La solución al 'Guateque' llega 27 meses después

Hace dos años y medio, la Guardia Civil entró en varias juntas y concejalías municipales para llevarse ordenadores y documentación. Acababa de explotar el escándalo del caso Guateque, la trama de corrupción en la que funcionarios del Ayuntamiento de Madrid se llevaban suculentas mordidas a cambio de agilizar trámites en la concesión de licencias. Un chiringuito basado, principalmente, en el caos que existía en este tipo de procedimientos para conceder permisos urbanísticos y de actividad.

El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, respiró aliviado al conocer que no había ningún concejal implicado. Pero puso en marcha una remodelación integral del sistema de tramitación de licencias cuya primera fase se aprobó ayer, y que verá la luz el mes de abril. Un nuevo sistema en el que, entre otras cosas, se elimina de la ecuación a los funcionarios, sobre los que implícitamente ha recaído la responsabilidad del desaguisado, y se entrega parte de la burocracia a empresas privadas (entidades certificadoras, lo llaman). Un sistema muy polémico. Oposición y colegios profesionales se han manifestado en contra. Pero el Ayuntamiento ha decidido jugársela y apostar fuerte por este modelo, único en España en su grado de implantación.

El sistema entrará en funcionamiento a partir de abril para obras menores

Un 'DNI de los comercios' centralizará la información

La primera fase afectará al 60% de las licencias que se piden anualmente en Madrid (unas 8.000) y tiene que ver con los permisos de actividad comercial que no requieren una obra en el local. Por ejemplo, el cambio de una librería por una tienda de ropa, donde la reforma es menor y tampoco se necesita una declaración de impacto ambiental, como podría suceder en una peluquería o en un bar.

Todas estas licencias se concederán a través de lo que llaman acto comunicado. El empresario acudirá a una de las veintitantas agencias certificadoras y entregará la documentación. En 15 días podrá montar su negocio y recibirá un documento que le garantizará a él y a los posibles inspectores que cumple con la ley. Tan fácil como eso. Tan sencillo como por ejemplo en Estados Unidos.

Para el otro 40% de permisos de actividad que se solicitan al año el Ayuntamiento esperará hasta abril del año que viene para poner en marcha el mismo sistema. "Veremos cómo funciona el nuevo sistema y así habrá tiempo de adaptarlo a este otro tipo de procesos", explica el concejal de Hacienda, Juan Bravo.

Lo bueno del caso Guateque es que el Ayuntamiento se dio cuenta de que desconocía muchas cosas, algunas tan importantes como cuántos comercios tiene Madrid, dónde están y a qué se dedican exactamente. No existía instrumento alguno en el que toda esa información tan básica y esencial estuviera centralizada. Así que éste es otro de los progresos de los que hizo gala Bravo. Una herramienta informática que permitirá censar todas estas actividades económicas y, de paso, ejercer un control jurídico y legal sobre ellas.

Lo han llamado el DNI de los comercios. Básicamente, permitirá al Ayuntamiento tener actualizado en tiempo real el estado de cada comercio y si tienen o no licencia. Algo que ahora había que hacer de forma bastante artesana, pesada y muy imprecisa.

Y en este frenesí modernizador de la tramitación de licencias y de toda la burocracia que acompaña a la creación de una empresa, el Ayuntamiento ha decidido también echarle mano a todas las ordenanzas y trámites relacionados con la obtención de cualquier permiso para un negocio. Tiene calculado el Consistorio que se requieren unos 70 trámites para poder montar un comercio con actividad económica en Madrid.

Pero se ha propuesto reducirlo sustancialmente, no se sabe en cuánto ni cuándo. Sólo que, según explicó ayer Bravo, se han puesto manos a la obra. Uno de los problemas es que tendrá que coordinarse con la Administración central y, lo que es peor, con la Comunidad de Madrid. Aunque Esperanza Aguirre ya anunció hace un año que tenía pensado implantar medidas de este tipo. Concretamente propuso que las empresas de fuera de Madrid que quisieran instalarse en la región podrían acogerse a la normativa autonómica que les fuera más favorable para constituir su empresa. Tanto en licencias como en impuestos. Una idea que está en sintonía con lo expresado ayer por Juan Bravo.