Las personas dependientes sabrán en seis meses qué ayuda van a tener

Las comunidades autónomas han acordado por unanimidad agilizar los plazos para recibir ayudas por dependencia, que en la actualidad van de los 15 a los 18 meses de media. Ahora se comprometen a que no pasen más de seis meses desde la solicitud hasta que la Administración comunica qué prestación ha sido concedida. Todas las comunidades irán incorporando este compromiso en sus leyes a lo largo de este año. Esto no garantiza que la ayuda no se retrase unos meses más, pero al menos el ciudadano tendrá la posibilidad de cobrar con efecto retroactivo desde ese momento, siempre que se trate de una prestación económica. Y podrá reclamar sus derechos con autoridad legal. Los trámites habrán acabado, la espera quizá no.

Hay comunidades que tardan hasta dos años en prestar el apoyo solicitado

Equipos de diversos profesionales decidirán el grado de dependencia

En comunidades como Canarias o Madrid hay personas que esperan por las ayudas hasta dos años. Muchos mueren antes de que se satisfagan los trámites. Otras regiones, sin embargo, en estos tres años ya de Ley de Dependencia han ido aligerando el proceso burocrático para evitar retrasos indeseables. Las diferencias entre unas y otras comunidades son muy acusadas.

¿Han hecho todas el mismo esfuerzo para la implantación y desarrollo de la ley? "Algunas tienen mejores resultados que otras. Eso es inevitable, éste es un país plural y complejo, pero todas tienen el compromiso y la voluntad de mejorar, al menos eso es lo que percibo desde que ocupo este cargo", dijo ayer la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez.

La ministra fue algo más tajante cuando fue interrogada sobre las quejas por la financiación de algunas comunidades: "El Estado cumple al máximo con su responsabilidad de financiación, el 50% que le corresponde". Pero el Gobierno no quiere entrar en el debate sobre si todas las comunidades están colaborando con la parte de la financiación que les corresponde.

Jiménez se mostró satisfecha con el acuerdo para agilizar la espera de los ciudadanos aunque reconoció que le preocupan los 250.000 que aún no tienen una ayuda aunque sí el derecho a ella. "Hay otros 500.000 que sí la están recibiendo", redondeó.

El acuerdo alcanzado ayer entre las comunidades y el Gobierno en materia de dependencia incluye también el establecimiento de mecanismos de control sobre la paga que se concede a los cuidadores familiares que tienen un anciano o discapacitado a su cargo. Esta ayuda económica, a pesar de contemplarse en la ley como algo de carácter excepcional, sigue siendo la más extendida de todas. En Murcia puede decirse que no se ha dado otra que ésa: un 82% de los expedientes que tramitan concluyen con la prestación económica.

Las comunidades se comprometieron ayer a inspeccionar al menos una vez al año las condiciones en que se está prestando esta ayuda: si el cuidador familiar presenta un buen estado de salud, la formación suficiente, si cumple periodos de descanso, si la vivienda tiene todo lo necesario para atender a estos ancianos. En algunas comunidades, como Extremadura, las ayudas se comunican por teléfono, por tanto, difícilmente puede la Administración conocer las condiciones en que se prestará esa atención al dependiente en casa, ni la aptitud de quien se encargará de ello.

Los pactos de ayer alcanzan también al proceso de valoración, es decir, la visita que se hace al solicitante en su domicilio para determinar su grado de dependencia. Este proceso es uno de los más ágiles; sin embargo, el Gobierno ha decidido incorporar ahora equipos multidisciplinares (trabajadores sociales, enfermeros, psicólogos) para que valoren entre todos las necesidades del ciudadano. Y vigilen periódicamente el buen uso del baremo con el que se mide en toda España el grado de dependencia. El Gobierno confía en que esto no retrasará aún más los trámites.