Los padres gallegos votarán en qué idioma escolarizan a sus hijos

La Xunta pretende que los padres voten en cuál de las dos lenguas oficiales de Galicia prefieren que sus hijos aprendan a leer y a escribir en el sistema público de enseñanza. Y lo hará mediante un proceso de votación en el que los progenitores decidirán, en cada aula de Educación Infantil y con las opciones de gallego o castellano, el idioma preferente de lectoescritura. Además, el Gobierno gallego intentará garantizar la introducción educativa a la lengua menos respaldada de las dos. Ésta es, según fuentes gubernamentales, una de las principales novedades introducidas por el borrador del decreto que regulará el aprendizaje de las lenguas en Galicia y que la Secretaría Xeral de Política Lingüística, dependiente de la Consellería de Educación, presentará mañana.

Ahora cada centro decide basándose en datos sociolingüísticos

El presidente Feijóo habla de un modelo con gallego, castellano e inglés

En la educación infantil, hasta los seis años, la diferencia respecto del decreto vigente en Galicia -elaborado en 2007 por el anterior Ejecutivo de socialistas y nacionalistas, con la retirada a última hora del PP- resulta sustancial. Hasta ahora, las escuelas debían impartir las clases en la lengua materna predominante entre el alumnado. Y era el claustro de cada centro, basándose en los datos aportados por sociolingüistas y padres, el que determinaba lo que se entendía por "lengua materna predominante". La normativa reforzaba asimismo la presencia del gallego, sobre todo en los ámbitos urbanos, donde los estudios científicos constatan la debilidad de la lengua vernácula.

La aprobación de la legislación del anterior Gobierno de Emilio Pérez Touriño provocó que, por primera vez en la historia de la autonomía, la derecha atacase frontalmente la normalización del gallego. Y eso a pesar de que el decreto educativo de 2007 no hacía más que desarrollar el Plan de Normalización Lingüística que el Ejecutivo de Manuel Fraga aprobó en el Parlamento con el apoyo de los tres partidos. La norma establecía una presencia mínima de la definida por el Estatuto como lengua propia de Galicia del 50%.

El avance del decreto, que la actual Xunta presentará la tarde del penúltimo día del año, 24 horas antes de que se cumpla el plazo comprometido por el presidente Alberto Núñez Feijóo para hacerlo, pasará entonces por una ronda de consultas. Por lo menos así reza la promesa del propio Feijóo, reiterada hace dos semanas en el Parlamento de Galicia, de someter el texto a la evaluación de la Real Academia Galega y el Consello da Cultura. Estas dos instituciones, de tradición prudente, se habían mostrado muy críticas, a través de comunicados y declaraciones, con las actitudes y las políticas lingüísticas desplegadas por el nuevo PP en el poder.

El Partido Popular de Galicia convirtió la supuesta imposición del gallego en uno de sus principales arietes para arremeter contra el Gobierno de PSdeG y BNG. En el fragor de la campaña electoral, y ya después elevado a la presidencia de la Xunta, las promesas de Núñez Feijóo sobre la enseñanza de las dos lenguas oficiales en Galicia aparecieron trufadas de conceptos como "libertad de elección". Para cumplir con ello, la Consellería de Educación realizó una encuesta entre los padres de niños matriculados en el sistema público. Los resultados, que tardaron varios meses en conocerse y lo hicieron en una rueda de prensa el 31 de julio, omitían la cocina del sondeo y reflejaban la querencia de la mayoría de participantes por el aprendizaje de los dos idiomas. La "libertad de elección" se ha transformado en el nuevo texto, al menos en las aulas de Educación Infantil, en una votación de padres.

La implantación de un modelo de educación pública trilingüe, desarrollado a partes iguales en gallego, castellano e inglés, fue otro de los repetidos eslóganes del presidente de la Xunta. A partir de ese planteamiento, el Gobierno popular fichó al actual responsable de Política Lingüística y principal arquitecto del decreto que se presentará mañana, Anxo Lorenzo, hasta entonces un reputado sociolingüista colaborador de los socialistas.

A lo largo de estos agitados meses, en materia lingüística, Galicia asistió a las dos mayores manifestaciones en defensa del gallego que se recuerdan. La última, el pasado 18 de octubre, reunió en Santiago a más de 50.000 personas, entre ellas el ministro de Justicia, Francisco Caamaño (PSOE).