La Ley de Dependencia se aplica mal en seis autonomías

Seis comunidades, más las ciudades de Ceuta y Melilla (dependientes del Gobierno) suspenden en la gestión y aplicación de la Ley de Dependencia que cada semestre evalúa la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Ninguna de ellas alcanza el 5 en una escala de 10. La media que se obtiene a partir de las calificaciones de todas ellas es un 5. A esa baja nota contribuyen los malos resultados de Canarias, la Comunidad Valenciana, Murcia y Madrid, seguidas de Baleares, que no sobrepasan el 3; Extremadura saca un 4. Las mejor situadas son Andalucía, Castilla-La Mancha, País Vasco, La Rioja, Castilla y León, Aragón y Navarra, todas con un notable, las tres primeras, un 8.

El Observatorio de la Dependencia de esta asociación, reunido ayer en Alcázar de San Juan (Ciudad Real) ha valorado, entre otros criterios, la agilidad al tramitar las solicitudes de los ciudadanos así como el número de personas dependientes que cuentan ya con una ayuda en relación a la población. Se ha tenido en cuenta también la aportación económica de las comunidades y la integración de la red local de servicios sociales.

Avances

La asociación considera que "hay avances significativos en la implantación del sistema de Dependencia, algo que se observa con claridad en varias comunidades, pero constata con preocupación que una tercera parte de los españoles viven en regiones donde hay falta de voluntad institucional para implantar esta ley".

Su presidente, José Manuel Ramírez, opina que el problema de financiación "no es tanto una cuestión del volumen total de recursos como de los criterios que usa el Gobierno para distribuir ese dinero entre las comunidades autónomas". Y lamenta que hay comunidades que no sólo no aportan lo que debieran por ley, sino que "podrían estar generando ingresos extras gracias a la financiación que reciben del Estado, como es el caso de Canarias".

Ramírez también se refirió al "limbo de la Dependencia" o lista de espera de ciudadanos que siendo beneficiarios de una ayuda aún no la perciben: unas 253.000 personas.