Derechos al castellano y al concierto

El PP presentó ayer un documento para un "pacto por la reforma y la mejora de la educación en España" que recoge buena parte del programa electoral del partido para las elecciones de 2008, como reforzar el inglés en todas las etapas educativas, un fondo de cohesión para compensar las desigualdades territoriales, o exámenes de diagnóstico al final de cada etapa, iguales en toda España, y cuyos resultados se publiciten. Éstas son algunas de sus iniciativas.

- Castellano. Garantizar la enseñanza del español y en español en todas las comunidades. Tradicionalmente, el PP ha reclamado que en cualquier autonomía un alumno pueda usar el castellano como lengua vehicular. Habrá que ver cómo casa esta propuesta con la de la Xunta de Galicia, gobernada por el PP, que quiere dar un 30% de clases en español, otro 30% en gallego y el resto en inglés. El documento popular aporta un matiz: que en las comunidades bilingües, los idiomas sean impartidos "en rango de igualdad".

- Libertad para los padres. El líder del PP, Mariano Rajoy, insistió ayer mucho en esta idea. Proponen, como en las pasadas elecciones, asegurar por ley el derecho al concierto, es decir, que cualquier colegio privado, si tiene demanda, deberá ser subvencionado.

- Jornada escolar. Quieren estudiar y debatir un tema polémico que enfrenta a profesores y padres: si es mejor la jornada continua o la partida en la escuela.

- Cualificación profesional. Sin mucha concreción, plantea reforzar los programas de cualificación profesional inicial para chavales de 15 o 16 años que no van a sacarse la ESO, donde aprenden un oficio, reciben un certificado de profesionalidad y la posibilidad seguir estudiando después la ESO.

- Repetición en bachillerato. Se podrá pasar de curso con dos suspensos sólo si los profesores emiten un informe favorable. Actualmente, con dos suspensos se pasa de curso, sin informe, y con tres o más se repite.

- Profesorado. Apuestan por mantener los cuerpos nacionales de profesores y que los docentes sean considerados autoridad pública, como se ha hecho en Madrid.