Los jueces del punto final

La querella del pseudosindicato ultraderechista Manos Limpias contra el juez Baltasar Garzón por su investigación del franquismo, a la que se ha sumado Falange Española de las JONS, ha permitido al juez instructor del Tribunal Supremo Luciano Varela sentar en el banquillo a Garzón por un supuesto delito de prevaricación, castigado con inhabilitación para ejercer como juez por un periodo de 10 a 20 años. La apertura del juicio, la suspensión de funciones, el destierro de su despacho en la Audiencia y la foto del magistrado en el banquillo pondrán fin a la carrera de Garzón, antes incluso de que recaiga la previsible condena de inhabilitación.

A última hora, en plena lluvia de adhesiones a Garzón procedentes de todo el mundo, Varela ha conseguido el apoyo de los mismos magistrados que admitieron la querella, para que se corresponsabilicen con él del caso. Estos jueces han sido también los que denegaron a Garzón su último recurso y los que previsiblemente le juzgarán y dictarán sentencia.

El presidente, Saavedra, siempre estuvo en contra de los 'jueces estrella'

Su liderazgo moderado ha sido arrinconado por posiciones radicales

- Juan Saavedra Ruiz, presidente de la Sala Penal del Supremo. El 20 de diciembre de 1999, Saavedra concedió una entrevista a este periódico después de ser elegido magistrado del alto tribunal:

Pregunta. "¿Qué opina usted sobre el nuevo tipo judicial que se ha denominado juez estrella, como podría ser Baltasar Garzón?".

Respuesta. "Soy totalmente contrario. Quizá tengo una concepción demasiado ortodoxa del ejercicio de la función judicial, y el juez estrella está jugando siempre con el principio de oportunidad".

La opinión "totalmente contraria" al "juez estrella" Baltasar Garzón que cultivaba en 1999 el hoy presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo no le ha impedido presidir las tres salas de admisión que han aceptado a trámite las tres querellas interpuestas contra el juez y que hasta ahora han rechazado todos sus recursos y denegado todas las peticiones de prueba.

Cofundador de la asociación judicial Francisco de Vitoria, Saavedra pasó 13 años al frente de la Audiencia Provincial de Vitoria en los años difíciles del terrorismo aunque, según dijo él mismo entonces, nunca se había sentido "presionado por la situación".

De talante conservador moderado, Juan Saavedra había presidido sin apenas tropiezos la siempre conflictiva Sala de lo Penal del Supremo durante los últimos cinco años. Como presidente ha procurado ser un factor de estabilidad y un punto de encuentro entre el bloque conservador y el progresista, en parte porque no ha habido grandes tensiones en estos años, pero sobre todo porque ambos bloques ideológicos han admitido su autoridad como árbitro de casi todas las situaciones.

Pese al desequilibrio en estos últimos años en la Sala Penal a favor del bloque conservador (casi dos tercios de la plantilla de la Sala son ideológicamente afines al PP), Saavedra había sabido conciliar tendencias y actitudes y su mandato gozaba de reconocimiento y prestigio.

Esta situación de equilibrio empezó a cambiar tras la llegada a la Sala de los dos últimos magistrados, Luciano Varela y Manuel Marchena, fruto de las negociaciones que superaron la típica situación de bloqueo en el Poder Judicial, y que propulsaron a la Sala Penal a los dos candidatos más beligerantes de cada sector. Con el regreso al Supremo del magistrado Adolfo Prego al término de su mandato en el Consejo del Poder Judicial en 2007, quedó completada la deriva de la Sala Penal.

En el último año, el liderazgo moderado de Saavedra ha sido arrinconado por las posturas más derechistas y radicales de Prego, que pronto encontró seguidores entre los magistrados nombrados durante su etapa de vocal del Poder Judicial. El presidente ha ido cediendo terreno a remolque de este grupo, eludiendo enfrentamientos en un año en que toca renovar la presidencia de la Sala Penal y Saavedra apunta a repetir cargo.

Desde el inicio del caso Garzón, la etapa de moderación ha saltado por los aires. Sin su beneplácito posiblemente no se hubiese producido el encadenamiento de querellas contra Garzón. Su actitud hacia las asociaciones de víctimas del franquismo, a las que despachó con un destemplado "absténganse de perturbar al Supremo", le ha valido ya una querella por prevaricación. Y el escándalo mundial sin precedentes que ha puesto el foco sobre la Sala Penal del Supremo es, por ahora, el broche final a sus cinco años de presidencia.

- Adolfo Prego de Oliver, ponente de la querella de Manos Limpias. A diferencia del presidente Saavedra y del magistrado Joaquín Jiménez, Adolfo Prego, de 58 años, no se ha curtido como juez en los escenarios duros del País Vasco con su trasfondo de terrorismo, aunque el terrorismo es uno de los temas recurrentes en sus conferencias sobre la desintegración de España. Su imparable ascenso hasta el alto tribunal se ha proyectado desde la Audiencia Provincial de Segovia, uno de los destinos judiciales más cotizados por su proximidad a Madrid y su escaso índice de litigiosidad.

