Mortaja y libertad son incompatibles

Hace seis años Francia legislaba en contra de los signos religiosos en las escuelas públicas, después de varios años de encendido debate sobre si la escuela laica y republicana podía aceptar en sus aulas a una niña que tuviese que taparse el cabello con un velo. El país debate ahora la prohibición del velo integral ha levantado preguntas sobre los límites de la tolerancia religiosa y también de la legislación. Ayer, una comisión parlamentaria recomendó prohibir su uso en todos los servicios públicos, aunque el Parlamento podría estudiar su veto total, es decir, también en la vía pública.

La iniciativa de examinar la situación de las 1.900 mujeres que oficialmente visten el velo integral -esencialmente el niqab y el burka- partió del diputado comunista del departamento de Rhône, André Guèrin, quien abrió el debate antes del verano al proponer una reflexión parlamentaria sobre el tema y calificó la prenda de "mortaja". Un mes después, el presidente Nicolas Sarkozy colocó el debate en la primera plana en un discurso en Versalles, en el que calificó la prenda de "signo de servidumbre". "El burka no es bienvenido en Francia", sentenció, dejando clara su postura.

El Parlamento francés considera el velo integral símbolo de sumisión

El informe aconseja limitar el 'burka' en lugares privados en una segunda fase

Algunos temen que la prohibición encierre aún más a las musulmanas

El debate sobre la prohibición desata tensiones entre los musulmanes

El informe genera dudas sobre si el veto al atuendo es constitucional

En unos meses de debatirá una propuesta que prevé castigar su uso

Desde entonces, el tema no ha cesado de copar portadas. Durante seis meses, la comisión parlamentaria presidida por Guèrin ha estudiado la forma de regular el uso de estas prendas. Los diputados han entrevistado a más de 200 personas relevantes sobre el tema, entre ellas algunas de las mujeres que han decidido utilizar este atuendo. Finalmente, ayer presentó sus conclusiones entre una gran expectación. A falta de un consenso sobre su prohibición total, es decir, también en la vía pública, preconiza que el velo integral no se tolere en los servicios públicos, esencialmente en las administraciones, los hospitales, las escuelas y el transporte público.

La comisión opta por el voto de una resolución -no vinculante- de condena de la prenda, que considera "contraria a los valores de la República", acompañada de una disposición que prohíba "disimular el rostro" en los servicios públicos. De aprobarse, una mujer que vista el velo integral en el país, según el Gobierno, podría así ver rechazada la entrada al metro, a una oficina administrativa o a un centro médico. El informe incluso contempla la posibilidad de que dicha prohibición se extienda por motivos de seguridad a los espacios privados abiertos al público, como son los comercios o los bancos, y que sea motivo de rechazo de la obtención de la nacionalidad francesa.

En el principio, todos aceptan que el burka, y por extensión el velo integral, supone un agravio para las mujeres. "Todos estamos de acuerdo con que el velo no debe instalarse en el territorio nacional. Debemos hacer todo lo posible para que retroceda esta práctica, pero hay que hacerlo de forma eficaz", señaló Mohamed Moussaui, presidente del Consejo Francés del Culto Musulmán tras reunirse la semana pasada con el presidente francés. Muchos de los contrarios a la prohibición temen en efecto que el veto no haga más que encerrar en sus casas y alejar todavía más del resto de la sociedad a aquellas mujeres que efectivamente deban llevar la prenda por presiones sociales o familiares. Dalil Boubakeur, rector del Instituto Musulmán de la mezquita de París, fue más allá y señaló que una ley "daría un nuevo impulso a lo que queremos eliminar".

Otro problema al que apuntó Moussaoui y del que se hacen eco varios de los contrarios a la propuesta de prohibición es que tal ley podría dar "un sentimiento de estigmatización" de la población musulmana de Francia, "que en su inmensa mayoría aspira a practicar su espiritualidad de forma serena". El argumento toma un relieve particular en pleno debate sobre la identidad nacional, en el que se han sucedido los deslices xenófobos y que se ha centrado en gran parte en el Islam y en el lugar de los franceses de origen musulmán en el país. El Partido Socialista ha denunciado que la reflexión sobre el uso del velo integral se ha contaminado con este debate, y que se ha boicoteado el informe de la misión parlamentaria mixta.

También han salido voces a favor del veto en el seno de la comunidad musulmana. La semana pasada, el imán Hassem Chalghoumi, de Drancy, en las afueras de París, salió a la palestra para abogar públicamente por la prohibición del velo integral. "Soy favorable a la prohibición por ley del burka, que no tiene lugar en Francia", afirmó Chalghoumi en una entrevista la semana pasada al diario Le Parisien. "Pero debe ser asociada a un trabajo pedagógico como se hizo en 2004 con la ley sobre el velo", añadió. El imán, el primero en defender la prohibición, recordó sobre todo que el velo integral no es una prescripción religiosa sino "una cárcel para mujeres y un instrumento de dominación sexista".

A Chalghoumi, el ser el primer imán en tomar posicionamiento a favor de la prohibición le ha valido amenazas de muerte por parte de un grupo de islamistas radicales que le visitaron el lunes por la noche en su mezquita de Drancy y le acusaron de "apóstata". "Quieren que me calle", explicó a Radio Oriente. "Mi voz es la de la mayoría. Trabajo por el futuro de nuestros hijos y de la República para que el Islam encuentre su lugar y que en ella se respete a los musulmanes".

Al debate de fondo, se sumó otro no menos importante de forma. ¿Prohibir el burka sería constitucional? Sobre este asunto, el informe que entregó ayer la comisión se hace eco de las dificultades jurídicas que supondría ampliar la regulación a todo el espacio público, es decir, también a la vía pública. Su "anulación por parte del Consejo Constitucional

[que ya obligó a modificar la ley antidescargas y censuró la tasa sobre el carbono] o una condena de Francia por parte de la Corte Europea de Derechos Humanos sonaría como una derrota para la República", advierten los parlamentarios.

Sin embargo, varios diputados, liderados por el presidente del partido gubernamental en la Asamblea Nacional, Jean-François Copé, siguen abogando porque no se vea a ninguna mujer con velo integrar en la calle. En los próximos días presentarán una propuesta de ley para la prohibición total, que prevé castigar su uso con una multa de 750 euros. La propuesta no se debatiría hasta la primavera, una vez se hayan celebrado las elecciones regionales de finales de marzo.