El Congreso pide que el canon no repercuta en el usuario

El llamado canon digital, la tasa que grava cualquier soporte o aparato capaz de copiar o reproducir un fichero o documento, ha sido puesta en cuestión por la subcomisión parlamentaria para la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI), formada por diputados del PSOE, PP, CiU, PNV y ERC. En las conclusiones que dicha subcomisión eleva al Ejecutivo, se pide explícitamente que se busquen "fórmulas" para evitar la repercusión de dicho canon en los consumidores. La recaudación por el canon en 2009 ascendió a alrededor de 90 millones de euros, con un aumento del 8% respecto a 2008.

Además, en la línea del dictamen de la Comisión Nacional de la Competencia del pasado mes de enero, los parlamentarios piden más "eficacia y transparencia" a las entidades de gestión y se hacen eco de la relevancia de nuevos tipos de licencias para extender el dominio público (como el llamado copyleft), y medidas de protección legal de los derechos de autor.

La subcomisión ha intentado contentar a todas las partes en sus conclusiones

Aunque la subcomisión se ha limitado en gran medida a levantar acta de lo expresado por los comparecientes (entidades de gestión, editores, cineastas, operadoras e industria audiovisual, entre otros), intentando contentar a todos, también propone algunas medidas como el abaratamiento y mejora del acceso a Internet (para aproximarlo a los "estándares europeos") y una reforma de la Ley de Propiedad Intelectual que resuelva los problemas que experimentan las industrias de la música y del sector audiovisual.

Sobre la polémica suscitada por la disposición del proyecto de ley de Economía Sostenible, que atribuye a un órgano administrativo, bajo tutela judicial, la potestad de bloquear páginas web de descargas no autorizadas de archivos, la subcomisión insta al Gobierno a "pacificar los conflictos, a fomentar el diálogo entre los diferentes sectores y a realizar los cambios necesarios para establecer el consenso social en torno a los derechos de autor". Además, los diputados reclaman estímulos para modelos de negocio que permitan una "amplia oferta lícita de contenidos, con precios accesibles, con una normativa clara".

La subcomisión llama la atención sobre los proyectos de escaneado masivo de libros, y considera preocupante la situación de las obras llamadas huérfanas (de las que no se conoce el dueño de los derechos).