El Consejo de Estado da vía libre al recurso contra la Lei de Caixas

Las prisas de la Xunta del PP para promover la fusión de las dos cajas gallegas se han dado de bruces con el Consejo de Estado, que emitió ayer un informe que ampara el recurso de inconstitucionalidad que hoy aprobará el Consejo de Ministros contra la nueva ley de cajas de ahorro de Galicia. La impugnación paralizará la renovación ya en marcha de los órganos de gobierno de Caixa Galicia y Caixanova, procedimiento con el que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, pretendía vencer la resistencia de esta última a la fusión.

Ante el rechazo a la integración por parte de Caixanova, partidaria de permanecer sola o de proceder a una fusión fría o SIP con cajas no gallegas, Feijóo sorprendió el 24 de noviembre al apoyar una proposición de ley de cajas del BNG. Populares y nacionalistas sacaron adelante la nueva norma, rechazada por el PSOE, y que entró en vigor en sólo 42 días, el 5 de enero. La ley iba a suponer la renovación en dos meses del 75% de los órganos de gobierno de las cajas. Pero el Consejo de Estado considera que hasta 10 de sus preceptos presentan "fundamentos jurídicos suficientes para la interposición de recurso de inconstitucionalidad".

El análisis del Consejo, aprobado por unanimidad de los nueve miembros de su comisión permanente, suscribe uno por uno los argumentos del Gobierno sobre invasión de competencias, todos ellos contestados a su vez por un contrainforme presentado el miércoles por la conselleira de Facenda, Marta Fernández Currás. Entre los artículos del recurso que hoy anunciará el Gobierno está la aprobación de fusiones sin una mayoría reforzada de la asamblea, frente al apoyo de dos tercios que establece la ley estatal. También rechaza el Consejo de Estado la competencia que se atribuye la Xunta para autorizar un SIP, el control autonómico sobre la obra social o las cuotas de participación del Parlamento en los órganos directivos.A las urgencias de la Xunta ha respondido el Gobierno también con urgencias, ya que el dictamen del Consejo de Estado se ha elaborado en sólo cuatro días. En su petición de informe, el Gobierno justifica la premura "en el brevísimo plazo" dispuesto en la ley gallega "para la renovación y adaptación de los órganos de gobierno de las cajas", reducido a dos meses. El Ejecutivo pretende así "evitar graves perjuicios derivados de la aplicación de sus previsiones".

La suspensión de la ley frustra en la práctica la fusión, dado el estrecho margen de tiempo que resta para acudir a los fondos de reestructuración bancaria. El Gobierno aprobará hoy mismo la presentación del recurso, que se hará efectivo de forma inmediata. El Tribunal Constitucional tendrá entonces un plazo de 15 días para admitirlo o rechazarlo. De tramitarlo, la suspensión de la ley, y por tanto de la renovación de sus órganos de gobierno, se efectuará con carácter retroactivo desde el día de la presentación del recurso.

El dictamen, de 31 folios, fue aprobado con el voto favorable de los nueve miembros de la comisión permanente del Consejo de Estado, presididos por Francisco Rubio Llorente. La comisión, de perfil conservador, cuenta entre sus miembros con un ex presidente y un ex magistrado del Tribunal Constitucional, el ex ministro de UCD Landelino Lavilla y el ex portavoz en el Congreso de UCD y AP Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón.

Respecto a la previa autorización por la Xunta de los SIP, el Consejo de Estado considera que "puede obstruir la finalidad primordial de favorecer la solvencia de las entidades". También rechaza que la Xunta deba autorizar las medidas que se adopten cuando una caja entra en una situación de déficit patrimonial, ya que es el Banco de España el único garante de un interés "supraautonómico".

Hasta ahí llegan los preceptos recurridos en materia de solvencia y naturaleza de las cajas. El resto son artículos y disposiciones sobre órganos de representación, como el registro de altos cargos de las cajas, que deja de ser informativo para convertirse en constitutivo, lo que "contraviene el sistema de nombramientos, reelecciones y ceses" previsto en la norma básica. Del 10% de participación de entidades representativas de intereses colectivos en asamblea y consejo, sólo la cuarta parte observan el principio de representación territorial, según el dictamen.

La comisión permanente ve asimismo "vicio de inconstitucionalidad" en la mayoría para aprobar fusiones de la mitad más uno de miembros de la asamblea, omitiendo la mayoría cualificada de dos tercios que establece la ley estatal para este tipo de decisiones. Se trata "de un mínimo infranqueable que el legislador autonómico sólo puede regular para reforzar, pero no para debilitar o reducir sus exigencias", precisa el dictamen. En este punto, recuerda sendas sentencias del Tribunal Constitucional contra las leyes de Canarias y Aragón por el mismo motivo.

El informe aprecia "motivos para su impugnación constitucional" en la determinación de que sólo el Parlamento gallego pueda tener más de un representante en el consejo de administración de una caja, ya que en la norma básica "no se halla la prohibición de que haya más de un representante" de otras instituciones.

El dictamen tacha de "injerencia del Gobierno autónomo" la atribución a la consellería de la autorización de acuerdos presupuestarios para el ejercicio en curso, nuevas obras sociales y liquidación del año anterior, ya que todo ello se atribuye en la ley estatal a la asamblea general. La misma consideración se hace respecto al informe previo de la consellería para cualquier proyecto de obra social que exceda los 500.000 euros. La última de las objeciones tiene que ver con la urgente renovación en dos mitades de los órganos de gobierno de las cajas, en unas condiciones que no cumplen las garantías de "estabilidad y eficacia".

El conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, envió ayer un fax al ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, en protesta por la falta de información oficial de la Xunta respecto del dictamen. En los últimos días, la Xunta también se quejó oficialmente por no haber recibido el informe del Gobierno que originó la intervención del Consejo de Estado.