Leyes lentas, realidad de vértigo

Cuando la ley consigue entrar por la puerta suele pillar a la realidad saltando por la ventana. Esa podría ser una de las conclusiones del seminario La digitalización del material cultural que, en el marco de la presidencia española de la Unión Europa, se inauguró ayer en la Biblioteca Nacional de Madrid.

A primera hora de la mañana Marielle Gallo, eurodiputada francesa y experta en derechos de autor de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento de Estrasburgo anunciaba que la próxima semana el Comisario del Mercado Interior, Michel Barnier, presentará dos documentos de trabajo sobre sendos aspectos relacionados con el futuro digital de la cultura: el estatuto de las obras huérfanas (aquellas cuyo autor se desconoce pero no están libres de derechos) y la gestión colectiva de los derechos de autor.

"Llegamos tarde a la revolución", afirmó una eurodiputada francesa

A primera hora de la tarde, el californiano Peter Brantley, director de Open Book Alliance, el conglomerado que unió a Microsoft, Yahoo! y Amazon para competir con Google Books, se atrevía a pintar un futuro en el que el usuario pagará por el uso y no por la adquisición de un libro: "La gente ya no tendrá que descargarse archivos pesadísimos, sino que irá accediendo a los contenidos y pagando por ellos a medida que vaya leyendo. No se pagará por un contenido en un formato cerrado al que sólo se accede desde una empresa, sino una red de libros al que se podrá acceder con un dispositivo conectado a Internet".

Más trabajo para los legisladores. Marielle Gallo reconoció que la Unión Europea ha "reaccionado tarde ante la revolución digital" y no dudó en señalar que el detonante de esa tardía reacción tiene un nombre: Google. En su opinión, el buscador estadounidense tuvo "el mérito" de avisar a Europa sobre el hecho de que la industria editorial del continente (la más potente del planeta, en parte porque posee los sellos más poderosos de Estados Unidos) corría el riesgo de seguir el camino de un "sector siniestrado" como el de la música. Teddy Bautista, esta vez en representación no de la SGAE sino del Grupo Europeo de Sociedades de Autores y Compositores (GESAC), recordó que en 2008 se produjeron en España 2.400 millones de descargas ilegales de obras protegidas.

Ante la queja recurrente de que hay piratería porque no hay oferta legal de calidad -algo que Bautista puso en solfa-, Aldo Olcese, presidente de la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos, afirmó rotundo: "Nos hemos negado a hacer una oferta legal sin una legislación que nos proteja". No en vano, en el vestíbulo de la Biblioteca Nacional, el presidente de la Federación de Editores Europeos, el italiano Federico Motta, expresaba su apoyo a la Ley de Economía Sostenible promovida por el Gobierno español, una norma cuya disposición adicional, la llamada ley antidescargas, tantos quebraderos de cabeza está dando a la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, que inauguró el seminario.

Aunque la reacción legal europea sea tardía, los pasos anunciados por Marielle Gallo responden a dos viejas cuestiones. Por un lado, la atención a las obras huérfanas fue una de las demandas que puso sobre la mesa el alemán Gerhard Pfenning, de European Visual Artist (EVA), que reúne a 25 sociedades europeas de gestión de derechos y representa a un total de 25.000 artistas plásticos.

Por otro lado, la gestión colectiva de derechos facilitará la difusión reglada de contenidos culturales en un mercado global que, sin embargo, establece precios diferentes según los países y, sobre todo, sigue siendo regulado por las leyes de cada Estado al margen de la UE. De ahí el acuerdo de Italia con Google o el hecho de que, para preservar el derecho a la intimidad de los usuarios, la ley alemana sea más laxa que la española en cuanto a la persecución de la piratería y ésta sea a su vez menos rígida que la francesa.