Los subsaharianos denunciados por el Gobierno de Aguirre por falsificar pasaportes sí eran menores

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha asegurado hoy que no apoya los planteamientos de su compañera de partido en Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho, y ha realizado un canto a los parabienes de la inmigración al señalar que los grandes países del mundo no lo serían sin "sin atraer primero, e integrar después a los inmigrantes". Sin embargo, los actos de su Ejecutivo no siempre se corresponden con estas palabras. Hoy, la Fundación Raíces ha hecho públicas 13 resoluciones judiciales que archivan otras tantas denuncias del Gobierno de Aguirre contra menores subsaharianos a los que acusaba de tener 18 años o más y, por lo tanto, de haber falsificado su pasaporte, negándoles así la tutela a la que le obliga la ley.

En febrero de 2010 esta fundación denunció la situación de 18 menores de origen subsahariano que, mientras estaban bajo la protección de la Comunidad de Madrid, habían sido denunciados penalmente por la gerente del Instituto Madrileño del Menor y La Familia por presunta falsificación de sus pasaportes. Pese a que todos ellos contaban con documentación que indicaba lo contrario, unos exámenes médicos realizados en la clínica privada Abadal concluían que la edad más probable se situaba "en torno" a los 18 años.

Con esos exámenes en la mano, la Comunidad de Madrid decidió cesar las medidas de protección que había adoptado sobre ellos y los dejó en la calle.

Sin embargo, la justicia ha resuelto ya 13 de los 18 casos y, en todos ellos, han dado la razón a los jóvenes, según ha informado hoy la propia Fundación Raíces. La Policía Científica ha analizado varios de esos pasaportes y han resultado auténticos, tal y como lo refleja documentación aportada por Raíces. En otros casos, los jueces no han considerado necesario practicar pruebas periciales pues los documentos no mostraban ningún indicio de falsedad.

Los tribunales han decidido así archivar las denuncias interpuestas por la Comunidad de Madrid y han procedido a devolver los pasaportes a sus propietarios que, después de tantos meses, en algunos casos ya sí que son mayores de edad.

Documentación contradictoria

Fuentes de la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid han explicado a EL PAÍS que "se consideraron falsos los pasaportes" por la existencia de "documentación contradictoria". La Consejería aludió a informes de "otras comunidades autónomas" que aseguraban que los jóvenes eran mayores de edad, informes que se vieron reforzados por el resultado de las pruebas radiológicas. Además, la autenticidad de los pasaportes expedidos en sus correspondientes embajadas y consulados de origen fueron fue cuestionada por este departamento "porque los documentos se basan en partidas de nacimiento que vienen sin foto y sin huella dactilar".

Un auto del Juzgado de Instrucción Número 24 de Madrid, que archiva la denuncia contra uno de los menores subsharianos, deja constancia de que "una prueba tan endeble como es un informe radiológico que afirma que la edad 'mas probable' del menor es mayor de 18 años y constando en el expediente un pasaporte que no mostraba ningún elemento notorio de falsificación -como han acreditado después los informes de la policía científica- la Comisión de Tutela del menor concluya que el pasaporte ha sido falsificado". Según el juez, al ser el denunciante una entidad oficial podía haber solicitado a la autoridad consular correspondiente que informara "sobre la autenticidad del documento.

"Nadie nos ha dicho que tengamos que volver a tutelar a estos menores", se defiende la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, que recuerda que la Fiscalía de Madrid avaló su decisión. Según la Consejería, las resoluciones judiciales acreditan que no hay delito en el tratamiento de los documentos pero no aseguran que "los datos que contienen no son erróneos". "A veces un documento original no es dogma", añaden las mismas fuentes.