El Congreso fuerza al Gobierno a subir la presión a Rabat por Haidar

Aminetu Haidar consiguió ayer con su protesta que el Pleno del Congreso aprobara una proposición no de ley de apoyo a la causa del pueblo saharaui y de dura crítica a Marruecos. Y, de paso, que se instara al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a un cambio de actitud. De "continuar ofreciendo a Haidar el estatuto de asilo", como proponía el PSOE en su texto inicial, a "solicitar a Marruecos" que restituya a la activista su pasaporte y "le permita el retorno inmediato", como se aprobó al final.

No hubo votos en contra -sólo la abstención del PP, que se quedó aislado sin apoyar la resolución- y sí coincidencia en la crítica a la falta de respeto de Marruecos a los derechos humanos. La actuación de Rabat con la activista, que mantiene desde hace un mes una huelga de hambre en el aeropuerto de Lanzarote, es "injusta y desproporcionada", según la portavoz del PSOE, Elena Valenciano.

IU, PP y CiU creen que el texto abre la puerta a la intervención del Rey

El Grupo Socialista, que puso en marcha la iniciativa para buscar una unanimidad que le blindara ante un posible desenlace fatal, se vio obligado a endurecer su propuesta inicial para lograr un acuerdo in extremis. Así, la proposición pactada con todos los grupos salvo el PP habla de que las "gestiones políticas y diplomáticas" se deberán "redoblar al máximo nivel".

La expresión "máximo nivel" es entendida por Gaspar Llamazares (IU) como una vía para la intervención del Rey. En cambio, según Valenciano el "máximo nivel" es el Gobierno, en ningún caso don Juan Carlos, al que no puede apelar una proposición no de ley. El portavoz del PP, Gustavo de Arístegui, y el de CiU, Jordi Xuclà, también creen que se abre la puerta a la participación del Rey en las gestiones. Por eso y porque no se aceptó un punto que censuraba la actuación del Gobierno por haber permitido la entrada de Haidar en España, el PP se abstuvo. Arístegui fue el único que criticó más al Gobierno que a Marruecos.

La proposición final también incluye una alusión para un estatuto definitivo para el Sáhara Occidental y sobre la convocatoria de un referéndum para el "libre ejercicio del derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación". La referencia a la autodeterminación no es nueva: ha sido reiteradamente aprobada en las Cortes. Pero ahora llega en plena tensión entre España y Marruecos por la situación de Haidar.

También incluye la petición de "ampliación del mandato de la Minurso [misión de la ONU en el Sáhara] para incluir la observación de la situación de los derechos humanos". Es decir, que se dé a Naciones Unidas la capacidad de defender los derechos humanos en el Sáhara. Marruecos no lo acepta.