¿Crecimiento sostenible?

El anteproyecto de Ley de Economía Sostenible ha generado reacciones críticas que se pueden resumir en tres palabras: desilusión, por mezcolanza y por vaguedad. Algunas, un origen puramente partidista, y seguramente estaban ya escritas antes de conocer su contenido. Por ello no me interesan más que para lamentar una vez más la pobreza y la falta de rigor intelectual del debate político actual. Hay otras, en cambio, que vale la pena analizar.

¿Cuál es el origen de la desilusión, causada por la sensación de demasiada dispersión y poca concreción? Creo que responde a dos razones: el contraste entre realidad y expectativas, y la confusión sobre el significado de la sostenibilidad.

Empiezo por esta última. Un modelo de crecimiento puede etiquetarse de "sostenible" si asegura su continuidad a medio plazo en tres aspectos. Debe ser sostenible económicamente, es decir, garantizar trabajo y rentas a todos los miembros de la sociedad y, para ello, en un contexto de mercado libre y de globalización, debe tener unos niveles de eficiencia que permitan competir en el mercado internacional. Debe ser sostenible socialmente, es decir, asegurar una distribución equitativa de riqueza e ingresos entre los ciudadanos, eliminando injusticias y orientando los frutos del crecimiento hacia el bienestar y el desarrollo personal de todos. Y debe ser sostenible ecológicamente, es decir, hacer un uso de los recursos naturales que evite su agotamiento y haga posible su renovación y debe generar un volumen no excesivo de residuos para permitir su adecuado reciclaje, evitando así la degradación medioambiental y la deriva climática. Si alguno de estos tres aspectos se olvida, se producirá un empobrecimiento económico, una revolución social o una inestabilidad ecológica. En todo caso, no será sostenible.

La Generalitat debe impulsar un acuerdo estratégico sobre la eficiencia energética y la protección medioambiental

Hemos de ir eliminando el carácter unidimensional del término sostenibilidad, tan acertadamente inventado y defendido desde el ámbito ecológico, para entender que el objetivo es la "sostenibilidad global". Global en un doble sentido. Porque se refiere a las tres dimensiones indicadas y a los necesarios equilibrios entre ellas a fin de evitar que un énfasis excesivo en una ponga en peligro las otras. Y porque se plantea no en el ámbito de un país o una zona, sino del conjunto del planeta, ya que la movilidad de productos, personas e información ya no permiten soluciones aisladas que no sean extensibles al resto de países.

A partir de este convencimiento, no me ha sorprendido que en la Ley se consideren, como en un gran cajón de sastre, aspectos tan diversos como la reducción de la burocracia, la publicidad de los sueldos de los altos directivos, o la mejora de la eficiencia energética. Éstas, y tantas otras, son reformas necesarias y urgentes de nuestro modelo económico y social y, por ello, es lógico que se incluyan cuando se pretende mejorarlo.

Comparto, en cambio, la desilusión general por la realidad de la Ley en comparación con las expectativas creadas. De esta desilusión son responsables tanto la Ley como las expectativas. Es una ley tímida, ya que se han obviado voluntariamente algunas de las reformas estructurales urgentes del modelo económico (modernización de las relaciones laborales, cambios en la gestión y financiación de las universidades...), y se ha sido excesivamente prudente en el tratamiento de otras (limitación de sueldos de altos directivos, eliminación de desgravaciones fiscales a la compra de viviendas...). Podría ser un buen texto si se tratara de una primera entrega de una serie. Pero no responde ni a su título ni, menos aún, a las expectativas que el Gobierno ha generado durante los últimos meses, porque por ley no se cambia un modelo.

Escribo esto mientras en el Senado está debatiendo el papel de las comunidades en el desarrollo de la Ley. Pensando en la Generalitat, creo que, como ya se ha empezado a hacer, se debería tratar, más que de promulgar leyes, de impulsar pactos. Si se renueva y adapta el Pacto por la Competitividad y el Pacto por la Innovación, se complementa el Pacto por la Educación con algún otro similar relacionado con la ocupación, y se elabora consensuadamente un documento estratégico sobre la eficiencia energética y la protección medioambiental, se tendrían algunos de los instrumentos necesarios para orientar, en Cataluña, un crecimiento más sostenible.

Joan Majó es ingeniero y ex ministro.