Prohibida la entrada a judíos, musulmanes e hijos de divorciados

El Ayuntamiento de Goito, un pueblo cercano a Mantua, en el norte de Italia, ha aprobado un reglamento por el que sólo los niños procedentes de familias cristianas pueden ser inscritos en la guardería municipal. La decisión, aprobada por mayoría, ha desatado una fuerte polémica entre los miembros de la Junta, gobernada por una alcaldesa de UDC (Unión de Centro), que cuenta con el apoyo del Pueblo de la Libertad y de la Liga del Norte.

El artículo uno del reglamento obliga a que los padres acepten una especie de credo religioso en el que se afirma que la escuela persigue "fines educativos y de desarrollo" en el marco de una "visión cristiana de la vida". En la práctica, se traduce en que los niños de familias no cristianas serán rechazados, lo que deja fuera del centro a los hijos de los inmigrantes, que en esa zona son mayoritariamente musulmanes. La aplicación rigurosa de la norma impediría también la entrada a los hijos de parejas divorciadas y a los de no creyentes.

Los inmigrantes de la zona profesan mayoritariamente el islam

Ante las protestas de la oposición, la alcaldesa, Anita Marchetti, sostiene que el centro se ha gestionado siempre siguiendo "criterios inspirados en el cristianismo" y que las enseñantes son, desde hace 30 años, monjas. De esta manera, la medida "se limita a regular una situación de hecho".

Los grupos minoritarios del Ayuntamiento han denunciado la inconstitucionalidad de la medida y piden su retirada porque la guardería está pagada con dinero municipal. La alcaldesa ha negado el hecho de que el centro no acepte a niños de otras religiones, pero lo cierto es que de los 29 inscritos no hay un solo extranjero.

La polémica ha llegado al Parlamento, donde el diputado del Partido Democrático (centro-izquierda) Marco Carra, apoyado por el jefe del grupo parlamentario, Dario Franceschini, ha presentado una pregunta dirigida al ministro del Interior, Roberto Maroni, para que explique si conoce los hechos e instarle a que se pronuncie sobre este caso "de grave violación de la Constitución".

La Agencia de Protección de Datos también ha intervenido para pedir más información al Ayuntamiento de Goito sobre una iniciativa que "supone una petición de datos particularmente delicados como son los de la religión que se profesa".