralización está por terminar, las comunidades debían dejar la gestión de las políticas sociales a los ayuntamientos o entidades mancomunadas, como se hace en algunos países nórdicos, y centrarse en el diseño de políticas y en el control de resultados", opina Joan Subirats, del Instituto de Políticas Públicas de la Autónoma de Barcelona. Más allá de la voluntad de las comunidades, el problema radica en el minifundismo de la Administración local, con más de 8.000 entidades. "La mancomunidad para prestar ciertos servicios debería ser obligatoria", aconseja Bosch.