El patio electoral
Yebra en Guadalajara, Ascó en Tarragona, Villar de Cañas en Cuenca y Santervás de Campos en Valladolid inauguraron la lista de aspirantes a la construcción del Almacén Temporal Centralizado de residuos nucleares (ATC). Los presidentes de Castilla-La Mancha y de Cataluña, los socialistas José María Barreda y José Montilla, se han opuesto a la pretensión de sus respectivos ayuntamientos con el absurdo argumento de que ya han contribuido al bien común con la instalación de centrales nucleares en su territorio. Ni siquiera cabe explicar esa actitud como una manifestación del síndrome nimby, el acrónimo inglés de la expresión not in my back yard [no en mi patio trasero], que justifica el rechazo de una medida beneficiosa para la colectividad por razones egoístas. Porque los potenciales riesgos del ATC los asumen los ayuntamientos solicitantes en el ejercicio de una competencia que la autonomía municipal les garantiza.
El temor de los partidos a las consecuencias electorales del debate nuclear puede retrasar la construcción del ATC
El enfrentamiento de los dos presidentes autonómicos con sus respectivos alcaldes no es la única contradicción señalable. La presidenta regional y secretaria de organización del PP ha abierto un expediente al alcalde de Yebra, militante del Partido Popular, mientras Mariano Rajoy -"no tengo opinión formada"- se llama andana en el asunto. También el presidente de CiU, Artur Mas, discrepa de su correligionario el alcalde de Ascó. Y hasta el presidente del Gobierno parece dispuesto a esperar a la hora del consenso universal para resolver el concurso de un proyecto aprobado por el Consejo de Ministros cuando era titular de Industria el actual presidente de la Generalitat.
La actitud de los presidentes autonómicos socialistas y de los dirigentes del PP y de CiU frente a la construcción del ATC -exigida por la saturación de las piscinas de residuos de las centrales- refleja el temor de unos y otros a las negativas consecuencias que pudiera tener esa decisión sobre las elecciones catalanas del otoño de 2010 y castellano-manchegas de la primavera de 2011. En un logrado ensayo de divulgación científica (El ecologista nuclear, Espasa, 2009), el investigador y catedrático Juan José Gómez Cadenas describe la niebla tóxica de estereotipos caricaturescos y de prejuicios viscerales que impide un debate racional sobre los depósitos de residuos radioactivos, reflejo de la arraigada hostilidad social a la energía nuclear pacífica que las fuerzas políticas no se atreven a desafiar y que incluso alimentan -como ocurrió en Garoña el verano pasado- con su fundamentalismo ecologicista.
El Congreso votó por unanimidad hace cinco años a favor de la construcción de un ATC para los residuos radioactivos de las centrales españolas. El escaso coraje de los altos cargos del Estado central y autonómico y de las tres principales formaciones parlamentarias -socialistas, populares y nacionalistas catalanes- para ser consecuentes con sus decisiones y para asumir las responsabilidades del poder constituye una estampa bochornosa que salpica en su desprestigio a toda la sociedad.
