Chávez aprueba las 'expropiaciones exprés'

El Estado venezolano puede expropiar más y pagar menos. En eso consiste la reforma de la ley de protección al consumidor aprobada este jueves en la Asamblea Nacional de Venezuela, por petición expresa de Hugo Chávez, como una medida de coerción para evitar el alza de precios de productos y servicios tras la devaluación del bolívar en un 50% decretada el 8 de enero.

El presidente venezolano ha ordenado a sus diputados redactar una ley que permita al Ejecutivo hacer expropiaciones y ocupaciones inmediatas de empresas sin tanto trámite burocrático. Cuatro días después tuvo Chávez en sus manos la reforma de la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, que le permite declarar el "interés social" de todo cuanto sea "indispensable para la población" y para la "seguridad del Estado".

Son de utilidad pública e interés social, dice uno de los artículos reformados, "todos los bienes necesarios para desarrollar las actividades de producción, fabricación, importación, acopio, transporte, distribución y comercialización de bienes y servicios". Y, a partir de ahora, el Estado podrá expropiarlos sin que medie la autorización del Parlamento. El Ejecutivo también tiene la potestad de "adoptar la medida de ocupación, operatividad temporal e incautación [de los bienes y servicios] mientras dure el proceso expropiatorio".

Estas normas podrán aplicarse en el supuesto de que las empresas hayan cometido "ilícitos administrativos", como el "alza indebida de precios", el "acaparamiento", o el "boicot de productos y servicios declarados de primera necesidad por el Gobierno". Dice la ley que esta modificación tiene por finalidad garantizar "el bienestar de la población".

Las indemnizaciones que recibirán las empresas que sean objeto de expropiación, tampoco serán calculadas del mismo modo. A partir de la promulgación de esta reforma, el Estado "podrá compensar y disminuir del monto de la indemnización lo correspondiente a multas, sanciones y daños causados, sin perjuicio de lo que establezcan otras leyes".

El Gobierno, sin embargo, comenzó hace más de una semana a "cumplir" esta reforma de ley, aun antes de que fuese aprobada. Tras el anuncio de la devaluación de 50% del bolívar fuerte, la moneda local, Chávez amenazó con la confiscación a todos los comerciantes y empresarios que encarecieran los precios de sus productos. A partir de esa semana y hasta el momento, más de 1.500 comercios han sido cerrados por la Guardia Nacional. Algunos de ellos, como los hipermercados Éxito -de capital francés y colombiano-, fueron expropiados.

El plan de Chávez es incorporar a las compañías bajo control del Estado a la recién creada Corporación de Mercados Socialistas (Comerso): una megaempresa pública que administra todo tipo de negocios, desde restaurantes "socialistas" hasta concesionarios de coches. "Estamos ante una conspiración de algunos empresarios y comerciantes desestabilizadores que han aumentado los precios. Ya no se podrán burlar como hacían antes, que los multaban, cerraban los comercios y luego subían los precios", ha dicho el diputado Mario Isea, presidente de la comisión que redactó la ley.