La futura división territorial catalana tensa de nuevo al tripartito

El Gobierno tripartito de Cataluña sigue desarrollando el Estatuto sin esperar la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el recurso presentado por el PP en contra de su articulado. El Ejecutivo de José Montilla quiere llevar a la práctica la nueva división territorial que fija el Estatuto y que consiste en sustituir las cuatro provincias por siete territorios denominados veguerías. Un plan que ha levantado la enésima broca interna entre los socios del Gobierno. El nuevo diseño territorial debía aprobarse hoy, pero las reticencias del PSC y la guerra abierta entre alcaldes de todos los partidos, que temen perder poder, han obligado a demorarlo. Por lo menos una semana.

La veguería es una demarcación histórica de Cataluña de origen medieval, que persistió hasta el XVIII. Entonces fue sustituida por el corregimiento a raíz del Decreto de Nueva Planta promulgado por el rey Felipe V. En el imaginario del nacionalismo catalán, la veguería implicaría acabar con las provincias y recuperar los "territorios históricos". Sin embargo, la modificación de los límites provinciales se antoja por ahora imposible, dado que cualquier cambio en este sentido requiere del acuerdo de las Cortes.

El PSE pide tiempo para aprobar el plan mientras ICV lo ve innecesario

A la vista de esta situación, el Gobierno catalán, y en especial ERC, ha impulsado un anteproyecto de ley de mínimos que divide Cataluña en siete veguerías que asumirían buena parte de las funciones de las diputaciones provinciales, aunque no deja claro si éstas desaparecerán.

El documento sienta las bases para crear una nueva Administración supramunicipal en Cataluña, que podría sumarse a la ya abultada trama de municipios, mancomunidades, consejos comarcales, diputaciones y gobierno autonómico.

El eventual incremento del número de funcionarios, las rivalidades territoriales para hacerse con la capitalidad de estas veguerías y las dudas sobre la constitucionalidad de la nueva división han puesto al límite la capacidad de maniobra de José Montilla. El presidente de la Generalitat debe lidiar con unos socios de Esquerra Republicana que han convertido el asunto en un verdadero termómetro que medirá su influencia en el Ejecutivo en la recta final de la legislatura y le apremian para que apruebe el proyecto en el Consejo de Gobierno.

Las dudas de dirigentes del PSC y de buena parte de sus principales alcaldes, que piden aparcar el proyecto hasta pasadas las elecciones, complican todavía más la decisión del presidente Montilla. Mientras, el portavoz de los socialistas, Miquel Iceta, manifestó ayer que el proyecto es "irrenunciable" y recordó que forma parte de los acuerdos de Gobierno; pero pidió tiempo para lograr consenso. A todo esto, la tercera pata del tripartito, ICV-EUiA, considera que esta ley no es prioritaria.

Al frente de la oposición al proyecto se ha situado la poderosa Diputación de Barcelona, bastión del PSC desde hace 30 años y una máquina de repartir subvenciones a los municipios de la provincia. Un informe interno critica la nueva división por "inoportuna", porque "puede consolidar una tendencia al incrementalismo (sic) y al aumento del gasto". Además, asegura que crearía una nueva administración "de difícil dirección política" y recuerda que habría que pasar por las Cortes.

Los primeros en presentar alegaciones al proyecto fueron, ayer, el Consejo General de Aran, que cuenta con ley propia y quiere mantenerse al margen de las veguerías; y el Ayuntamiento Lleida, que rechaza que la provincia se divida en tres partes.

A todas estas diferencias se suma el papel desestabilizador que está jugando CiU que, apartada del poder autonómico desde hace años, ha enmarañado tanto como ha podido el proceso a base de atizar las disputas territoriales en los numerosos municipios donde gobierna.