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Los activistas son más vulnerables / REUTERS
Ariadna Jové no lleva armas. Tampoco utiliza explosivos. Es una joven de Tarragona, estudiante de geología, simpatizante de la causa palestina que solía acompañar a los campesinos a recoger la aceituna para intentar evitar los atropellos que los israelíes cometen a veces con ellos.
El movimiento antiabortista pierde fuelle. Con la nueva ley del aborto ya aprobada y publicada en el BOE, son cada vez menos los que salen a la calle para protestar contra la interrupción voluntaria del embarazo. Ayer, miles de personas -9.726, según la empresa de recuento de asistentes Lynce, contratada por la agencia Efe, y más de medio millón según los organizadores- pidieron en Madrid la derogación de la normativa que entrará en vigor el próximo 5 de julio, y que permitirá a las mujeres abortar libremente hasta la semana 14 de gestación.
Desde que empezó la crisis, España no logra salir bien parada en las estadísticas europeas. Ahora le toca el turno a la paridad laboral entre hombre y mujer: el 66,4% de la población activa masculina española -los que quieren y están en disposición de trabajar- tiene un empleo.
Las personas que solicitan una ayuda por la Ley de Dependencia no lo tienen fácil si han de acudir a los tribunales por desacuerdo con el grado de discapacidad que la Administración les ha atribuido; o con la prestación asignada. La jurisdicción competente para estos litigios es el contencioso administrativo, donde los procesos se alargan una media de cinco años y son más costosos porque requieren la intervención de abogado y procurador.
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