La trayectoria de Prego se ha cimentado sobre todo en sus afinidades ideológicas con el sector más ultraconservador de la Asociación Profesional de la Magistratura y del Partido Popular, que le colocaron en el Tribunal Supremo con 47 años durante la presidencia de José María Aznar.

Hábil, inteligente y muy táctico, Prego se ganó incondicionalmente al izquierdista Luciano Varela al consentir su nombramiento para el Supremo después de tres o cuatro fracasados intentos. Varela, agradecido, incluso le designó como padrino suyo en su toma de posesión. Aunque en el Poder Judicial ya dejó su impronta en estudios y dictámenes, en Internet pueden consultarse las declaraciones de Prego a la revista de la Hermandad del Valle de los Caídos o en los cursos de verano de la fundación Defensa de la Nación Española (Denaes), en los que sostiene sin tapujos que la Constitución tiene tantos defectos que ha creado "más problemas que los que resuelve".

Asegura que a España la están "asfixiando" a través del BOE y rechaza desde el matrimonio homosexual a la asignatura de Educación para la Ciudadanía, pasando por la "nefasta" ley de violencia de género. La admisión de la querella de Manos Limpias contra Garzón provocó que las asociaciones de recuperación de la Memoria Histórica denunciasen la condición de Prego como patrono de honor de Denaes y su apoyo a un manifiesto contrario a la Ley de la Memoria Histórica, por el que intentaron, sin éxito, su recusación.

Ahora es el hombre fuerte de la Sala Penal del Supremo y podría disputarle la presidencia de a Saavedra.

- Joaquín Giménez García, magistrado. Para muchos magistrados y juristas progresistas fue una dolorosa sorpresa ver el nombre de Joaquín Giménez, uno de los magistrados más valientes y respetados de toda la jurisdicción, entre los de los que admitieron a trámite la querella contra Garzón por investigar el franquismo. Sin dejar de apuntar al escaso predicamento de que Garzón goza en el País Vasco y entre muchos de los que sirvieron allí, las fuentes consultadas lo achacan a su amistad con Varela.

Joaquín Giménez, de 65 años, se cuenta entre los fundadores de Jueces para la Democracia y fue uno de los magistrados de referencia en el País Vasco, desde mucho antes de que apareciera en papeles intervenidos a los sucesivos comandos Vizcaya de la organización terrorista ETA. Durante los 18 años que estuvo en el País Vasco, presidió las Audiencias de San Sebastián y Bilbao y fue uno de los objetivos recurrentes del radicalismo abertzale. ETA llegó a planear su secuestro y en sus últimos tiempos fue sometido a un estrecho marcaje de un el sindicato de abogados euskaldunes que propugnaba la utilización del euskera en los juicios, rechazando la traducción al castellano.

Jurista solvente y riguroso, le dieron la primera vacante de la Sala Penal del Tribunal Supremo en cuanto la solicitó. En la Sala es frecuente que discrepe de la mayoría a través de votos particulares extensos y respetados, aunque poco apoyados.

- Francisco Monterde, magistrado. Antes de acceder al Supremo desarrolló casi toda su carrera como juez y magistrado en Valencia. Francisco Monterde, de 63 años, conservador, fue vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del PP y magistrado del Supremo por el sector conservador del Poder Judicial.

En el Poder Judicial votó siempre con el bloque conservador sin mayores complicaciones. Por ejemplo, en contra de un informe que criticaba el retroceso en la Ley de Extranjería para privar a los extranjeros en situación irregular de los derechos de asociación, reunión y manifestación, libertad sindical y huelga.

En enero de 1999, como vocal delegado del Poder Judicial para la Comunidad Valenciana, a Monterde le tocó imponer la cruz de San Raimundo de Peñafort a sus compañeros Juan Luis de la Rúa y Francisco Ceres, hoy bien conocidos por el intempestivo archivo que dio carpetazo al caso Gürtel en Valencia, que apuntaba al presidente de la comunidad y "más que amigo" de De la Rúa, Francisco Camps. Ahora, al juez valenciano le ha correspondido la instrucción del caso Gürtel en el Supremo, en la parte que afecta a los aforados nacionales. Desde que el pasado julio imputó en la trama corrupta al senador Luis Bárcenas y al diputado Jesús Merino, ambos del PP, no se ha vuelto a tener noticias del estado de la instrucción, cuyo secreto ha prorrogado ya en siete ocasiones.

- Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre, magistrado.Es quizá el magistrado menos significado de toda la Sala Penal y no tiene perfiles relevantes más allá de su pertenencia al ala más pura y dura de la Asociación Profesional de la Magistratura y su adhesión sin fisuras al bloque conservador. Casi toda su carrera -tiene 55 años- ha transcurrido en Córdoba. Accedió al Supremo en 2004 en sustitución de Cándido Conde-Pumpido, al ser designado este fiscal general del Estado.