El Gobierno no recurrirá la ley de educación catalana

No habrá recurso del Gobierno central ante Tribunal Constitucional contra la Ley de Educación de Cataluña (LEC). Lo dijo ayer el vicepresidente tercero del Ejecutivo central y ministro de Administraciones Públicas, Manuel Chaves. Los posibles motivos de inconstitucionalidad que en un principio podían justificar el recurso se han solucionado, justificó, según informa Efe desde Bruselas.

Después de seis meses de conversaciones, el Ejecutivo central y la Generalitat han llegado a un acuerdo de conciliación para que los desarrollos de la ley catalana se ajusten tanto a la Constitución como el Estatuto catalán. Uno de los principales puntos en fricción era el cuerpo de profesores que quiere crear la Generalitat, que deberá estar enmarcado en el estatal. El Ejecutivo central había expresado sus temores de que con un cuerpo específico de docentes autonómico sería "imposible la convocatoria y resolución de los actuales concursos de traslados de ámbito nacional (...), puesto que no se trataría de traslados dentro del mismo cuerpo sino de un cuerpo de funcionarios a otro".

Respetar competencias

El acuerdo de conciliación incluye que deben respetarse las competencias exclusivas y las compartidas de cada administración. Por ejemplo, las condiciones de obtención, expedición y homologación de titulaciones y el régimen de los funcionarios de la educación en el caso del Ejecutivo central. La Generalitat tiene competencias compartidas en fijar los planes de estudio y la regulación de los criterios de admisión, entre otras.

La norma educativa, aprobada por el Parlamento catalán también ha sido estudiada "con detenimiento" por el Ministerio de Educación, según aseguró en su día el ministro, Ángel Gabilondo, que ya entonces avanzó su intención de trabajar con la Generalitat para despejar las posibles dudas.

La ley fue recurrida a finales del pasado año ante el Constitucional por el Partido Popular porque a su juicio "limita" los derechos lingüísticos de los ciudadanos en la comunidad y no promueve "un modelo de sociedad abierta". El recurso del PP se basa, entre otras cosas, en que los padres verían limitado su derecho a escoger la lengua vehicular de enseñanza de sus hijos y el establecimiento de un cuerpo y un currículum docente propio del sistema educativo catalán al margen del estatal.