Bailando con el jaguar

La experiencia se empeña en desmentir el refrán de que dos no se pelean si uno no quiere. Cuando ya se daba por zanjado el último incidente con el presidente venezolano, Hugo Chávez, las declaraciones de su canciller, Nicolás Maduro, arremetiendo contra el juez Eloy Velasco, han vuelto a poner al Gobierno en un brete. El jefe de la diplomacia española, Miguel Ángel Moratinos, se apresuró ayer a echar agua al vino asegurando que esas declaraciones son anteriores al comunicado conjunto del pasado sábado, en el que Caracas negaba toda colaboración con ETA y rechazaba "sin paliativos" las actividades de la "organización terrorista". Pero eso no resta gravedad a la embestida contra un magistrado español y un ex presidente, José María Aznar, a quienes Maduro vinculó con la "mafia". Moratinos tiene poderosas razones para evitar a toda costa el enfrentamiento. En Venezuela residen 158.000 españoles (la tercera colonia más numerosa en el extranjero, sólo por detrás de Argentina y Francia) y también hay fuertes intereses de empresas españolas, como Repsol, que el año pasado anunció el descubrimiento en aguas venezolanas del mayor yacimiento de gas de su historia. Moratinos presume de haber logrado que el Santander obtuviera una compensación satisfactoria por la nacionalización del Banco de Venezuela y de haber arrancado a Caracas el compromiso de revisar las expropiaciones de fincas sufridas por 200 españoles. Pero el Gobierno no puede mirar a otro lado ante el auto del juez Velasco, ya que incluye serios indicios de que los etarras afincados en Venezuela desde finales de los ochenta siguen en activo y cuentan al menos con la complicidad de elementos del régimen bolivariano. La respuesta que dé Chávez a las órdenes de búsqueda y captura que Velasco anuncia en su auto marcará, más que los exabruptos, el futuro de las relaciones bilaterales.