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Madrid no acepta como menor a un inmigrante con pasaporte

La Comunidad rechaza la tutela del joven tras analizar pruebas óseas

El chico camerunés que ayer por la tarde esperaba sentado en una sala de la Fiscalía de Menores de Madrid tiene dos edades y bastante desconcierto. Una es la que figura en su pasaporte y la que él mismo asegura tener, 17 años. La otra, la que le convierte en mayor de edad, son los 18 años a los que apuntan las dos pruebas óseas que le han sido practicadas. La Comunidad de Madrid se basa en esas radiografías para denegarle la tutela, y la Fiscalía de guardia también, ya que ayer no atendió su situación de desamparo pese a que sus abogados, Ignacio de la Mata y Sonia Rello, presentaron una fotocopia de su pasaporte y un certificado de autenticidad del mismo emitido por la Embajada de Camerún.

La embajada valida su edad, pero se le acusa de falsedad documental

Aunque el criterio de la fiscalía puede cambiar, lo cierto es que el chaval está en situación ilegal en España. E indocumentado, ya que el pasaporte lo remitió la Comunidad de Madrid a un juzgado de instrucción. El menor tiene una denuncia por un presunto delito de falsedad documental presentada el pasado 3 de febrero por el Instituto del Menor y la Familia de Madrid (IMMF), dependiente del Gobierno autónomo.

Rodeado de periodistas, una traductora del francés, sus abogados y los miembros de la Fundación Raíces (que coordinan un proyecto de asistencia jurídica a menores inmigrantes), el chico está muy serio y acierta a decir que quiere que lo tutelen. Sus azares burocráticos comienzan el 8 de abril de 2009, cuando llegó en patera a Motril. En la localidad granadina pasa tres días en comisaría, aunque dice que es menor. Como no puede acreditarlo con documentos, se le practica una primera prueba ósea para determinar su edad. El resultado que arroja es que tendría unos 18 años, de modo que ingresa en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) en Motril. Después, se le desplaza a otro centro en Madrid, donde cumple los 40 días que podía estar internado sin que se le expulsara. Considerado mayor de edad, no hay posibilidad de tutela. El chaval decide entonces tramitar su pasaporte en la Embajada de Camerún en Madrid, que acredita en el documento público que nació el 5 de mayo de 1992 en Douala. O sea, que es menor.

Una trabajadora social llama a la policía de menores para que se haga cargo de él y queda en régimen de guarda en un centro de menores en Madrid. Es decir, desde octubre hasta hace dos días, la Comunidad le reconoció como menor. Sin embargo, ya instalado en el centro, se le indica que debe presentarse en una clínica privada, Abadal, para someterse a otra prueba ósea. Los rayos X dicen otra vez que la edad "probable o posible se sitúa en torno a los 18 años". Mientras, se le deriva a un hostal en el programa de guarda de la Comunidad. Allí le advierten de que, tras la prueba, puede perder sus derechos.

El festival del papeleo se acelera. El chaval regresa a su Embajada para que le emita un certificado de autenticidad del pasaporte. El 1 de febrero presenta el documento al IMMF para que lo tutele, y, dos días después, el Instituto le denuncia por presunta falsedad documental. El 4 de febrero el IMMF le comunica que está fuera del sistema de protección. Ayer por la mañana, el chaval y sus abogados se dirigen a un juzgado y por la vía civil impugnan la situación y luego, a la Fiscalía, que decide no tener en cuenta su documentación. Lo considera mayor de edad. Por la tarde, el fiscal de guardia traslada el expediente a Fiscalía de Protección.

La Comunidad de Madrid argumenta que el chico tiene una orden de expulsión emitida por la Delegación del Gobierno en Granada, en la que se considera ilegal su documentación, informa Daniel Borasteros. "Es increíble. Hay un documento público de la Embajada de Camerún", comenta Lourdes Reyzabal, presidenta de Raíces. "Si eso no sirve para tutelarle, entonces vamos a tirar todos nuestros DNI y pasaportes y los sustituimos por radiografías. Esto sólo pasa con los menores subsaharianos", critica.

En Europa

- Lo que convierte las pruebas óseas en exámenes polémicos es su grado de intimidad. Muchos médicos y juristas, y algunas legislaciones, las equiparan a los tests de ADN, que sólo pueden ser ordenados por un juez.

- Francia. Sólo los padres o tutores de los menores pueden autorizar las pruebas mediante consentimiento escrito avalado por un médico.

- Portugal. La prueba genética a menores tiene que ser justificada y autorizada por más de un facultativo. Cualquier tipo de examen sólo puede ser realizado en los casos previos a una intervención médica para reducir, atrasar o prevenir consecuencias clínicas.

- Reino Unido. La Comisión Consultiva sobre Pruebas Genéticas (ACGT) elaboró un protocolo para este tipo de tests. Las pruebas genéticas a menores se recomiendan sólo como parte de un diagnóstico clínico.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 6 de febrero de 2010

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